Víctimas y victimarios, en los archivos del Vaticano debe haber información sobre muchos casos emblemáticos del terrorismo de Estado durante la última dictadura. Entre la decena de sacerdotes argentinos procesados por delitos de lesa humanidad, hay casos que también podrían tener documentación relacionada dentro de la Santa Sede, como la Masacre de San Patricio, ocurrida durante la madrugada del 4 de julio de 1976, cuando fueron asesinados a tiros en la parroquia de San Patricio del barrio de Belgrano los sacerdotes palotinos Alfredo Leaden, Pedro Duffau y Alfredo Kelly y los seminaristas Salvador Barbeito y Emilio Barletti.
Entre 1976 y 1977, también fueron asesinados los obispos Enrique Angelelli, en La Rioja, y Carlos Ponce de León, de San Nicolás. Esos son algunos de los crímenes cometidos contra sacerdotes y laicos, que seguramente deben contar con un reporte oficial dentro de la Santa Sede, aunque la lista también incluye las sospechas de complicidad sobre otros curas, cuya participación en la desaparición de personas ya ha sido comprobada, como el caso, según recordó el CELS, del «capellán castrense Christian Von Wernich, condenado por su actuación en centros de detención pero sigue siendo sacerdote».
A ese nombre se suman figuras clave, de llegada directa al Vaticano y a la nunciatura en Buenos Aires como monseñor Victorio Bonamín, vicario castrense y jefe de los confesores militares, monseñor Antonio Plaza, arzobispo platense y capellán mayor de la policía bonaerense (visto por varios testigos junto a Ramón Camps en centros clandestinos de detención) y monseñor Adolfo Servando Tórtolo, hombre promovido por Plaza, luego arzobispo de Paraná, nombrado por el Papa vicario general de las fuerzas armadas en 1975 y dos veces presidente de la Conferencia Episcopal.
La cuarta pieza, y quizás la mas importante porque sigue vivo, es monseñor Emilio Teodoro Graselli, ex secretario privado de Tortolo. Según reveló este diario en 2014, los fiscales federales de San Martín, Miguel Blanco García Ordas y Hugo Bogetti, requirieron dentro de la megacausa de Campo de Mayo, que se lo cite a indagatoria por considerar que participó en delitos de lesa humanidad, vinculado a 140 hechos. Las sospechas de los funcionarios de la Procuración es que en lugar de ayudar a los familiares que buscaban a sus seres queridos, obtenía información de ellos y los «desorientaba dolosamente».
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