A pesar de que hoy en las calles (inundadas, por si faltaba algo) de Rosario aún no se perciben efectivos del Ejército, tras los crímenes por parte de sicarios días atrás y los anuncios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, el gobierno aprovechó el tema para instalar un viejo anhelo de la derecha nacional: modificar la Ley de Seguridad Interior.
El propio presidente, Javier Milei, anticipó este martes que el gobierno trabaja en una reforma de la norma para que las Fuerzas Armadas tengan facultades “adicionales” que hoy tienen vedadas en conflictos de seguridad interna.
“Estamos evaluando enviar una nueva ley de seguridad interior que les permita a las Fuerzas Armadas que puedan tomar algunas acciones adicionales”, informó el jefe de Estado ante el periodista Chiche Gelblubg en Crónica TV, sin dar mayores precisiones.
Solo mencionó que el tema fue eje de debate en la reunión de gabinete de este martes: “Luis Petri trajo la ley y ya la tenemos lista para mandarla, pero Patricia (Bullrich) estaba en el avión volviendo de Rosario y me pareció prudente tomar una decisión final cuando faltaba una de las partes”.
Y acotó que los integrantes de las tres fuerzas podrán tomar acciones “acorde a la calidad de los eventos que están ocurriendo. Ellos están preparados para hacerlo, pero está reglamentada la forma en la cual vos tomás acciones”.
Actualmente, el artículo 27 de la ley de Seguridad Interior autoriza el accionar de las Fuerzas Armadas ante el llamado del Comité de Crisis (con la de esta semana son once veces que actuaron en los últimos años), mediante “sus servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”. También se las autoriza a desplegar tareas de combate para reponer la paz en un caso excepcional como el estado de sitio hasta que se restaure la normalidad. Salvo estas excepciones, su rol está limitado a prestar colaboración logística y de coordinación.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo promueve el avance de la Ley Antiterrorista, no casualmente en grandes medios comenzó a utilizarse el concepto «narcoterrorismo». Sumado al nuevo protocolo anunciado este miércoles por Bullrich para las fuerzas de seguridad, tomando como modelo la Doctrina Chocobar, la política de seguridad interna del oficialismo pasará a centrarse en lo represivo con escenarios de militarización, acorde a los dictámenes norteamericanos, algo que especialistas remarcan que no ha funcionado en países de la región mucho más afectados por el narcotráfico, como Colombia y México.
Por otro lado, no se especifica los criterios para decidir dónde y cómo actuar, o por caso cómo decidir quién realizó un acto terrorista, a quien se le aplica dictámenes de justicia más acelerados y punitivos. Mientras tanto, Bullrich modificó días atrás toda la cúpula del Servicio Penitenciario Federal y dentro del propio Ejército no hay miradas unánimes para avanzar en seguridad interior.
El apoyo de Llaryora y Javkin
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, se mueve como un péndulo. En algún momento critica algo de la gestión de Milei, y luego sale a apoyar otras iniciativas polémicas. Esto sucedió con la Ley de Seguridad Interior.
“Lo que hace el narcotráfico es una prueba, si gana la batalla de Rosario, después va a ir por otras ciudades”, aseguró el mandatario provincial en diálogo con la prensa en la Cumbre 2024 de AmCham, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires. “Hoy la consigna es ‘Rosario somos todos’. Yo siempre dije que necesitamos sí o sí la intervención del Ejército. Si tenemos que cambiar normativas o leyes, el Ejército ya es una fuerza de la democracia y tiene que estar acompañando en la lucha contra el narcotráfico en este momento”, agregó.
“Acompañamos a (Maximiliano) Pullaro y equipo, sé que está dando una batalla tremenda. Hay que felicitar al gobierno nacional, los vemos a (Patricia) Bullrich y (Luis) Petri trabajando, y les decimos que las modificaciones que sean necesarios en materia legislativa, lo que haya que cambiar de orden interno para permitir que el Ejército pueda actuar, cuenten con Córdoba para apoyar. Apoyo la intervención del Ejército de manera activa. No quiero que Argentina sea tomada por el narcotráfico como pasó en otros países”, remarcó.
El intendente de Rosario, Pablo Javkin, también se pronunció en las últimas horas sobre la reciente llegada de Fuerzas Federales a la ciudad: “Hay que cambiar la Ley de Seguridad Interior”. Habló de otorgar un marco más amplio al apoyo logístico, incluso permitiendo intervenciones en la circulación, dada la complejidad de la situación actual.
Un problema que afrontan es la escasa cantidad de efectivos locales. Según afirmó el ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, cuando hicieron el relevamiento en las comisarías de Rosario, hace casi 4 años, el 75% tenían menos de 30 efectivos cada una.
A principios de mes el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, intentó una demostración de fuerzas cuando difundió a los medios una requisa al estilo del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con presos con el torso desnudo, sentados en el piso en fila india, rodeados de agentes penitenciarios con la cara tapada. La respuesta fue el crimen de cuatro personas en cinco días y más amenazas. La contestación del gobierno a ese escenario es el de avanzar con las leyes de Seguridad Interior y Antiterrorismo.
Para Saín, la actitud de Pullaro fue un agravante: “no pudo parar una sola balacera, un solo homicidio, una sola extorsión, un solo hecho violento, que dijo que lo iba a hacer de un momento para el otro y lo ocultó de una sobreactuación a lo ‘bukelito’ criollo. Estas son las consecuencias”.
En diálogo con AM 750 dijo que esta situación de violencia en aumento “no va a parar. Para tener una política de mano dura, tenés que tener un Estado muy cohesionado. Tenés que tener un sistema policial que maneje la situación interna de la institución y la calle. Y la calle la controlan, desde hace años, los criminales”.
“Vos desarrollás mediáticamente una sobreactuación fenomenal, como hizo Pullaro, reeconstruyendo un relato fabuloso -de fabular- y decís que los hechos criminales son contra el Estado porque dijo que se acabó la joda con el crimen, es mentira. Esto no le pasó a ninguna de las etapas del Gobierno peronista anterior. Nunca hubo cacerolazos. Nunca se cerró la ciudad de Rosario”, continuó.
Y agregó sobre el momento presente: “Es un Estado de sitio decretado por la gente. Hoy la ciudad está paralizada. Tiene que ver con un desmanejo de la seguridad pública. Y hay una interna policial. Pullaro nombró a la vieja guardia policial que lo acompañó a él como ministro. Y, la verdad, a los mandos superiores actuales, no les gusta que les pongan a nuevos oficiales a manejar las cajas”.
“Esa policía no genera un ordenamiento de la calle pero si sigue generando un flujo de dinero fenomenal y eso no se ha cortado. Santa Fe primero tiene que hacer una reforma de la policía y después mirar el Estado Federal”, concluyó.
Menos Estado social, más Estado represivo
Por el momento, ni el Ejecutivo provincial ni el nacional mencionaron políticas que apunten a lo social, sobre todo en territorio, donde hoy la batalla de un Estado (cada vez menos presente y menos robusto en servicios y asistencia) frente a grupos narco parece estar perdiéndose. Como alertó esta semana en un artículo publicado en Tiempo el docente y psicólogo rosarino, Eduardo Marostica, «los sicarios se convirtieron en los nuevos protagonistas de nuestra ciudad violenta».
Y acotó: «Tiempo atrás, una docente y amiga muy comprometida con la educación pública, me contaba espantada que un alumno le había contado en clase que quería ser sicario. Sacudida por esta declaración de un futuro deseado por ese adolescente, advirtió pronto que su escuela y el barrio entero estaban siendo cooptados por organizaciones narco criminales».
