Una brutal represión tuvo lugar en el pabellón de diversidad de la cárcel de Sierra Chica. Los hechos ocurrieron el lunes 14 de abril, alrededor de la 4:30 de la madrugada, cuando los agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) ingresaron al pabellón de diversidad de la Unidad Penal 2 de Sierra Chica y arrastraron a más de 40 personas detenidas, semidesnudas, hacia las celdas de aislamiento. Muchas de ellas sufrieron golpes y otras humillaciones por parte de los uniformados.

Interviene el Juzgado de Ejecución N° 2 de Azul, con asiento en General Alvear, a cargo de la jueza Adriana Bianco, quien ordenó medidas de prueba y una audiencia que tuvo lugar este lunes. En la misma, las víctimas -unas 15, por el momento, prestaron declaración- comenzaron a declarar sobre los terribles y degradantes hechos que sufrieron.

Represión penitenciaria

En este marco, Tiempo mantuvo un diálogo con Roberto Cipriano García, abogado y secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM): «Les quitaron sus teléfonos para que no puedan avisar a sus familiares y abogados defensores. En la mazmorra, fueron sometidas a hambre y frío durante varios días. Además, no les entregaron la medicación a quienes realizan diferentes tratamientos médicos, por lo cual fueron interrumpidos».

Cipriano continuó asegurando: «Algunas personas todavía siguen en aislamiento y la referente del pabellón, que llevaba quince años en ese penal, fue trasladada a otra cárcel. Nosotros denunciamos estos terribles hechos y presentamos un habeas corpus colectivo, solicitando el cese de la violencia contra el colectivo LGTB alojado en ese penal bonaerense».

Pidieron también «que sean sacadas del aislamiento de manera urgente y que sean realojadas en el pabellón de diversidad como corresponde. Pero allí aplicaron una sanción disciplinaria colectiva a todos sus integrantes, lo que está expresamente prohibido».

«Más allá de que varias detenidas fueron restituidas a su pabellón de origen, todas continúan ‘engomadas’; es decir, encerradas en sus celdas durante 24 horas. Esperamos que la justicia actúe con celeridad», reclamó el secretario ejecutivo.

Aislamiento extremo como castigo

Un día después del traslado hacia el pabellón de aislamiento, las autoridades penitenciarias permitieron que ingresen prendas de vestir a los «buzones», como se conoce al aislamiento en solitario. «Estaban incomunicadas y en encierro extremo. Permanecieron entre tres y cuatro días, hasta que algunas de ellas fueron reintegradas al pabellón de diversidad», detalló el letrado.

Sin embargo, «tenemos información de al menos seis personas que resultaron víctimas y continúan aisladas en el pabellón de castigo, desde el día que sucedieron los hechos», señaló el abogado.

El letrado continuó denunciando: «Durante el tiempo que permanecieron en los buzones no recibieron medicación y tampoco pudieron comunicarse con sus familias y defensores. Todo esto produjo un gran sufrimiento en los entornos afectivos de las personas allí cautivas».

Violencia institucional

Cabe destacar que varias de las personas que estaban alojadas en el pabellón de diversidad fueron trasladadas a unidades penitenciarias lejanas; entre ellas, la referente del pabellón, como método para intimidar al resto. La sacaron «capeada»; es decir, sin sus pertenencias, «semi desnuda, bajo la lluvia, la arrastraron en el barro y le pegaron hasta subirla al camión«, reconstruyó el abogado.

García concluyó. «Las personas que fueron reintegradas al pabellón de diversidad -luego de pasar varios días en los buzones y de haber sufrido violencia institucional- nunca fueron notificadas del motivo ni la razón de la sanción colectiva impuesta por los penitenciarios». 

El habeas corpus colectivo presentado por la CPM fue presentado ante el Juzgado de Ejecución N° 2 de la ciudad de Azul, con asiento en General Alvear, a cargo de la jueza Adriana Bianco. La magistrada ordenó medidas de prueba y este lunes dio inicio a la audiencia en la que comenzaron a declarar las víctimas de tan aberrantes hechos.