La provincia de Santa Fe avanza en un proceso de reforma constitucional que podría significar una oportunidad histórica para el sector rural y el movimiento cooperativo. La Ley 14.384, que declara la necesidad de la reforma, establece los artículos específicos que podrán ser modificados, con énfasis en temas tributarios, educación, trabajo, derecho al agua, ciencia e innovación y servicios públicos.
En diciembre la Legislatura provincial aprobó la necesidad de reformar la carta magna que rige desde 1962. Se elegirán 69 constituyentes el 13 próximo de abril, que sesionarán el año que viene para introducir cambios en más de 40 artículos.
Desde el sector rural de pequeños y medianos productores, y del conjunto de los sectores productivos que se organizan con eje en una economía social y solidaria, subrayan la importancia de incluir artículos que permitan la consolidación de políticas públicas en favor del sector y que garanticen derechos fundamentales. Sin embargo, el foco del debate público sobre la reforma está puesto en temas como la autonomía municipal, la eliminación de fueros, la ampliación del período legislativo y la reelección de cargos electivos.
Claves de la reforma
En diálogo con Tiempo Rural, Pablo Paillole, productor de Santa Fe y dirigente de Bases Federadas (BF) –que integra la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA)–, señala cinco puntos claves que considera esenciales para incluir en la nueva Carta Magna.
El primero de ellos plantea la necesidad de que “la tierra no esté concentrada en pocas manos ni al servicio de la especulación”, sino que sea “democratizada y destinada a la producción y el bienestar social”. La reforma debería consagrar este principio para fortalecer la “soberanía alimentaria y la equidad en el acceso a la tierra”.
Otro punto clave es el control del comercio exterior agropecuario y la creación de un ente estatal o público que intervenga en la regulación del comercio exterior de granos, con el objetivo de evitar maniobras especulativas que perjudiquen a los productores y fortalecer la autonomía económica de la provincia.
Además, considera fundamental la creación de una banca pública para Santa Fe. Desde la privatización del Banco Santa Fe durante la gestión de Carlos Reutemann, la provincia carece de una institución bancaria estatal “que brinde financiamiento accesible a pequeños y medianos productores, promoviendo el desarrollo regional”.
Paillole destaca otro de los puntos del debate que tiene que ver con política impositiva y la necesidad de una mayor progresividad tributaria. La reforma constitucional “debe incluir un sistema impositivo justo, donde quienes más poseen contribuyan en mayor medida”. En el ámbito agropecuario, esto permitiría una “distribución equitativa de la carga impositiva que fomente un modelo de desarrollo más inclusivo”.
Finalmente, se destaca la importancia de la soberanía sobre las vías navegables. Un tema central en el debate provincial es el control del Río Paraná. Desde Bases Federadas advierten sobre el intento de privatizar este recurso estratégico. Sostienen que la Constitución debe “garantizar la soberanía sobre las vías navegables para evitar que intereses privados determinen su explotación”.
Si bien estos puntos reflejan demandas concretas del sector campesino, desde la organización advierten que la reforma planteada por el Ejecutivo provincial no contempla estas problemáticas. El gobernador Maximiliano Pullaro ya expresó que la nueva Constitución no ampliará derechos, lo que para Bases Federadas implica una “consolidación del statu quo y el desinterés por incluir en el debate temas fundamentales para el desarrollo rural y productivo de Santa Fe”.
María Victoria Noriega, presidenta de la Federación de Subdistribuidores de Gas de la República Argentina (Fesubgas) y miembro del Consejo de Asociativismo y Economía Social, detalla que la última reforma constitucional data de 1962, por lo que se deberían actualizar los derechos del movimiento cooperativo y mutual. En este sentido, uno de los puntos principales es la modificación del artículo 5, que regula la materia tributaria. Desde el sector se busca que las cooperativas y mutuales sean expresamente mencionadas y que los tributos provinciales reconozcan su naturaleza jurídica como entidades sin fines de lucro, evitando una carga impositiva que no respete su esencia solidaria.
Otro de los aspectos fundamentales es el derecho al agua. En el debate de reforma, se busca visibilizar la existencia de empresas que gestionan este recurso desde una perspectiva de bien común, diferenciándolas de aquellas que persiguen un interés puramente privado y de acumulación. Esta inclusión garantizaría la protección de modelos de gestión solidaria y cooperativa en el ámbito de los servicios públicos.
En lo que respecta al sector rural, la Constitución santafesina ya contiene un reconocimiento explícito al cooperativismo agropecuario en su artículo 28, que regula la explotación de la tierra y la comercialización de productos rurales, incluyendo menciones específicas a organismos cooperativos. Este artículo no será modificado en la reforma, asegurando así la continuidad de la protección al movimiento cooperativo en el agro. De manera similar, el artículo 26, que reconoce la función social de la cooperación, también se mantendrá sin cambios, lo que refuerza la importancia del cooperativismo en el desarrollo productivo y social de la provincia.
Esta reforma, según Noriega, representaría un «techo mínimo» desde el cual se puedan diseñar políticas públicas y leyes específicas para los diferentes sectores productivos. La disputa por el carácter de la reforma constitucional recién comienza y el sector campesino busca ser un actor clave en la discusión, promoviendo una Constitución soberana y con un fuerte contenido social que responda a las necesidades del pueblo santafesino.
