Con algunas concesiones, el gobierno nacional logró la aprobación de uno de los capítulos más polémicos de la Ley Bases: la creación del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), un caballito de batalla del presidente Javier Milei. La votación en lo general fue de 38 votos a favor contra 32 en contra. El oficialismo contó con el apoyo de los peronistas Guillermo Andrada (Catamarca); Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán).

El jefe de gabinete, Guillermo Francos, vio los frutos en las negociaciones en sus meses de ministro del Interior con los gobernadores Osvaldo Jaldo de Tucumán, el catamarqueño Raúl Jalil y el salteño Gustavo Sáenz. En esos diálogos permanentes hubo muchas promesas de inversiones a los sectores agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología.

De hecho en la mañana del miércoles, en declaraciones radiales, el funcionario destacó: “Hay varios gobernadores que han trabajado en esto más allá de su signo político. Todos los de Juntos por el Cambio han apoyado el proyecto”.

Francos anticipó que como eventual fecha del Pacto de Mayo se baraja el 9 de julio en Tucumán. “Independencia es sinónimo de libertad. Y sería en Tucumán porque hemos trabajado codo a codo con el gobernador (Jaldo), quien a pesar de ser de un signo político opositor entendió el momento político de la Argentina”, destacó.

Qué es el RIGI

El RIGI tan criticado por los opositores es un componente de la Ley Bases pensado para atraer grandes capitales extranjeros. Es un esquema de flexibilización impositiva, aduanera y cambiaria que busca incentivar que las compañías inviertan más de US$ 200.000.000 en la Argentina con una estabilidad fiscal a 30 años.

En términos concretos, los proyectos acogidos al RIGI pueden recibir exenciones o reducciones impositivas y facilidades administrativas para la aprobación y puesta en marcha de proyectos.

En ese sentido, el artículo 164 establece que los objetivos del RIGI son incentivar las “grandes inversiones” nacionales y extranjeras en la Argentina a fin de garantizar la prosperidad del país, “promover el desarrollo económico, fortalecer la competitividad de los diversos sectores”, “incrementar las exportaciones de mercaderías y servicios al exterior comprendidas en las actividades desarrolladas en el RIGI”.

Asimismo, establece que el RIGI será de aplicación en todo el territorio nacional, estará sujeto a las normas municipales y provinciales, por lo que el texto del proyecto de ley sostiene que “sin perjuicio del ejercicio legítimo de las jurisdicciones y competencias locales, cualquier norma o vía de hecho por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido por parte de Nación como las provincias, y por sus municipios y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que hubieran adherido al RIGI, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia competente deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.

Cuestionamientos antes y después de la aprobación

Desde Unión por la Patria y parte del radicalismo durante el debate del proyecto en el recinto cuestionaron la propuesta por la posible competencia desleal contra la industria local que permitirían muchas importaciones sin aranceles incluidas en el RIGI.

De hecho, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner advirtió en su discurso de mayo que el RIGI llevará a la explotación de los recursos naturales argentinos a manos de empresas extranjeras, generando «una economía extractivista sin valor agregado» e instaurando un «colonialismo, versión del siglo XXI». “Condenará una vez más a los argentinos al desempleo, que ya se empieza a ver y se profundizará», agregó.

Es por esa razón que se votó en la madrugada entre el martes y el miércoles la inclusión de al menos un 20% de su inversión en proveedores locales, “siempre y cuando se encuentre disponible y en condiciones de mercado en cuanto a precio y calidad”.

Asimismo, se modifica el artículo 175 y se propone “morigerar el procedimiento de aprobación de un VPU para evitar que, por cuestiones de estricto rigorismo formal, se rechacen proyectos o la Administración incumpla plazos de por sí, muy exiguos”.

Además, se incorporó en la redacción que se limita solo a inversiones en agroforestal, infraestructura, minería, energía y tecnología, eliminando la aplicación general a “cualquier sector”.