La orden fue dictaminada por el juez Pablo C. Mántaras el juzgado N° 24 a causa de la denuncia de un vecino al cual le “molestaban las hojas”. La policía tuvo que intervenir en calle Salvador María del Carril al 3700, en Villa Devoto porque una señora se encadenó al tronco y además una segunda mujer colocó una camioneta frente al árbol a modo de barricada, para no permitir que fuera talado. A causa de esto fue detenida.
Al presentarse los efectivos de la Comisaría Vecinal 11B de la Policía de la Ciudad intentaron dialogar con quienes participaban de la improvisada manifestación, pero todo terminó con discusiones y empujones. También fue secuestrada el vehículo que habían cruzado para impedir el trabajo de los agentes. Días previos habían tapado el árbol con una pancarta que tenía el lema “No a la tala”.
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Los vecinos se manifestaron por redes con la consigna, denunciando que hay otros 164 nogales en CABA y que “no perjudican en nada”. Según la información otorgada por los trabajadores estatales, se determinó que el árbol no está dentro de las especies permitidas.
Fuentes de la Ciudad informaron en tanto que se plantará otro árbol permitido en reemplazo del extraído con el objetivo de “mantener la población arbórea estable”. Pero además de realizar cuestionables técnicas de poda, los vecinos especificaron que no se reemplaza el árbol en cuestión, ya que dejan “tronquitos con copitas o macetas”, lamentó María Angélica Di Giácomo, fundadora del grupo Basta De Mutilar Nuestros Árboles.
En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la ley 3263 establece que solo se pueden talar o extraer especies que estén enfermas, secas o sean un obstáculo para vía pública.
Como contó Tiempo este domingo, en los últimos años se multiplicó el dinero público destinado a la poda y tala de árboles así como las denuncias de vecinos de poda indiscriminada: en el último año y medio, la Defensoría del Pueblo recibió 384 denuncias por poda. Un 50% más que hace cinco años. En julio de 2017, el juez Guillermo Schleiber hizo lugar a una acción de amparo vecinal y prohibió toda intervención en arbolado que no cumpliera con los artículos 10, 11 y 12 de la ley actual, que exigen que haya representantes de las comunas presentes en cada intervención, con personal idóneo, y que haya difusión pública de informes, algo que hoy no se cumple.
En los diferentes barrios, sólo cuatro empresas realizan este trabajo, con concesiones millonarias y que más cobran mientras más podan: Mantelectric, aportante privado del PRO en la campaña, Casa Macchi SA, Ecología Urbana SRL y la UTE Zona Verde, conformada por Urbaser y SEOB SA, habitual contratista de la gestión de Horacio Rodriguez Larreta y aportante a la fundación SUMA, de Gabriela Michetti.