Ocho meses después de la implementación de la ley de reparación histórica de los jubilados, no existen datos concretos sobre los alcances de la medida en términos de miembros de la clase pasiva que han sido beneficiados por el reajuste de haberes. Y, además, los juicios de los jubilados para lograr un reajuste correcto son mayores que en cualquier otra época. La ley de reparación histórica a los jubilados declaraba en su segundo artículo la «emergencia en materia de litigiosidad previsional».

Según el defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, «no existe un balance oficial sobre la marcha de la ley de reparación histórica. Nos movemos según lo que digan los funcionarios, y cada cual dice lo que le parece en cada momento.»

El funcionario señaló que no hay conocimiento de qué ha sucedido con los 2,2 millones de jubilados a los que la ley impactaba.

Además, aclaró que de los 900 mil casos de jubilados que dieron su aval para participar de los alcances de la ley, «cerca de 300 mil no firmaron su conformidad. No sabemos por qué no lo hicieron. A esos casos, se les pagó directamente.»

Para Beatriz Weidgans, prosecretaria de la Asociación de Abogados Previsionalistas y experta en el tema, «la ley de reparación histórica se está aplicando con lentitud, lo cual no sorprende por la magnitud de jubilados involucrados», señaló. No obstante, señaló que «los jubilados están contentos, porque es la primera vez que se hace algo por ellos en todo este tiempo.»

La falta de datos oficiales hace que se sobrevalore la información que entrega en cuentagotas la Anses, por intermedio de su titular, Emilio Basavilbaso. Este funcionario señaló a fines de abril pasado que en algún momento de mayo sumarían «un millón» los jubilados que habrían adoptado la norma de la reparación histórica y, por lo tanto, habrían recibido el reajuste de sus haberes según esa norma.

Basavilvaso dijo en esa oportunidad: «A partir de ahora los reajustes van a ser mayores porque hasta ahora priorizamos por edad y a los jubilados de la mínima». Para Weidgans, ha habido una aceptación de la reparación histórica por parte de jubilados de avanzada edad y cuya situación de salud o económica lo llevaba a apurar ese trámite. En cambio, destacó que entre jubilados más jóvenes y con sentencia favorable en tribunales, apenas el 3% se inclinó por ingresar a la ley.

Llama la atención que la litigiosidad previsional sigue pujante frente a una ley que buscaba eliminarla. Según dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su última presentación en Diputados, el stock de juicios previsionales sumaba 443.406 juicios a fines del año pasado y en los últimos tres meses del año pasado se habían acumulado más procesos que en el mismo período de 2015. Semino, el defensor del Pueblo, cree que la litigiosidad se da ahora porque la jubilación que calcula la Anses está «achatada» porque no toma en cuenta las cifras no remunerativas que se incluyeron en forma masiva en los salarios en los últimos 10 años. «Los juicios van a continuar hasta que no se logre una solución definitiva al problema jubilatorio», concluyó. «

La apelación por Ganancias despierta dudas

La decisión de la Anses de apelar el fallo que exime a los jubilados del pago del Impuesto a las Ganancias generó dudas entre los especialistas previsionales. Es que existía la idea de que el organismo previsional no realizaría nuevas apelaciones a la Corte Suprema. Pero a la luz de la decisión se clarificó que esto solo se aplicaría siempre y cuando el máximo tribunal no hubiera tomado posición sobre el tema en cuestión.

«La Anses no apela más los fallos de Cámara sobre causas basadas en fallos en los que la Corte Suprema ya dio su posición», explicó a Tiempo un abogado especializado en el tema. Es el caso de las causas que inician jubilados basados en los fallos de la Corte conocidos como Badaro y Elliff. Pero si se da una sentencia de primera instancia o segunda (Cámara) de un tema sobre el cual la Corte Suprema no se ha expedido, la Anses apelará hasta las más altas instancias. Es lo que sucede con el fallo de primera instancia de Ganancias. «Pero también podría pasar con una sentencia por una discapacidad sobre la cual la Corte SUprema nunca se hubiera expedido», dijo la fuente.

Según el titular de la Anses, Emilio Basavilbaso, al Estado le costará unos 7000 millones de pesos la eximición de los jubilados del pago de Ganancias, quien justificó la apelación en «lo que dice la ley». Para la especialista Beatriz Weigand, «los abogados del Estado están obligados a apelar en fallos desfavorables primera instancia».

Para la Anses, «el fallo dictado por la Sala II de la Cámara Federal de la Seguridad Social (CABA) resulta aislado y va en contraposición a cuanto ya ha resuelto la Corte Suprema sobre la materia».

Reclamo de abogados que no cobran

La aplicación de la ley de Reparación Histórica de los jubilados tiene un costado insólito. Días atrás, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Cpacf) intimó a la Anses a «regularizar el pago de honorarios» a letrados que asisten a adherentes a esa norma.

En una carta documento, la entidad recordó el convenio firmado con la Anses el 6 de octubre pasado, por el cual se previó la creación de un listado de abogados para que intervengan en esos acuerdos de actualización de haberes.

En la misiva, el Colegio emplazó a la Anses a que en el plazo de diez días abone los honorarios adeudados y los intereses calculados desde la fecha de homologación de los respectivos acuerdos.

La entidad reclamó, además, que se actualice el monto de 1141,60 pesos, prefijado en concepto de gastos y honorarios para los abogados que intervienen en cada uno de esos acuerdos.