A primera hora de este lunes se conoció el DNU 38/2025 mediante el cual el gobierno oficializó el anuncio realizado por Luis Caputo la semana anterior. Allí dispone la baja de retenciones para, entre otros, los productores de soja, trigo y maíz hasta el 30 de junio y la eliminación definitiva del gravamen para las exportaciones de las economías regionales.
Con su publicación en Boletín Oficial la normativa comenzó a regir esta semana. El texto está firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el Jefe de Gabinete Guillermo Francos.
La letra de la norma determina la eliminación de los derechos de exportación para unos 700 productos provenientes de las denominadas economías regionales que detalla en su Anexo 1 y establece nuevas alícuotas para unos 90 productos de exportación en todo el país detallados en su anexo 2 entre los que se destacan la soja a granel que pasará a pagar impuestos por un 26% y sus derivados que, en general, estarán alcanzados por una retención del 24,5%. El trigo hasta junio pagará un 9,5% de tributo y el maíz, con excepciones, también quedará alcanzado a partir de ahora por un 9,5% de impuesto.
La raíz de la baja de retenciones
A la hora de fundamentar la decisión, la norma destaca “la necesidad de crear condiciones favorables para la producción y el comercio exterior, con el objetivo de fortalecer la estabilidad macroeconómica y potenciar el desarrollo del sector productivo nacional”. A la vez adelanta el propósito de lograr “un incremento de las exportaciones agroindustriales que hoy representan más del sesenta por ciento (60 %) del total exportado por el país y que en el año 2024 han mostrado una performance positiva con un crecimiento en valor superior al veinticinco por ciento (25 %) respecto del año anterior.
Lejos de atribuir la medida a la necesidad de acumular reservas para afrontar pagos de deuda y dar respaldo a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional por un nuevo programa que se desarrollan por estas horas, el texto de la norma destaca los “efectos climáticos adversos” que, “sumado a la baja de sus precios internacionales” afectan “el rendimiento de los cultivos agrícolas”.
Efectivamente el precio de la tonelada de soja en Chicago se encuentra hoy en alrededor de U$S 380 cuando un año atrás rozaba los U$S 450 y rondaba los US$ 500 en septiembre de 2023.
Por eso, la norma, propone “promover el incremento en las ventas a mercados externos y mejorar el nivel de ingresos de los productores” sobre la base de “dotar de una mayor competitividad a uno de los sectores productivos más relevantes del país”.
Impacto fiscal y rentabilidad
La normativa según un estudio de la consultora especializada CEPEC implicará una caída de la recaudación fiscal de unos U$S 800 millones a la vez que implica una mejora de U$S 28 por tonelada de soja y de U$S 9 para la tonelada de maíz. Para los productores de soja, según la misma fuente, se trata de un incremento de sus ganancias equivalente a U$S 100 por hectárea cultivada.
Oferta de temporada
La prueba que muestra la verdadera motivación del gobierno y su afán por promover liquidaciones de cereales retenidas a la espera de una virtual devaluación está dado por el carácter temporal de la quita del impuesto a los principales productos de exportación (hasta el 30 de junio) y la normativa restrictiva en lo que hace a la toma de decisión para la adhesión del beneficio. La norma establece que los beneficiarios serán aquellos que “liquiden al menos el noventa y cinco por ciento (95%) de las divisas respecto de esas mercaderías en un plazo comprendido entre la entrada en vigencia de la presente medida y hasta quince (15) días hábiles de efectuada la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE)”.
Estimaciones privadas indican que el gobierno apunta a promover la liquidación más o menos inmediata de unos U$S 5 mil millones en cereales y granos retenidos de la campaña anterior que productores y exportadores mantienen retenidos a la espera de una eventual devaluación.
Devaluación encubierta
La medida, al igual que las distintas variantes de dólar soja que estableció el gobierno de Alberto Fernández por decisión del entonces ministro de Economía Sergio Massa implica, en los hechos, una devaluación sectorial encubierta en tanto mejora los términos de intercambio de los productores con el exterior.
En este caso, sin embargo, será a expensas de la recaudación fiscal cuando, en las variantes anteriores, el costo recaía en las arcas del BCRA que, durante el período de vigencia, se veía obligado a comprar dólares del campo a una cotización superior a la que luego vendía, por ejemplo, a los importadores. Se trata de dos alternativas diferentes para establecer lo que se denomina tipos de cambio diferenciados.
La incógnita que todavía queda develar es si, como compensación por esta medida, el gobierno defina en los próximos días la eliminación del denominado “dólar blend”. Se trata del nombre coloquial que se le dio en el mercado al mecanismo vigente mediante el cual los productores agrícolas pueden liquidar hasta el 20% de su producción a través del dólar CCL. Esa medida también implica una mejora del tipo de cambio sectorial que, hoy, con una brecha del 9,5% ente el oficial y la cotización de ese dólar financiero, implica una mejora de alrededor del 2% en el total de sus operaciones.
Su supresión es uno de los reclamos del directorio del FMI que también exige a la plena unificación del mercado de cambios algo que, el presidente Javier Milei, adelantó el viernes que buscará consagrar durante el transcurso del año.
