El proyecto del oficialismo que propone bajar la edad de la punibilidad a los 13 años ingresó la semana pasada a la Cámara de Diputados para ser tratado. Si es aprobado y se convierte en Ley, la sociedad argentina tendrá un nuevo Régimen Penal Juvenil.
Por eso, este medio entrevistó a la licenciada Gabriela Tozoroni, que es integrante de la Red Argentina No Baja y exdirectora de establecimientos penales dependientes del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia (OPNyA), que depende del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
Tozoroni señaló a Tiempo que el oficialismo “ante un posible aumento de la población penal juvenil, propone que se utilicen las cárceles del sistema penitenciario para el alojamiento, dividiendo con una pared lo que es el área de adultos con lo que sería para menores de edad”.
– ¿Qué piensa sobre el proyecto que ingresó a diputados y que busca bajar la edad de la punibilidad a los 13 años?
-La discusión sobre bajar la edad de punibilidad a los 13 años es muy compleja. Se trata de un tema muy sensible. Vivimos en una sociedad en la que muchas veces dejamos de ver a ese niño, niña o adolescente como sujeto de derecho o como víctima y solo lo miramos como victimario. Porque existe todo un camino para que un joven llegue a estar involucrado en un delito y tiene que ver con las vulneraciones de derechos. Quizás, las nuevas generaciones junto a sus familias no fueron abrazadas por una comunidad y sus sistemas de protección, que muchas veces llegan tarde o directamente han fallado. A la vez, en términos generales, nuestros niños, niñas y adolescentes que están involucrados en una situación de delito, muchas veces son cooptados por organizaciones criminales que son dirigidas por personas adultas. Hay casos en los que el consumo problemático también genera situaciones de puntos de contacto con lo delincuencial. Sin embargo, en la actualidad tenemos un Estado nacional que retiró las políticas de asistencia alimentaria, de estar presente a través de la educación y con distintas políticas públicas inclusivas. La Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia se ha corrido del territorio, el oficialismo ha desfinanciado los programas. Cuando el sistema de protección se retira, es el Estado el que deja de estar presente. Lo que queda es el mercado regulando las relaciones sociales, ahí es cuando aparecen otros tipos de actores vinculados, en este caso, a organizaciones criminales del narcotráfico, entre otras, que terminan teniendo como rehenes a nuestros pibes y pibas.
– ¿Qué piensa sobre el abordaje que hace la política y el periodismo sobre la problemática?
-Desde la Red Argentina No Baja siempre decimos que en momentos electorales atan a la problemática a alguna noticia de un delito que presuntamente haya sido cometido por un menor de edad. Así no es bueno trabajar el tema y mucho menos, cuando la puerta de entrada a la discusión es bajar la edad de la punibilidad, porque ya sabemos que no es la solución. Esta discusión fue planteada anteriormente por el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano, durante el gobierno de Mauricio Macri y, como siempre, con Patricia Bullrich a la cabeza de la mano dura. Pero ahora el problema es que quieren generar un sentido común en la comunidad de que necesitamos de un estado penal, de la violencia, antes que los valores sociales para corregir a nuestros pibes y pibas. Sabemos que las juventudes necesitan un abrazo, contención desde la educación, desde el acceso a la salud, desde una comunidad organizada, que justamente priorice en reforzar los lazos afectivos y sociales. Y todo esto, es justamente lo que el oficialismo vino a romper. De hecho, tilda a las organizaciones sociales como grupos criminales.
– ¿Qué piensa sobre el marco legal del proyecto y de lo contradictorio con las estadísticas?
-Nosotros desde la Red Argentina No Baja planteamos que es inconstitucional, porque ya hay una edad fijada en 16, que es producto de una política regresiva que aplicaron, ya sabemos que no trajo ni va a traer ninguna solución. Las estadísticas indican lo contrario a lo que este gobierno pretende hacer, a pesar de tenerlas en claro continúa insistiendo. En esta línea, cabe destacar, que los delitos cometidos por menores de 16 años son de un 0,01%. De hecho, la Provincia de Buenos Aires -que es la que más habitantes tiene- en cuanto a la población penal juvenil representa el 40% de ese 0,01 por ciento, en relación al resto de las provincias. Solo tenemos 32 menores de 15 años que son no punibles, porque en la Provincia de Buenos Aires, sin bien la edad de punibilidad es 16, hay un artículo de la Ley 13.634 que permite que se tomen medidas de seguridad para los más jóvenes. Por lo cual de un universo de 2.500 jóvenes de más de 16 años que están con algún tipo de causa por haber cometido un presunto delito, bajo la medida penal que sea, en una institución o medida penal en territorio, solamente tenemos 32 no punibles. O sea, no hay incidencia alguna, el tema es cómo arman el juego mediáticamente.
-Muchas personas consideran que endurecer las penas sería una posible solución ¿qué piensa usted sobre eso?
-En torno a la cuantía de las penas y en cómo quieren endurecerlas, nos hace pensar en que un delito cometido por un menor de edad tiene que tener la misma condena que si lo cometiera un adulto. Pienso que sería poner el eje en el tipo de delito que se comete y olvidarse de la persona que está detrás. Sabemos que para la víctima y su familia esto les suena chocante, porque es lógico cuando se atraviesa una situación así, cuesta mucho pensar en quién es ese victimario, en esa persona que cometió el delito. Pero tampoco podemos olvidarnos que quienes están detrás de los presuntos delitos pueden ser niños, niñas o adolescentes, que están amparados por la Convención de los Derechos del Niño y por la Ley 26.061. Y también por todas las Leyes provinciales que hacen al sistema de protección de derechos e indican que hay que protegerlos antes que castigarlos. Hay que hablar de la responsabilidad, no del castigo, pero es un paradigma que el actual gobierno nacional no maneja. Además, hace todo lo contrario, se deslinda del asunto y crea una Ley de fondo para tirarle la responsabilidad a las provincias. Porque en ningún momento habla de presupuesto, ni de fortalecer los sistemas de protección a nivel federal, que es lo que debería hacer. Sumado a todo esto, el oficialismo propone, ante un posible aumento de la población penal juvenil con la reforma que pretende hacer, que se utilicen las cárceles del sistema penitenciario para el alojamiento, dividiendo con una pared lo que es el área de adultos con lo que sería para menores de edad. Lo cual sería aberrante, porque se venía trabajando mucho sobre esta problemática con gobiernos anteriores. Se fortalecieron las políticas, crearon los centros de admisión y derivación especializados, para que los niños, niñas y adolescentes involucrados en un delito no permanezcan en las comisarías.
