Martina tenía un año y tres meses. Pertenecía a la comunidad wichi La Esperanza de Coronel Cornejo, en el departamento salteño de San Martín. Falleció el lunes pasado por un cuadro respiratorio y con bajo peso en el Hospital Juan Domingo Perón de Tartagal. Según datos del Ministerio de Salud Pública de Salta, fallecieron 45 niñas y niños en los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín en los primeros tres meses de este 2022. Se trata de sitios declarados en emergencia sociosanitaria, donde el Estado está obligado a tomar medidas. La inacción fue denunciada judicialmente, pero aún no hubo respuestas.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) –integrante del colectivo Infancia en Deuda- y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichi Misión La Loma presentaron hace tiempo un amparo por la falta de aplicación y reglamentación de la ley provincial N° 7856 de salud intercultural. El 19 de enero de este año, el Juez del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, concedió la medida cautelar solicitada. No hubo cambios desde entonces. “Es urgente que la Corte de Justicia de Salta garantice el acceso a la salud de niñas y niños indígenas”, alertó la organización a principios de este mes.
“La relación con la causa sobre la aplicación y reglamentación de la ley de salud intercultural que interpusimos desde ACIJ en favor de niñas y niños de comunidades originarias actualmente se encuentra en tramitación ante la Corte de Justicia de Salta. Y se encuentra vigente la medida cautelar que obliga al Estado a contratar facilitadores o facilitadoras interculturales en los hospitales de cabecera de los departamentos de emergencia y de Salta capital, y la puesta en marcha de albergues de tránsito para las familias que necesitan asistir a los hospitales. Desde el transcurso de la medida cautelar el Poder Ejecutivo de Salta no ha informado ninguna medida tomada para cumplir con la cautelar”, dijo a Tiempo Francisco Rodríguez, abogado y coordinador del programa Derechos Sociales de la Niñez de la ACIJ.
Martina, de un año y tres meses, pesaba 7 kilos y medio cuando falleció. Un mes y medio antes, pesaba 10 kilos. Su papá, de 19 años, contó a Salta/12 que dos semanas antes la beba había sido ingresada al hospital por un cuadro respiratorio. Se detectó, además, que tenía tuberculosis. Previamente, había estado en el Centro de Recuperación Nutricional de Tartagal por su bajo peso. El joven cuestionó que «recién se despertaron con lo que pasó» (la muerte de la beba), y el Estado prestó atención al grupo familiar, donde hay otros niños y niñas pequeñas.
Exactamente un mes antes de la muerte de Martina, el 22 de abril último, había fallecido un bebé prematuro de siete meses. También su mamá, de 28 años. Murieron en el Hospital de Tartagal, tras una cesárea de urgencia. La mujer, Josefa, pertenecía a la comunidad wichi Magdalena, en el municipio de Santa Victoria Este, departamento Rivadavia, uno de los que fue declarado en emergencia sociosanitaria.
Según las autoridades hospitalarias, la joven mamá «no quiso acceder» a una ecografía cuando fueron a buscarla, tras detectar que estaba anémica. La brecha entre el sistema de salud y la realidad de las comunidades originarias es una de las situaciones que la Ley 7856 apunta a cambiar. Su falta de implementación se traduce en vulneración de derechos. Y en más muertes.
“Persiste actualmente un contexto de discriminación histórica hacia estas poblaciones, que repercuten en obstáculos graves en el acceso al derecho a la salud. Por ello, este fallo es fundamental para mejorar las condiciones de acceso a la salud por parte de niños y niñas indígenas en estos territorios. La presencia de facilitadores y facilitadoras -es decir, de integrantes de las comunidades indígenas que formen parte del personal de salud-, tiene por objetivo acompañar y representar a los niños y niñas indígenas y sus familias y mejorar así las condiciones de acceso a la salud desde el paradigma de la interculturalidad”, planteó ACIJ en su reclamo.
Los casos de Martina y el bebé de Josefa no son aislados. Según los datos oficiales, consignados por ACIJ, al menos 7543 niñas y niños de entre 0 y 5 años se encuentran en estado de riesgo nutricional. En los territorios de emergencia fallecieron 108 niñas y niños en 2020 y 64 en los primeros seis meses de 2021.
