La defensa de tierras comunitarias y la lucha de activistas de todo el mundo contra el avance de multinacionales de los agronegocios y otras actividades extractivas a gran escala como la minería y la industria forestal, han generado en lo que va de 2017 una cifra récord de víctimas, de acuerdo al registro que lleva el diario británico The Guardian.

La lista de los “defensores de la tierra”, como los llama ese medio, bien podría incluir a Santiago Maldonado, muerto en circunstancias que aún se investigan durante un operativo represivo de Gendarmería contra la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, mientras apoyaba el reclamo de esa comunidad mapuche por sus tierras ancestrales.

Son 158 las muertes de activistas en defensa de los derechos de sus comunidades y de los recursos naturales, computadas por The Guardian este año. La nómina enumera militantes ecologistas, protectores de la fauna y referentes indígenas que mantienen conflictos contra grandes empresas en cientos de regiones. El diario inglés trabaja con la organización Global Witness en el registro de las víctimas fatales que provoca esta lucha desigual cuyo escenario es el planeta entero.

El ominoso inventario incluye al guardaparque Rubén Arzaga, acribillado cuando procuraba detener un desmonte illegal en Filipinas; al campesino peruano Elías Gamonal Mozombite, asesinado junto a otros cinco durante un conflicto territorial relacionado al tráfico de aceite de palma; y al conservacionista Wayne Lotter, miembro de una ONG que lucha contra la caza ilegal de elefantes, baleado y muerto en Tanzania.

“Esta estadística extrema muestra que 2017 puede llegar a ser el año más fatal para aquellos que eligen estar en la trinchera que protege nuestro medio ambiente y sus derechos territoriales”, sostuvo Billy Kyte, representante de Global Witness. Según esa organización, Brasil, Colombia y Filipinas son los países más peligrosos a la hora de hacer este tipo de reclamos. “Los gobiernos de esos países deben reconocer esta situación y priorizar la protección de esas personas. Si esas comunidades no tienen garantías sobre el modo de usar sus tierras y sus recursos, las raíces de esta violencia seguirán creciendo”.

El registro revela que la minería y, en general, las industrias extractivas, son las que más acechanzas suponen para los activistas, sumando sólo este año un total de 33 asesinatos. The Guardian pone énfasis en el incremento de las muertes violentas asociadas al avance territorial de los agronegocios: 28 casos ya contra 23 del año pasado.

“Los inversionistas también tienen las manos ensangrentadas. No deberían invertir en proyectos asociados a abusos y deben intervenir cuando se amenaza a los activistas”, agregó Kyte.

Ante reclamos tan dísimiles, muchas veces la respuesta es la misma: la violencia y eventualmente la muerte. El caso de Santiago Maldonado, el joven artesano argentino que un día decidió acompañar la causa territorial de una comunidad originaria, se inscribe en esa lógica represiva que, como el capital trasnacional, no reconoce fronteras.