La expropiación del Cerro Coronel en el departamento de Iglesia, un pueblo sanjuanino de 9.000 habitantes, ha desatado una controversia que combina intereses privados, decisiones municipales polémicas y un beneficio a la empresa Minera Andina del Sol, antes Barrick Gold. La Municipalidad de Iglesia, conducida por el intendente Jorge Espejo, publicó en su Boletín Oficial la ordenanza de expropiación de 55 hectáreas, terreno en donde funciona una antena vital para las comunicaciones de la mina Veladero.
El proceso no solo ha dejado dudas sobre su legalidad, sino que también ha desencadenado un conflicto con los propietarios del lugar, quienes alegan una violación a sus derechos y denuncian que el Estado está actuando como facilitador de intereses privados.
El gobierno provincial, conducido por Marcelo Orrego, avala la medida y asumirá los costos de la expropiación gracias a un acuerdo firmado en septiembre entre el municipio y el Estado provincial, cubriendo una suma de 7,5 millones de pesos más los posibles gastos judiciales. Sin embargo, el daño patrimonial para los sanjuaninos podría ser de millones de dólares.
Además, el trabajo legal recaerá sobre los abogados del Ejecutivo Provincial, quienes asumirán la representación del municipio en los juicios. Al hecho, se suma que el abogado de Barrick Gold, Alberto Bloise, también forma parte del equipo de letrados de la Fiscalía de Estado. Esta doble representación es mencionada por la defensa como una colisión de intereses entre el Gobierno y la multinacional minera.
La usurpación de Barrick Gold
La controversia comenzó con una disputa legal entre Barrick Gold y los propietarios del terreno. En un fallo inicial, la Justicia condenó a la empresa a pagar una multa de casi un millón de dólares por la ocupación indebida del predio. Aunque la Sala I de la Cámara Civil revocó esa multa, ratificó que la antena estaba en un terreno privado, lo que habilitaba a los propietarios a desmantelarla. Ante el riesgo de perder este activo estratégico, Barrick Gold recurrió a la Corte provincial, que suspendió los efectos de la sentencia mientras se resuelve el conflicto de fondo.
Los ejecutivos de la minera sostienen que no pagan este planteo judicial porque se les vendría una catarata de juicios de «otros privados que tendrían también lesionados sus derechos en otras cosas y causas«. Sin embargo, la Municipalidad de Iglesia intervino con la expropiación antes de que la justicia emitiera un fallo definitivo, argumentando que el desmantelamiento de la antena perjudicaría la economía local.
La ordenanza alega una supuesta utilidad pública, señalando que la antena garantiza la comunicación para miles de trabajadores y proveedores locales de la minería. No obstante, propietarios y críticos del procedimiento sostienen que esta fundamentación carece de sustento técnico y legal, ya que no se han presentado informes, planos ni análisis que demuestren la necesidad imperiosa de la medida para el bienestar general.
Además, subrayan que la utilidad pública debe ser razonable y no puede usarse como pretexto para beneficiar a una empresa privada. Desde el sector público también argumentan que la medida se toma para garantizar las comunicaciones del departamento. Sin embargo, los propietarios de Cerro Coronel permiten sin costo y a perpetuidad el uso del lugar a instituciones como son la Red Provincial de Comunicaciones o Gendarmería, y reclaman que Barrick Gold se metió de prepo al lugar y nunca pagó un usufructo de uso del espacio.
Uno de los aspectos más controversiales del caso es el impacto sobre la cantera Checco, un emprendimiento minero de tercera categoría registrado a nombre de Irene Leda Leonardi de Paulucci, dueña del terreno. La cantera, ubicada en Cerro Coronel, posee reservas estimadas en 50 millones de toneladas de arena para fracking, un recurso altamente valioso utilizado en la extracción de petróleo en Vaca Muerta.
La expropiación del terreno pone en riesgo los contratos de venta de este material, exponiendo a su propietario a demandas judiciales por incumplimientos comerciales. Además, las reservas de la cantera podrían valer millones de dólares, lo que plantea un futuro juicio contra el Estado por indemnizaciones multimillonarias. Leonardi y sus abogados sostienen que el uso de la cantera no tiene relación alguna con la utilidad pública invocada por el municipio, lo que convierte la expropiación en un acto arbitrario.
Los propietarios del terreno han presentado un recurso de amparo argumentando que la expropiación es manifiestamente ilegal y arbitraria. También señalaron que desde octubre existe una denuncia penal en la Unidad Fiscal de Delitos Especiales contra funcionarios provinciales involucrados en el proceso. Entre las irregularidades destacadas, se cuestiona que la Municipalidad de Iglesia haya avanzado con la expropiación sin declarar previamente la utilidad pública de manera formal y sin consultar a las partes afectadas.
