El partido no era importante, pero todos sabían que el estadio se iba a llenar. No había puntos en juego pero sí un espectáculo garantizado. Era fútbol, después de todo.

El joven que protagonizó el hecho (cuya identidad se preservará para protegerlo) fue a la cancha (uno de los principales estadios porteños) pero no precisamente a ver el partido. Como había hecho tantas veces antes, fue a acomodar coches en las inmediaciones del estadio. Para ganar unos pesos y ayudar a su familia. Pero terminó detenido.

Un agente del espacio público se le acercó junto con policías de la Ciudad y le labró un acta en la que dio cuenta de la «contravención de cuidar coches» e incluyó como testimonio del hecho la declaración de los policías, según consta en el expediente al que accedió Tiempo Argentino. Le ordenaron que se retirara de la zona. Fue el primer aviso.

Un rato más tarde, la policía volvió a lugar en el que antes estaba trabajando como «trapito» el joven apercibido y lo volvió a encontrar allí. Otra vez estaba pidiéndoles propina a aquellos a los que ayudaba a estacionar sus autos. Estaba «haciendo ademanes a los automovilistas que circulaban por la zona para que estacionaran solicitando una retribución por ello», dice el expediente.  

En la segunda vez no hubo medias tintas: la policía lo detuvo y le abrió un expediente por el delito de desobediencia.

La fórmula se repite: la policía tiene la orden de «limpiar las calles» y la ejecuta a través de figuras como desobediencia, atentado y resistencia a la autoridad. Son parte de los delitos que comenzaron a ser traspasados a la Justicia porteña a partir de 2018, y que desde entonces registran un crecimiento constante en los despachos judiciales. 

«Los policías se convirtieron en legisladores que le dicen a la gente dónde puede estar y dónde no, ya no es el juez quien decide», sostiene una fuente de la Justicia de la Ciudad que interviene en distintos casos similares al relatado en el comienzo de esta nota.

Esta semana la Legislatura Porteña avanzó hacia la consolidación de su modelo de administrar «la calle» con la aprobación de modificaciones al Código Procesal Penal de la Ciudad que fue objetado por la oposición a Horacio Rodríguez Larreta porque, entre otros aspectos, incorpora la figura del «agente encubierto o agente revelador», limita el derecho a la defensa y otorga mayor discrecionalidad a los jueces.

«Este proyecto habilita a la Policía de la Ciudad al armado de causas, ya que bajo el ropaje de los nuevos agentes podrán realizar detenciones arbitrarias y recolectar pruebas plantadas previamente», advirtieron los legisladores porteños Myiriam Bregman y Patricio Del Corro.

«El Código permitiría que un vecino acusado de una simple contravención llegue a encontrarse hasta 96 horas privado de su libertad, aun cuando finalmente se concluya que era inocente de la acusación», advirtió el bloque peronista en sus observaciones a la iniciativa.

Un protocolo rígido

Aun sin la aprobación del nuevo Código, el sistema penal y contravencional porteño venía desarrollando una impronta punitivista a través del abuso de la figura de resistencia a la autoridad. En ese marco se inscribe la reciente detención del dirigente de la CTEP Juan Grabois junto a dos vendedores ambulantes de nacionalidad senegalesa, pero también el «trapito» del caso relatado al inicio de esta nota.

Una vez que el policía lleva a cabo las detenciones de los acusados de resistirse a la autoridad tiene que avisar al fiscal de turno y cuenta con 24 horas para que sea sometido al procedimiento de «intimación del hecho», que es como una indagatoria. Tras ese lapso pueden pasar dos cosas: que el imputado quede en libertad o que se decida su arresto preventivo si es que no puede demostrar arraigo a través de la presentación, por ejemplo, de un domicilio.

«Una persona que vive en la calle y trabaja de manera informal acomodando autos puede quedar detenida hasta el juicio por falta de arraigo por no tener empleo ni hogar», explicó una fuente consultada por Tiempo, aunque aclaró que la mayoría de esos casos son archivados.

El defensor adjunto de la Ciudad y titular del Programa Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa, Luis Duacastella, sostuvo en diálogo con este diario que la figura de la desobediencia o la resistencia a la autoridad «es utilizada por la policía para justificar su accionar violento» y que se aplica, en general, sobre los trabajadores del espacio público.

Un relevamiento del Programa Contra la Violencia Institucional realizado entre el 1 de marzo y el 31 de mayo determinó que de 146 casos en los que se denunció violencia institucional en la Ciudad de Buenos Aires, el 70% estuvieron vinculados a detenciones por «resistencia a la autoridad».

El mismo informe, que corresponde al análisis del primer trimestre transcurrido desde que la persecución de los delitos de atentado y resistencia a la autoridad se traspasó a la Ciudad de Buenos Aires, determinó que el 97% de los casos corresponde a «personas que no cuentan con un empleo formal». El informe del segundo trimestre está por ser presentado y tendría números similares a los del primero. 

Las personas que son objeto de aplicación de estos procedimientos son por lo general cuidacoches, trabajadoras sexuales, familias en situación de calle y vendedores de la vía pública que durante los procedimientos y las detenciones pierden sus mercaderías e incluso sus objetos personales. A veces, muchas veces, también reciben golpes. Así es como llegan a denunciar la violencia institucional.

«Que haya un 70% de detenidos por resistencia a la autoridad habla de una sobreutilización de una figura que no debería encabezar las estadísticas», afirma Duacastella.

Fuentes judiciales estimaron que la figura de resistencia a la autoridad se utiliza para abrir unas 2000 causas por año en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires de las cuales prosperan cerca de 400. En la mayoría de los casos, aseguran las fuentes, la policía cumple con su objetivo de alejar a los apuntados de la zona en la que fueron detenidos. Por eso lo califican como una «limpieza».

Zonas geográficas

Del informe estadístico del Programa contra la Violencia Institucional surge además que la mayoría de los casos denunciados, un 65%, ocurrieron en las zonas sur y este de la Ciudad mientras que el 35% restante se produjo en las zonas norte y oeste.

Entre los números destacados también puede leerse que las comisarías que acumulan la mayor cantidad de denuncias por violencia institucional son la 50, del barrio porteño de Flores, y la 16 de Constitución. En esas zonas se concentra la mayor cantidad de vendedores de la vía pública.

En la Justicia porteña aseguran que también podría configurarse un mapa de acuerdo al tipo causas que predomina en cada barrio de la Ciudad. «En la zona norte abunda la persecución a los trapitos, en los barrios del sur a los vendedores ambulantes y en el centro de la Ciudad las vinculadas con la protesta social», explicó la fuente.

De los casos registrados por el Programa contra la Violencia Institucional, el 68% corresponde a personas de nacionalidad argentina, pero del análisis de los casos extranjeros surge un dato elocuente: la mayoría son senegaleses aun cuando Senegal no es el país que mayor cantidad de inmigrantes aporta a la Argentina ni el que aporta mayor cantidad de trabajadores informales. «Esto prueba que hay una selectividad», remarcó Duacastella. «