En mi calidad de presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), rechazo el accionar racista y discriminatorio que implica el llamado a indagatoria al Director de Asuntos Jurídicos de nuestro organismo, Dr. Julián Fernández Duarte, por parte del Fiscal Federal Carlos Stornelli. 

Lamento profundamente, que el Sr. Fiscal Federal se haga eco de denuncias sin sustento fáctico ni jurídico, cargadas de intereses empresariales -especialmente inmobiliarios-  provenientes de sectores que pretenden desconocer los derechos humanos de los pueblos indígenas, con el fin último de quedarse con sus territorios, ricos en paisajes, agua dulce, y bienes naturales comunes.

Frente al testimonio de un ex jefe de la ex SIDE, ocupante circunstancial de aquellos “oscuros sótanos de la democracia” como se conocía al organismo que trascendió a la opinión pública por usar sus millonarios fondos reservados para espiar a militantes sociales, jueces, legisladores, dirigentes políticos y hasta familiares de ex presidentes, pinchando teléfonos entre otros actos ilegales como fueron los operativos que  terminaron con los asesinatos de Kosteki y Santillán,  pareciera que -como otros célebres conocidos- ahora pretende volver al tablero político trepando sobre las espaldas del pueblo indígena. Ante ello, manifiesto mi sorpresa al ver que se dio trámite a una causa mediática sin ningún sustento jurídico en un Estado de Derecho.

Mi sorpresa es mayor aun, cuando advierto que el Poder Judicial -que ahora persigue a indígenas y dirigentes del oficialismo-, no hizo absolutamente nada ante las declaraciones anti derechos explícitas y claramente encuadrada en delitos graves, replicadas en varios medios de comunicación, llamando “delincuentes” y “terroristas” a los pueblos originarios que habitan estas tierras en forma preexistente al Estado, tal como reza la propia Constitución Nacional, sin distinciones de ningún tipo, lo que lo hace más grave y siniestro aún.

Resulta a todas luces de graves consecuencias institucionales, los diferentes llamados a acciones violentas por parte de personalidades públicas como diputados, o representantes de grupos de presión, ante una sociedad que observa estupefacta, cómo las convocatorias a “cazar mapuches” o directamente “meterle balas” en pleno Estado Constitucional de Derecho, sin que ningún juez o fiscal alce la voz en defensa de los más elementales valores democráticos.

Me pregunto en mi reflexión: ¿Qué hace la Justicia cuando empresarios extranjeros se quedan con las tierras de las comunidades indígenas y abusan de la amistad o complicidad con algunos sectores del poder real, para quedarse con los lagos y costas de ríos, incluso con fuentes de agua dulce que pertenecen a todos los argentinos y argentinas, como es el LAGO ESCONDIDO? Le recuerdo a quien lee esta carta, que a pesar de que existe una sentencia favorable a los ciudadanos argentinos desde hace 13 años, el magnate inglés Joe Lewis se niega a abrir el acceso público y seguro a la ciudadanía ante la más absoluta impunidad del Poder Judicial Argentino. También quiero recordar que esa propiedad de Joe Lewis se halla en el estratégico paralelo 42, en plena cordillera argentina que es área de frontera, mientras que su aeropuerto privado (de similares dimensiones que Aeroparque), está ubicado a 1.000 metros del mar y a poca distancia de las Islas Malvinas. 

O sea, dos propiedades en manos de un inglés en áreas de frontera y a pocas horas de vuelos de nuestras Islas Malvinas donde los ingleses están fascinados con robarnos nuestro petróleo y peces de la plataforma submarina argentina, además de romper con toda regla elemental de la diplomacia, instalando una de las mayores bases de la OTAN en las islas. 40 años de impunidad. Y la impunidad sigue.

Me pregunto entonces: ¿Y la Seguridad Nacional? ¿Y la Soberanía argentina, Fiscal Stornelli? ¿Qué hace al respecto usted, que dice defender los bienes del Estado?

La causa que impulsa Stornelli, – que pretende investigar un “supuesto modus operandi”-, contra el Dr. Fernández Duarte, prestigioso abogado respetado por colegas y académicos, está plagada de valores antidemocráticos como el racismo, la discriminación y la desigualdad ante la ley.

INAI fue creado durante el gobierno del Dr. Raúl Alfonsín a través de la ley 23302. Su artículo 1°, expresa: “Declárese de interés nacional, la atención y apoyo de los aborígenes y a las comunidades indígenas existentes en el país y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socio-económico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal….”.

Luego, con el correr de la Democracia, se fueron reconociendo derechos hasta que en 1994, la Convención Constituyente por “aclamación” reconoció en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, los derechos de los pueblos indígenas como a la preexistencia étnica y cultural, el respeto a su identidad, a la educación bilingüe e intercultural, y la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan, entre otros.

Luego vino la ley 26160 y sus prórrogas y la ley 25517, que ordena la restitución de los restos mortales de aborígenes que formen parte de museos o colecciones privadas o públicos a sus comunidades.

Tampoco podemos omitir que Argentina ha suscripto Convenios Internacionales como el 169 de la OIT, “Convenio sobre pueblos indígenas y tribales”, aprobado por la ley 24071.

Con todo el plexo normativo indígena, tanto nacional como internacional, el atajo de “Matar” que prefieren tomar algunos para resolver conflictos sociales, usando las fuerzas de seguridad del Estado para ello, no sólo va contra el Código Penal, sino también contra las más elementales reglas de carácter humanitario.

Hace escasos días el Papa Francisco visitó a los familiares de las víctimas del genocidio ocurrido en Canadá contra los pueblos originarios, y se horrorizó por las muertes de inocentes niños y niñas en manos de la propia Iglesia.

En Argentina, los que quieren quedarse con los territorios y sus riquezas usando un manto de presunta preocupación por la “Seguridad”, crean toda clase de falsedad para denostar a los pueblos indígenas, confundiendo comunidades, confundiendo zonas del país, confundiendo y confundiendo. Esa confusión sembrada en forma premeditada, es la que compró el Sr. Juez Federal Stornelli para confundir nuevamente “acatamiento de un fallo judicial que reconoce un derecho humano y constitucional de una comunidad indígena” con una “supuesta connivencia para entregar tierras”.

Si el Fiscal Stornelli, no se ha tomado el trabajo de viajar a conocer la comunidad Ranquehue, objeto de esta causa judicial que cae en un evidente dispendio jurisdiccional, puedo asegurarle que es un pueblo que siempre trabajó por la paz en la ciudad de San Carlos de Bariloche. En su territorio hay un chenque (cementerio) y un sitio ceremonial, donde está enterrada la lonko Silvia Ranquehue y nuestro querido abogado indigenista Dr. Darío Rodriguez Duch, quien antes de morir pidió que sus restos descansaran en esa comunidad que tanto defendió.

¿Sabrá Stornelli desde su sillón en Buenos Aires, que en ese espacio no existe desde hace decenas de años, ningún sitio donde se llevan adelante prácticas militares o similares, y que las mismas se desarrollan en otro sitio cercano, pero no justamente en esa LOF? ¿Sabrá Stornelli  que en esa comunidad solo hay una huerta comunitaria que le da de comer a decenas de familias mapuches y no mapuches, y que fue construida con mucho esfuerzo durante la pandemia? ¿Sabrá que allí hoy funciona un Centro Artesanal de Equinoterapia “PIUKE KAWELL”, que cuenta con unos pocos caballos viejos y mansos para niños y niñas con discapacidad? ¿Sabrá Stornelli que esa comunidad viene luchando mediante los canales judiciales institucionales para que se le entregue por fin su título comunitario tal como lo expresa la Constitución Nacional y que fruto de esa demanda, surgió una sentencia firmada por una Jueza que fue demonizada, solo por ajustarse a derecho? 

Hace ya mucho tiempo, cansada de las mentiras que se repiten una y otra vez desde distintas usinas interesadas, hago esta defensa pública del pueblo indígena en su conjunto y también del organismo que presido.  Hemos promovido denuncias ante el INADI contra los discursos del odio que no son inocuos y que ya han producido muertes inocentes.

En una de las marchas “antivacunas” realizada en San Carlos de Bariloche, se documentó el uso de consignas anti mapuches por un grupo de ciudadanos con la simbología y vestimenta del  KU KLUX KLAN. Por otro lado, hace unos meses en un supermercado de esa misma ciudad lacustre, por una aparente discusión menor en un supermercado, un participante de esas marchas, seguramente influenciado por esos discursos del odio, mató a otro joven mapuche.

¿Cuántos muertos más vamos a esperar por avalar con el silencio judicial, estos discursos de odio con base en el racismo y la discriminación?

Por ello pido al Fiscal, que todo delito sea juzgado con la misma vara de la Justicia y la imparcialidad. Y que el Poder que representa vaya a fondo con las investigaciones que crea pertinente, pero no ofenda a los pueblos indígenas argentinos metiendo en la misma bolsa a todos a quienes la propia Constitución protege.

En síntesis, reclamo como mujer funcionaria, egresada de la Universidad Pública y clara defensora de los derechos de los pueblos originarios, que respete la Constitución Nacional y aporte a la búsqueda de la paz social y el respeto a la interculturalidad a través de su función de Fiscal.

La violencia, Sr. Fiscal, también surge de visiones sesgadas y discriminatorias por parte de algún sector del mismo Poder Judicial que utiliza una vara para acusar a los débiles y otra muy distinta para los poderosos.

El respeto por los derechos de los pueblos indígenas no debe ser simplemente una proclama o  una declamación que aflora algún día del calendario. Debe ser una constante, debe atravesar de punta a punta las políticas y la agenda pública de todo gobierno democrático en un país donde conviven en paz muchas voces y muchas culturas. Estas políticas interculturales deben convertirse de una vez y para siempre en una férrea cuestión de Estado.

* Abogada y Magister en Políticas Públicas y Derecho