A finales de enero de 2017, durante un acto formal en el Puerto de Buenos Aires, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, y el por entonces titular de la Administración Nacional de Aduanas, Juan José Gómez Centurión, anunciaron la entrega a sectores en situación de vulnerabilidad social de mercadería que estaba en contenedores y había sido incautada, y hasta precisaron que la prioridad serían las zonas de emergencias y luego las organizaciones de la sociedad civil. Casi dos años después, se trata de otra promesa incumplida del gobierno: una considerable pila de ropa y calzado proveniente de ese operativo, abandonada en uno de los pisos de la sede central del Pami, se deteriora lejos de la necesidad o la carencia de cualquier afiliado.

El descubrimiento fue casual y la indignación, inmediata. Un conflicto gremial en el edificio de Corrientes 665, originado por dos despidos, derivó en una medida de fuerza. Y durante una «volanteada» por todos los pisos, se llegó al octavo, donde hay una especie de gran desván. En el suelo, una pila de cajas y bolsas de consorcio con ropa y calzado bloqueaba el paso.

«Era mercadería de los contenedores que habían salido de China en 2015 y que fueron secuestrados por Gómez Centurión. Hicieron la fantochada de dársela al Pami para que lo movilicen hacía un lugar donde realmente se necesitara, pero averiguamos que desde principios de año la ropa está tirada en el piso», se queja uno de los empleados que se topó con el hallazgo y pide mantener su nombre en reserva.

En enero de 2017, el gobierno, a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia, había ordenado que los contenedores «incautados o sin reclamar» en la Aduana se transfirieran a Desarrollo Social, para que ese ministerio pudiera disponer de la mercadería «en forma directa, previa verificación, clasificación arancelaria y valoración de oficio».

«De acuerdo a cómo se clasifique, se entregará con un criterio de emergencia por catástrofes naturales que se produzcan en distintos lugares del país y para distintas organizaciones civiles o personas de bajos recursos que la necesiten», explicó –garantizó– la ministra Stanley.

Uno de esos contenedores fue asignado al Pami, que a su vez lo haría llegar a los damnificados por las inundaciones en Tucumán. Sin embargo, la mercadería tuvo otro primer destino: el depósito de la calle Iguazú 649, en Parque Patricios.

Una vez que la mercadería llegó al edificio de la Avenida Corrientes quedó bajo la tutela de la Secretaría de Promoción Social, a cargo de Ricardo De los Santos, mano derecha del titular del organismo, Sergio Cassinotti.

«Hace muy poco –concluye el empleado de Pami– volvimos a tener inundaciones en todo el Conurbano, pero la ropa no salió a ningún lado, nada se donó a los centros de jubilados. La desidia de los funcionarios es absoluta.» «

La causa, a juicio oral

El caso se conoció como la “Mafia de los Contenedores” y consistía en ingresar containers provenientes de China para luego alterar la documentación de su contenido y así pagar menos aranceles. La maniobra salió a la luz por escuchas telefónicas. En agosto en 2016, el juez Marcelo Aguinsky elevó la causa a juicio.
En su resolución, el magistrado aseguró que se estaba ante una asociación ilícita integrada, entre otros, por Oldemar Barreiro Laborda (ex dueño de la firma Lo Jack), Claudio Minnicelli (cuñado del ex ministro Julio De Vido), el ex directivo de la Aduana, Edgardo Rodolfo Paolucci, y Federico Tiscornia Salort. En el caso también fue procesado el ciudadano coreano Sung Ku Hwang, conocido como “Mister Korea”, un eslabón clave de la organización, que estuvo seis meses prófugo. El 14 de marzo de 2019 comenzará el juicio oral.