Son muchos los ataques que venimos teniendo las personas con discapacidad y en enero se sumó uno más. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) publicó la resolución 187/2025, que establece la creación de un baremo médico para evaluar las “capacidades” de las personas con discapacidad en el ámbito laboral. Este sistema se usaría para auditar, recortar y eliminar pensiones por invalidez, lo que ha generado graves preocupaciones sobre sus implicancias.

¿Qué es un baremo médico? Es un sistema de valoración utilizado para determinar el grado de daño corporal, discapacidad o perjuicio sufrido por una persona debido a un accidente, enfermedad o lesión. 

En los últimos días, surgieron fuertes críticas hacia la resolución y su anexo. En este último, se empleaban términos despectivos como «idiotas», «imbéciles» o «débil mental». Tras la presión pública, la Agencia Nacional de Discapacidad retiró el anexo. Sin embargo, la resolución sigue en pie y sus políticas continúan vigentes.

Según el comunicado de la agencia, “la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta”. 

¿Realmente podemos creer que esto fue un error?Es el mismo presidente quien, con frecuencia, utiliza términos como “minusválido” o “mongólico” como agravios. Además, se recurre a la difusión de radiografías de animales para justificar ajustes en el sector. ¿Es esto un simple error, o estamos ante una estrategia sistemática de deshumanización de las personas con discapacidad?

En este contexto, es crucial aclarar por qué la implementación de la resolución 187/2025 es un error y un retroceso grave para nosotros, las personas con discapacidad. 

  • Viola la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de Naciones Unidas (ONU), a la que Argentina adhiere desde 2014 y cuya jerarquía constitucional fue establecida por la Ley 27044. La Convención establece que “los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar”. Además, el Estado debe “velar por que se realicen ajustes razonables para las personas con discapacidad en el lugar de trabajo”, lo que implica que nuestro derecho al trabajo debe ser garantizado. En lugar de evaluar nuestras capacidades, se debería observar el entorno y ofrecer las herramientas necesarias para que, como sujetos de derechos, podamos desarrollarnos plenamente.
  • Refuerzan la discriminación: El uso y la validación de ciertos términos, y más aún, la implementación de políticas como esta, favorecen la creación de estereotipos dañinos y limitan nuestras posibilidades de acceso a la educación y al empleo. Estas políticas nos expulsan del sistema. Estas decisiones institucionales nos complican la existencia.
  • Retoman el modelo médico: la resolución refleja un enfoque del modelo médico, que considera la discapacidad como un problema individual a resolver, centrado en el diagnóstico, en lugar de adoptar el modelo social. Justamente debe ser la sociedad quien haga lo necesario para disminuir y/o eliminar las barreras del entorno de las personas con discapacidad.
  • El cambio de términos no implica un cambio de políticas: aunque, bajo presión de las redes sociales, se modificaron los términos ofensivos, esto no significa que las políticas en nuestra contra hayan cambiado. La implementación del baremo médico sigue adelante, lo que pone en riesgo el otorgamiento de pensiones no contributivas y, por ende, el acceso a derechos fundamentales.
  • Desamparo institucional: lo más preocupante es que la Agencia Nacional de Discapacidad, que debería proteger y garantizar nuestros derechos, está haciendo exactamente lo contrario. Esto nos deja en total desamparo. Sabemos que ANDIS está siendo vaciada y, actualmente, depende del Ministerio de Salud, lo que refuerza el modelo médico y aleja la perspectiva de una inclusión real. Hoy en día, las personas con discapacidad solo recibimos noticias de recortes y que nos utilicen como insulto. ¿Hasta cuándo podemos seguir así? El desamparo hacia nuestro sector es total. 

Es más urgente que nunca que las personas con discapacidad nos unamos, conozcamos nuestros derechos, los hagamos conocer y exijamos que se respeten. Este es un momento crítico para exigir un cambio real en las políticas públicas, que se ajusten a lo que marca la Convención y no a visiones deshumanizadoras y excluyentes. Necesitamos que se baje la resolución en su totalidad y Diego Spagnuolo, como director de la ANDIS, se haga cargo.