A casi una semana de la represión que protagonizaron la Policía de la Ciudad y las fuerzas federales que conduce la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, organizaciones sociales, políticas y gremiales, se concentraron en Plaza de Mayo para acompañar el reclamo de justicia de los familiares de las 16 personas que aún permanecen detenidas por haber protestado en contra de la Ley Bases el pasado miércoles 12 de junio.
Pese a que unas horas antes el vocero presidencial, Manuel Adorni, había asegurado que el operativo de seguridad iba a ser “normal”, las fuerzas de seguridad desplegaron un exagerado vallado en medio de la plaza. “No habrá más que el operativo habitual. Si te referís a si va a haber algo, en particular, claramente no, como no ocurre en ninguna manifestación”, respondió el funcionario ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas en conferencia de prensa en Casa Rosada. En los hechos, el gobierno hizo otra cosa.
Frente a la altura del Cabildo, las organizaciones montaron un escenario en donde desfilaron los familiares tanto de los liberados como de quienes siguen presos. En el lugar también estaban presentes los 17 manifestantes que fueron liberados por la jueza federal María Servini el viernes por la noche.
“Le imputan daños, intimidación pública, incitación a la violencia, delitos contra los poderes públicos, atentado y resistencia a la autoridad, perturbación del orden en sesiones del ámbito legislativo. Todas estas imputaciones tienen una pena de 9 años a cadena perpetua. Estamos pidiendo la excarcelación, pero después se viene un proceso súper largo. Necesitamos tener a mi hermana en casa. Que pueda continuar con su vida”, dijo a Tiempo Grisel, la hermana de Sasha Lyardet, presa en el Penal de Ezeiza.
Primero, varios familiares leyeron un documento colectivo. “La mayoría de las detenciones se produjo a más de 10 cuadras de Plaza Congreso, en un momento en que las personas estaban desconcentrado, luego de recibir una andada de gases lacrimógenos y balas de goma por parte de las fuerzas federales y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las personas privadas de su libertad han recibido durante su detención malos tratos”, esgrimieron.
“Repudiamos firmemente y exigimos el cese de la criminalización de las organizaciones políticas, sociales y sindicales que por haber participado de dicha movilización para el Poder Ejecutivo se convierten en terroristas que actuaron en un intento de golpe de estado, imputaciones totalmente absurdas e infundadas”, insistieron.
En otro tramo, se señaló que “durante el desarrollo de la manifestación del 12 de junio las fuerzas de seguridad no solo reprimieron a columnas de manifestantes que estaban ejerciendo su derecho constitucional a la protesta, sino también a diputados nacionales, algunos de los cuales fueron heridos por el accionar de las fuerzas estatales”.
“Reclamamos el inmediato cese de esta campaña persecutoria contra quienes se oponen a la política del gobierno de Milei y el respeto irrestricto a los derechos y las garantías vigentes”, concluyeron.
Denuncia contra Bullrich
Poco antes de la concentración en Plaza de Mayo, diputados del kirchnerismo denunciaron penalmente a Bullrich; al secretario de Seguridad, Vicente Barreiro; y al prefecto nacional a cargo de Prefectura Naval Argentina, Guillermo Giménez Pérez, por sus responsabilidades en la represión de la semana pasada. La presentación fue en Comodoro Py y la causa cayó en manos del juez federal Ariel Lijo.
En conferencia de prensa, el diputado nacional Leopoldo Moreau expresó: “Hoy en la Argentina hay presos políticos. Además, lo que supimos es que el Servicio Penitenciario torturó a los detenidos y les preguntaba sobre filiación política. Qué casualidad que ahora que el Servicio Penitenciario está bajo el mando de Bullrich preguntan sobre filiación política. Si lo logramos comprobar también lo vamos a denunciar”.
Además de Moreau, la denuncia fue presentada por los diputados Carlos Castagnetto, Carolina Yutrovic, Eduardo Valdes, Juan Manuel Pedrini, Luis Basterra, Lorena García, Andrea Freites, Gabriela Pedrali, Ernesto Nader y Gustavo Fernández Patri.
«Necesitan que no haya reclamos en la calle»
En diálogo con Tiempo, la diputada Myriam Bregman indicó que “ahora la jueza va a tener que decidir si sigue escuchando el armado que hicieron Stornelli y Bullrich o escucha la enorme solidaridad internacional y nacional que se está dando como nunca antes se vio reclamando la libertad de los detenidos».
“Todos los sectores -subrayó la legisladora- que se están manifestando por la libertad, desde artistas internacionales, hasta sectores de la iglesia, todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, nosotros desde la izquierda, todo esto encabezado por Estela de Carlotto, Taty Almeida, Adolfo Pérez Esquivel, representa una unidad que es histórica”.
“Cuando cercenan el derecho a protestar, a expresarse, es para continuar con el ajuste, no es casualidad. Es para continuar bajando los salarios, recortando las jubilaciones, por eso necesitan que no haya reclamos en la calle. Cuando la Ley bases se empiece a aplicar lamentablemente lo vamos a sentir todos”, completó.
