Días atrás, el presidente Alberto Fernández señaló la necesidad de “hacer un plan para que las tierras del Estado sean dadas a quienes las trabajan” y propuso usar para esa finalidad terrenos fiscales improductivos. “Cuando lo hagamos vamos a estar fomentando la agricultura familiar, que será altamente beneficiosa para la Argentina, para evitarnos el costo del transporte. Y veremos que cada pueblo se desarrolla de otro modo”, pronosticó.

El mandatario expuso estas opiniones en una videoconferencia en el seno del Partido Justicialista realizada a instancias del Movimiento Arraigo, un colectivo de organizaciones sociales que busca dotar a los pequeños productores de sitios donde puedan desarrollar sus emprendimientos.

“No estoy hablando de reforma agraria. Yo no le quiero sacar el campo a nadie. Quiero que las tierras del Estado improductivas vayan a manos que produzcan. Son terrenos inactivos que podríamos dárselos a la gente para que produzcan y abastezcan a las zonas cercanas”, agregó Fernández.

“Hoy la cuestión es qué hacemos con un país tan desintegrado, que desarrolló un centro muy rico y dos periferias muy pobres, una norte y una sur. ¿Qué hacemos con ese país que se dice federal pero que no lo es? ¿A qué normalidad queremos volver después de la pandemia? Yo no quiero volver a una situación que concentra la riqueza en pocos y les deja la pobreza a muchos”, cuestionó.

El Movimiento Arraigo es impulsado desde hace algunos años por el exintendente de San Antonio de Areco y ahora senador bonaerense, Francisco Paco Durañona. Cuenta también con el apoyo de la UTT (Unión de Trabajadores de la Tierra), la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE) y Coninagro.

“Así como existe el Procrear para las viviendas urbanas, queremos armar un programa similar para que pequeños productores, cooperativas y organizaciones puedan acceder a la tierra, ser titulares de ella y producir alimentos que promuevan empleo y garanticen precios justos”, explicó Durañona.

Junto a la UTT, Arraigo presentó dos proyectos de ley en el Congreso, uno e 2016, que perdió estado parlamentario, y otro en octubre de este año. Lo mismo hicieron en la legislatura bonaerense, donde debe ser tratado por el Senado.

En ellos se busca crear un fideicomiso en el que el Estado pueda entregar terrenos de su propiedad en desuso, con destino al desarrollo de “colonias o comunidades agrícolas para el acceso a la tierra y a la vivienda familiar, única y permanente”. Los beneficiarios pagarán su valor a través de un crédito hipotecario financiado por el fondo fiduciario.

Entre los principales objetivos del proyecto figuran:

  • “Garantizar el acceso y la seguridad de la tierra destinada a la vivienda y la agricultura familiar, en condiciones de seguridad e igualdad para cualquier persona humana en todo el territorio de la Provincia de Buenos Aires, promoviendo el arraigo de la población en cada territorio, tendiendo a la corrección de disparidades, inequidades e injusticias existentes a partir de la excesiva concentración poblacional en núcleos urbanos y el desaprovechamiento de nuestro suelo y riquezas productivas”.
  • “Desarrollar, desplegar y garantizar accesibilidad y disponibilidad de distintos tipos de herramientas financieras públicas, privadas o mixtas que faciliten, en condiciones sostenibles y subsidiadas, el acceso a la tierra y la vivienda de productores y productoras”.
  • “Desarrollar y financiar, de manera prioritaria, programas coordinados entre la Nación, la Provincia de Buenos Aires y los Municipios, para el desarrollo de la infraestructura necesaria que facilite la instalación y radicación de familias productoras en condiciones dignas, así como para el buen desenvolvimiento de las actividades y capacidades productivas”.