Las trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación comenzaron 2025 con más incertidumbre incluso que en 2024. Tras un año entero de despidos, desfinanciamiento y vaciamiento de esa cartera por parte de Alberto Baños, se sumó ahora la intención del gobierno de dar su “batalla cultural” en las políticas de memoria.
Así, este año de la “reconstrucción de la Nación” arrancó en la ex ESMA con el cierre, por ahora temporal, del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti para una “reestructuración” y con policías en la puerta de la Secretaría con listas de personas despedidas que no podían ingresar al edificio.
Estas nuevas medidas escalaron aún más el ataque a los trabajadores de la Secretaría, quienes desde diciembre de 2023 sufren el achique de equipos, despidos y la falta de políticas públicas de una cartera que es fundamental para la protección y promoción de los Derechos Humanos.
Baños y Cúneo
En los últimos meses, el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona comenzó un plan de ajuste brutal que abarca a más de la mitad de la planta, unas 3000 personas, quienes fueron presionadas para adherir a un retiro poco voluntario. Quienes no firmaron, ya no pueden ingresar a sus puestos de trabajo desde el 1° de enero y muchos recibieron telegramas de despido.
En la Secretaría de Derechos Humanos, el ajuste involucra a más de la mitad de las y los trabajadores y afecta a muchas áreas sensibles que están en riesgo de no poder continuar sus tareas, como el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE), Leyes Reparatorias y Sitios de Memoria, donde la motosierra afectó a todas las personas que trabajaban en el ex Centro Clandestino de Detención Virrey Cevallos y dejó en situación crítica a otros.
En el caso del Centro Cultural Conti, parece haber un ensañamiento particular. Sin director designado y sin presupuesto, funcionó todo el año por el compromiso de sus trabajadores, que mantuvieron las actividades habituales: exposiciones, proyecciones, obras de teatro, conciertos, charlas, presentaciones y visitas de escuelas.
Sin embargo, es de las áreas más afectadas por los despidos, con unos 50 trabajadores echados o que aceptaron los retiros forzosos de un total de 87 personas. Esto dejó sectores completos que estaban integrados por personal especializado sin gente o con apenas una sola persona, como Montaje, Educación, Técnica, Diversidad, Literatura, Estudios de Memoria, Danza y Música.
“Cuando (Eduardo) Jozami armó la convocatoria al Conti en 2008 contrató especialistas en sus áreas. Muchos de los despedidos estaban desde el principio, se formaron durante años. En Montaje estaba un historiador del arte con mucha experiencia. La gente de Educación está formada y reciben escuelas todos los días”, contó Nana González, delegada de ATE en la Secretaría y trabajadora del Conti, quien se pregunta quién va a realizar esas tareas. “No se puede mandar a alguien de administración a hacer montaje”, cuestionó.
La reestructuración que propone Baños no tiene sólo que ver con los trabajadores. El objetivo es desembarcar allí con un nuevo relato sobre los derechos humanos, según anunció el funcionario de manera vaga al diario La Nación. Cuando el Conti reabra “no se centrará exclusivamente en el periodo de la última dictadura militar y el terrorismo de Estado sino que abordará otras problemáticas de Derechos Humanos en democracia”, sostuvo.
La web del Conti también será actualizada. Esta tarea quedó a cargo de los equipos de prensa del Ministerio de Justicia, que responden al secretario de Justicia Sebastián Amerio, delegado del asesor presidencial Santiago Caputo.
“Baños tiene mucho desconocimiento de lo que pasa acá. El Conti tiene una programación recontra amplia y diversa, creer que sólo habla de eso es no tener ni idea. Estuvimos todo el año tratando de que nos atendiera para contarle y nunca lo hizo”, señaló González y añadió: “Él puede cambiar la programación pero lo que pasa en el Conti tiene el sentido que tiene porque está en la ex ESMA”.
Ante esta ofensiva del gobierno, los trabajadores realizaron este sábado por la tarde el festival “Una memoria que ARDE, el Conti en guardia”, al que asistió la comunidad del centro cultural junto a trabajadores de la cultura, organismos de Derechos Humanos y sindicales.
En este contexto, la Comisión Provincial por la Memoria denunció ante la justicia federal la presencia de personal policial de civil que realizó tareas de inteligencia durante las protestas por el vaciamiento de la Secretaría que se realizó el 27 de diciembre en la ex ESMA.
De acuerdo a la denuncia, el personal de civil “deambulaba entre los convocados en las inmediaciones y luego interactuaba con los agentes de la Policía de la Ciudad que se encontraban en el lugar”. Y agregó que durante toda la jornada hubo personal policial filmando tanto en el interior como en el exterior de la ex ESMA. «
