En su discurso anual ante la Duma y el Consejo de la Federación, Vladimir Putin advirtió a Occidente sobre una escalada en el conflicto en el este de Europa y alertó que las tensiones suponen un «riesgo real» de una guerra nuclear. El presidente ruso enfrenta semanas de tirantez a la espera de las elecciones para un nuevo mandato, que se desarrollarán entre el 15 y el 17 de marzo y en las que es ampliamente favorito, pero que descuenta que será deslegitimado por las potencias de la OTAN.
En ese contexto el viernes resultaron detenidas unas 130 personas en el funeral del opositor Alexei Navalni. La muerte en prisión del hombre que encarnó a la oposición a Putin y con el que la OTAN y EE UU plenteaban una estrategia para enfrentar al oficialismo, complicó al Kremlin, que terminó acusado de haber eliminado a su principal oponente político interno. Inesperadamente, el jefe de los servicios de espionaje ucranianos, Kyrylo Budanov, declaró en una entrevista que según sus informes, Navalni murió a causa de un coágulo de sangre que se había desprendido.
El mensaje de Putin –que no hizo referencia al preso fallecido– apuntaba directamente a las últimas movidas en el continente europeo. Por un lado, esta semana el parlamento húngaro aceptó el ingreso de Suecia a la OTAN, un hecho temido por Rusia porque tras el ingreso formal de Finlandia en abril pasado, estratégicamente la organización atlántica está en capacidad de bloquearle la salida del mar Báltico por San Petersburgo y a su territorio de Kaliningrado, algo que no había ocurrido ni en la época de la Unión Soviética.
Además, crecen las voces amenazantes desde Europa. El presidente francés, Emmanuel Macron, avisó que podría enviar tropas a Ucrania en el marco de la guerra contra Rusia. Por si quedaban dudas, Macron agregó: «Cada una de las palabras que pronuncio sobre este tema está sopesada, pensada y medida». Y el primer ministro neerlandés Mark Rutte firmó con el presidente Volodimir Zelenski un acuerdo de seguridad con Ucrania durante un viaje a Járkov.
Del otro lado de ese país, el Parlamento de Transnistria pidió la protección de Moscú. Se trata de un territorio de lengua y cultura rusa en la república de Moldavia lindante con Ucrania que se declaró independiente en 1992 aunque nunca fue reconocida fuera de Rusia. En ese pequeño territorio de poco más de 4100 kilómetros cuadrados viven «más de 220.000 ciudadanos rusos», dicen los legisladores, que aseguran enfrentar «amenazas sin precedentes de naturaleza económica, socio-humanitaria y político-militar», de Moldavia.
No hizo falta demasiado para que los analistas europeos perciban similitudes con el inicio del conflicto en Ucrania. Desde 2020 gobierna en esa exrepública soviética la proeuropea Maia Sandu, una economista formada en Harvard que en diciembre anunció que se postulará para un nuevo periodo en noviembre próximo. La «reintegración» de Transnistria figura entre sus proyectos desde que llegó al poder y dijo que está haciendo «pequeños pasos» para lograrlo. En ese contexto es que la legislatura lanzó el pedido a Moscú, que por ahora guarda silencio, aunque ya avisó que no le cabe un alfiler.