Representantes de derechos humanos se expresaron en contra de las políticas negacionistas del gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel. Pidieron empatía a los diputados y que tengan la historia presente. También solicitaron que se conforme una comisión de investigación y que se expulse a los seis diputados de La Libertad Avanza que se reunieron en el penal de Ezeiza con represores condenados por delitos de lesa humanidad
La Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamentos, que preside Silvia Lospenatto continuo con el debate sobre la sanción que le corresponde a los libertarios Beltrán Benedit, Guillermo Montenegro, Lourdes Arrieta, María Fernanda Araujo, Rocío Bonacci y Alida Ferreyra. Tras una jornada de exposiciones, los diputados patearon para la semana que viene definir la creación de una comisión investigadora en un plenario de comisiones donde se sumará Asuntos Constitucionales. Ésta comisión, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz, será conducida por María Eugenia Vidal (vicepresidenta) debido a que el legislador está acusado de ser parte del conflicto.
Lospenatto apuntó contra la -ahora- monobloquista Arrieta, quien la semana pasada dijo desconocer los motivos de su participación en la visita al penal: “También me sentí bastante estafada por la diputada que dijo no saber motivos de la reunión y después resultó que sí y lo publicó en X. O sabías o no sabías. Tal vez estás buscando notoriedad pública y no la verdad”.
En representación de Madres de Plaza de Mayo línea fundadora estuvo Taty Almeida. Dijo que Milei y Villarruel «están deshumanizando al país, queriendo borrar tantos derechos adquiridos como la memoria, verdad, justicia legal” y exigió la expulsión de los diputados.
En tanto, el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel señaló que «estamos frente a un gobierno negacionista que está destruyendo al país”. Como sobreviviente de la dictadura militar y de los vuelos de la muerte manifestó: “Aquellos que fueron a abrazar a genocidas es indignante. Son indeseables. Son una lacra. No representan al pueblo argentino y deben ser expulsados».
A su turno, la diputada mandato cumplido Myriam Bregman brindó información sobre la situación de privilegios en la que se encuentran presos los genocidas: “No todos los genocidas están detenidos. Los últimos números de la procuración dicen que hay 636 detenidos de los cuales 508 están con domiciliaria, con sus familias, festejan bautismos. Como (Javier) Olivera Ravasi, que tiró la casa por la ventana para festejar los 50 años de casados. Pobres viejitos, nos dicen. Además,108 se encuentran bajo custodia penitenciaria. Muchos están en Campo de Mayo con aire acondicionado y canchas de tenis. Hasta les dan día de permiso para ir al Coto los días de oferta. Esas son las condiciones de detención, a esos fueron a visitar y nos dicen que están sufriendo mucho».
Como querellante en las causas de lesa humanidad, Bregman pidió que se conforme una comisión mixta que esté integrada por representantes de derechos humanos y que investigue para saber qué paso y a qué se comprometieron los diputados. Criticó a Villarruel por volver a “hablar de una guerra desde el Senado, para tapar que hubo un genocidio de clase”.
Repudio a Villarruel
En representación de Abuelas de Plaza de Mayo, Guillermo Pérez Roisinblit leyó un comunicado firmado por Estela de Carlotto que apuntó contra Villarruel: “Doloroso e indignante es que la vicepresidenta de vueltas las cosas y hable de impunidad. A estos criminales los quieren hacer pasar como pobres ancianos que están privados injustamente de su libertad».
Roisinblit, el primer nieto encontrado en manos de personal de la Fuerza Aérea, agregó: “Ustedes tienen que entender que no son sólo genocidas, con todo lo que significa. Son personas que atentaron contra la democracia. Y una de las primeras cosas que hicieron cuando instauraron la dictadura fue cerrar esta casa, el Congreso”.
En tanto, en declaraciones radiales, de Carlotto expresó: «Estamos viviendo un momento muy difícil, riesgoso, y también muy peligroso, porque la maldad se contagia».
Por su parte, el diputado Eduardo Valdés (Unión por la Patria) intervino en la reunión y expresó: «Le quiero creer al presidente Milei cuando dijo que esta no es su agenda. Yo estoy en contra de todo juicio político a un presidente elegido democráticamente por los argentinos. Pero corresponde que le pidamos juicio político a la vicepresidenta Villarruel por lo que ha hecho en el día de ayer». A su vez, Valdés sostuvo: «Me da mucha vergüenza que estemos debatiendo estás cosas. Que la vicepresidenta use el senado para volver a poner arriba de la mesa una visión de la historia que ya ha sido superada por nuestra democracia».
Y es que la titular del Senado volvió a desplegar el martes la teoría de los dos demonios y aseguró que impulsará el juzgamiento de miembros de las organizaciones armadas de los años setenta. Lo dijo durante un acto en homenaje a las “víctimas del terrorismo”. «Reabriremos todas las causas de víctimas del terrorismo para que sea la Justicia la que haga lo que debió hacer hace más de 20 años”.
