La Cámara Federal de Casación rechazó un planteo de un ex juez y un ex fiscal de la dictadura contra el fallo que los condenó a tres años de prisión por no denunciar las detenciones ilegales y las violaciones a los derechos humanos de perseguidos políticos durante el régimen.
El caso, conocido como “el juicio a los magistrados”, tuvo su fallo condenatorio en Córdoba en 2017, cuando el ex juez Miguel Ángel Puga y el ex fiscal Antonio Sebastián Cornejo fueron condenados a tres años, y la pena fue confirmada por la Sala I de la Cámara de Casación, en un fallo firmado por los jueces Daniel Petrone, Ana María Figueroa y Diego Barroetaveña.
Puga fue condenado por “encubrimiento por infracción al deber de denunciar delitos, reiterado en cuatro ocasiones en concurso real con incumplimiento de la obligación de promover la acción penal”.
Cornejo, por su parte, recibió la misma pena por “infracción al deber de denunciar delitos, reiterado en cuatro ocasiones en concurso real con incumplimiento de la obligación de promover acción penal”.
Ante la confirmación de la Casación, ambos intentaron llegar a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario, pero el máximo tribunal penal les cerró esa vía.
“Su exposición no logra rebatir de manera adecuada los fundamentos de la resolución recurrida, que refieren a que la base fáctica se corresponde con los hechos descritos en las restantes piezas procesales, independientemente de la calificación que en definitiva les fue asignada a sus asistidos”, resumió el fallo.
Ambos ex magistrados tienen aún la posibilidad de llegar a la Corte mediante un recurso de “queja”, que rara vez es atendido por el máximo tribunal argentino.
