Fue la primera torre antisísmica de la ciudad, sede de las oficinas desde las que el magnate Aristóteles Onassis comenzó a erigir su imperio, fue luego el edificio de los artistas que lo habitaron en los años ’80, y es hoy, solitario e incólume frente al Parque Lezama, el hogar de 18 familias que hacen valer sus derechos adquiridos sobre el inmueble. Para el gobierno porteño, sin embargo, el Marconetti es apenas un obstáculo que hay que remover, una molestia que ocupa la traza que proyectó para su séptimo Metrobus, y no ofrece otra alternativa que su demolición.
Construido en 1929 en Paseo Colón 1598, pasó a manos de la Ciudad de Buenos Aires en 1987, cuando la sociedad propietaria Dominga B. de Marconetti Comercial, Industrial, Financiera y Agropecuaria, que en los galpones que están detrás producía los fideos Leticia o el aceite Patito, entre otras conocidas marcas le ganó un juicio de expropiación inversa y lo traspasó con los inquilinos adentro. Los vecinos del Marconetti viven en esos departamentos desde hace más de un cuarto de siglo y demostraron en distintas presentaciones judiciales que han administrado y mantenido el edificio del que la Ciudad nunca tomó posesión y en cuya preservación jamás puso un peso y que quieren permanecer allí. También pidieron, sin éxito, que fuera catalogado para custodiar su valor patrimonial.
El polémico caballito de batalla de la política de transporte y obra pública de la gestión PRO, privilegiado por sobre los ya olvidados diez kilómetros de subtes por año prometidos por el hoy presidente de la Nación en su campaña para alcalde porteño, promete llevar las dársenas de cemento del Metrobus del Bajo desde Retiro, por Leandro N. Alem y Paseo Colón, hasta Almirante Brown y Wenceslao Villafañe, en La Boca.
La Secretaría de Transporte ya anunció que la obra comenzará en octubre y que la primera etapa debe estar lista en marzo de 2017. Asegura que los 4,8 kilómetros de carriles exclusivos para 30 líneas de colectivo ahorrarían un 30% en los tiempos de viaje. Pero el proyecto supone ensanchar Paseo Colón entre Humberto Primo y Martín García y, en consecuencia, expropiar algunos predios, mudar otros, demolerlos todos. Una idea similar había tenido el brigadier Osvaldo Cacciatore, intendente de la dictadura según Mauricio Macri, el mejor que tuvo la ciudad-, pero para construir una de sus mentadas autopistas, resucitando un decreto de 1943 que ya preveía el ensanche.
El listado inicial de esos espacios conflictivos incluye, además del edificio Marconetti, la Escuela Taller del Casco Histórico; un Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia; un predio deportivo del Movimiento Independiente Justicia y Dignidad, de Raúl Castells; el estacionamiento del diario Ámbito Financiero; una sede del Indec; una gomería; el centro cultural Severino Di Giovanni; y otros dos predios sensibles: el ex centro clandestino de detención Club Atlético, ubicado bajo la Autopista 25 de Mayo, y la escuela Isauro Arancibia, a la que asisten chicos y adultos en situación de calle.
«Se dialogó con todos. No se va a tocar ni demoler hasta que no estén construidos y aptos los espacios en los que serán relocalizados», dijo Juan José Méndez, secretario de Transporte porteño. No es cierto. Se llegó a algunos consensos y las reparticiones oficiales serán mudadas a otras sedes. Como una medida judicial impide alterar el memorial de El Atlético, allí no habrá ensanche sino un carril para que los automóviles giren hacia la autopista. Pero con la comunidad del Arancibia, que en septiembre celebrará la remodelación del colegio, no hubo acuerdo (ver recuadro). Y menos con los vecinos del Marconetti. El 14 de julio pasado, el juez Francisco Ferrer, titular del Juzgado Nº 23 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario porteño, dispuso una cautelar que frena el desalojo del edificio, dispuesto por el gobierno porteño a través del decreto 156, de abril de 2014, a raíz de una de las causas por usucapión presentadas por los vecinos, que buscan la titularidad de las unidades.
Hace tiempo venimos sufriendo hostigamiento y amenazas, cuenta Ana María Villarreal, en el living de su departamento del 8º piso, donde vive hace más de 20 años, rodeada por sus vecinos. En mayo de 2014 les cortaron el gas y desde entonces se calefaccionan con artefactos eléctricos. Les clausuraron el ascensor: tienen todos los papeles en regla pero la Ciudad no se los recibe. Y dispuso que un agente de la Metropolitana monte guardia permanente en la planta baja, personal armado en un lugar donde no se ha cometido ningún delito.
El gobierno hostiga a estas familias porque el edificio interfiere con el negocio del Metrobus. Pero ellos llevan más de un cuarto de siglo viviendo pacífica e ininterrumpidamente en el lugar, y formaron una asociación civil para organizar el mantenimiento del edificio. Tienen derechos adquiridos, explica el abogado Claudio Hoistacher, que representa a ocho vecinos que iniciaron causas por prescripción adquisitiva o usucapión: ya hay cautelares dictadas que protegen la situación de hecho. Nadie rompió nada para entrar. Y hace años decidimos formar un consorcio de hecho, porque los ascensores tenían que andar, había que limpiar, pagar los impuestos, agrega Luis Esquivel, vecino del 5º piso, y muestra, como ejemplo del esmero con que han cuidado sus hogares, la puerta de roble de Eslavonia restaurada.
El otro día vino una empresa de demolición a medir, evaluar. Miren que hay gente viviendo acá, les dijimos. Nos dijeron que no había nadie, respondieron. Hacemos al gobierno porteño responsable de nuestra seguridad, dice Villarreal. Ante la amenaza lisa y llana de demolición, piden una mesa de negociación, y llevaron su caso a la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura. Revelan que la única oferta que les hicieron, tiempo atrás, fue el plan Alquilar Se Puede y pagarles el flete de la mudanza. Y apuntan a la fiscal Celsa Ramírez, que ya nos armó varios operativos y a mí me amenazó con llevarme detenida, agrega Villarreal. El nombre de la titular de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 35 se repite en varias causas en las que la gestión PRO sale a disputar el espacio público: acusó a militantes sociales de instigar, en 2010, la toma del Parque Indoamericano; dos años después preparó el terreno para el desalojo de los talleres protegidos del Hospital Borda; y suele liderar los megaoperativos contra manteros y trapitos.
No es la del Metrobus del Bajo una obra más para el gobierno porteño. Antes que la Autopista Ribereña y la integración de la Villa 31 al ejido urbano, previstas para 2019 con vistas a una eventual reelección de Horacio Rodríguez Larreta, 2017 debería mostrar los adelantos de un proyecto que, según los vecinos de La Boca, es parte de un gran negocio inmobiliario en esa zona del siempre postergado sur de la Ciudad.
Los chicos del Arancibia
Nunca nos dijeron nada, pero nos vamos enterando. Recién nos acaban de entregar la escuela terminada y los arquitectos a cargo de la obra nos comentaron que les decían que iban a derribar el frente. No hicieron la calefacción y no terminaron el ascensor porque dijeron que de todos modos esto iba a ser demolido, así que tenemos que subir alzados a los chicos en sillas de ruedas, explica Susana Reyes, directora del Centro Educativo Isauro Arancibia, donde estudian unos 300 chicos en situación de calle.
Es uno de los edificios que la Ciudad pretende demoler. Alumnos y docentes protestaron cortando la calle el mes pasado. Días después, una patota entró a hacer destrozos en el inmueble. Entre otras cosas,se robaron el horno donde hacían pan. Contra la adversidad, los chicos del Arancibia siguen preparando su reinauguración para el 9 de septiembre. Para el barrio es muy importante que exista el Isauro porque cumple una función social muy importante. La gente que viene acá, trabaja, estudia, aprende y puede pensar un futuro. Y así y todo se nos ningunea. Las obras en esta escuela se hicieron gracias a la Legislatura, porque desde el Poder Ejecutivo no recibimos nada. Por eso exigimos que hablen con nosotros. Que expliquen por qué invirtieron 14 millones en esta escuela y ahora la quieren tirar abajo.
De Onassis al Negro Fontova
En el Marconetti funcionaron el Consulado de Grecia y las oficinas de Onassis, pero a partir de los años 70 se lo conoció como el edificio de los artistas. Allí vivieron la escultora Liliana Maresca, los pintores Omar Gavagnini y César López Claro, y los músicos Daniel Melingo y Horacio Fontova. Dijeron que también Miguel Abuelo, pero no. Sí venían de visita y pasaban estadías prolongadas, él, Charly García y muchos otros. Y aquí hacía Enrique Symns su revista Cerdos y Peces, recuerdan los actuales vecinos, entre quienes hay profesionales, psicólogos y también varios artistas.
