El exoficial de la Federal Roberto Álvarez declaró en la causa “Contraofensiva Montonera” mirando a cámara, desde la virtualidad, por las reglas de distanciamiento social que impuso la pandemia de coronavirus. A través de su pantalla, Aixa Bona lo miró con detenimiento. Lo escuchó hablar, observó su gestualidad. Y no tuvo dudas: era quien la había trasladado de su cautiverio en Campo de Mayo a la Comisaría de San Martín, donde permaneció varios días secuestrada. La sobreviviente avisó a su abogado, que avisó al tribunal. Finalmente, la jueza Alicia Vence lo procesó: ya no era solo un testigo.

“Aixa Bona estaba mirando la audiencia como una testigo víctima. Accedió a esa imagen como público, con la diferencia de que, en vez de ver al testigo de atrás, como se lo suele ver, lo vio cara a cara. Vio cómo se movía, lo reconoció con claridad. Cosa que no había sucedido antes. Nunca lo había visto así, tomándose el tiempo para obervarlo mientras hablaba. Esa fue una de las situaciones que se pudo dar gracias a este modo”, contó la fiscal Gabriela Sosti. Si bien señaló los problemas técnicos y contrastó que la declaración en la sala de audiencias “tiene un efecto reparador que esta nueva modalidad no contiene”, sí rescató situaciones como la de Aixa y remarcó que la virtualidad vino a “resolver una eventual parálisis o excesiva demora en el desarrollo de los juicios, algo por lo que venimos peleando siempre”. Así, con el impulso de querellas y organismos de Derechos Humanos, los 20 debates orales que estaban en curso en los primeros meses de 2020 pudieron continuar pese a la cuarentena.

“Creo que (la virtualidad) vino a cumplir la función esencial de seguir sosteniendo los juicios a pesar de esta dificultad. No es la mejor manera, y sería deseable que cuando vuelva la presencialidad se haga de manera alternativa, porque es cierto que para mucha gente trasladarse a declarar al tribunal resulta muy complejo”, consideró Sosti. Y destacó que, además, la modalidad permitió que, “por ejemplo, en este momento en el Juzgado 4 haya dos juicios en el día: porque cada uno está en su lugar, en su casa, y solo tiene que cambiar el link”. Con la urgencia que impone la biología en los juicios a represores, el dato no es menor.

Para Julia Coria, hija de militantes de Montoneros desaparecides en El Vesubio, el modo en que se logró continuar con los juicios de lesa humanidad en la pandemia “deja el antecedente de que puede acabarse el mundo pero no vamos a pasar por alto que hay que juzgarlos y condenarlos”. Era la primera vez que declaraba en un juicio y en un principio sintió gran “desilusión” al saber que sería virtual: “Tenía en la cabeza una escena de declarar mirándolos a los ojos”. Finalmente, la experiencia transformó esa sensación: “Resultó todo ganancia. Me recontra organicé. Me acompañó un montón de gente: amigos desde el exterior, o que estaban laburando y se conectaron. Estaba en mi casa, en mi dormitorio, en mi ley. Terminé, y mi marido me dijo ‘vamos a dar una vuelta’ y después dormí una siesta de 50 horas. Además, eso de estar con fotos alrededor, sentada en un puf, algo de todo eso me resultó acogedor”.

El caso de Coria forma parte del capítulo «Poner el cuerpo», del libro POST cómo luchamos (y a veces perdimos) por nuestros derechos en pandemia –editado por Siglo XXI–, donde desde el Cels analizaron cómo fue declarar en juicios de lesa humanidad sin el marco simbólico de la sala de audiencias y los abrazos posteriores. “Queríamos saber qué les pasó a les testigues víctimas, porque han tenido que declarar en un escenario muy particular. Son delitos gravísimos, ya declarar conlleva un montón de movilizaciones, y estamos acostumbrados a verlos en las salas, con amigos y familiares acompañándolos. Ahora nos veíamos en nuestras casas, en ámbitos reducidos, y pensamos si habíamos perdido la dimensión simbólica de los juicios”, dijo Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del Cels. “Rescatamos cómo cada uno y cada una pudo tomar ese espacio que no era el de la sala y utilizarlo para poder poner la palabra por los que ya no están, interpelar al Poder Judicial y al Estado”, resaltó.

Ese clima para testimoniar, también ayudó a Sandra Missori a contar más de lo que había contado hasta ahora sobre su paso por Campo de Mayo. “Me costó mucho hablar. En la última declaración, como fue online, el secretario del juzgado me ayudó mucho, con mi psiquiatra y mi esposo al lado. Dije más cosas que me tenía guardadas. Muchas cosas de mi tortura que por vergüenza no decía”, contó a Tiempo. Había declarado otras veces antes. Pero algo de la «nueva normalidad» la instó a decir más.  «

Los juicios ganaron visibilidad

La virtualidad generó un efecto inesperado: abrió una ventana a los juicios por crímenes de lesa humanidad. “Pudo ver las audiencias un montón de gente que nunca hubiese podido ir a las salas. Porque son chicas, están lejos. Esto habilitó que los juicios fueran vistos incluso por personas fuera del país. El alegato de Contraofensiva tuvo a miles de personas mirando. Esto nunca se había logrado”, explicó Sosti, y planteó la necesidad de que esa posibilidad continúe en la pospandemia.

La situación excepcional puso en evidencia el rol vital de los medios comunitarios en la cobertura de estos procesos. Es el caso de La Retaguardia: tras 17 años siguiendo las causas orales, en pandemia obtuvo autorización para transmitir en vivo algunos juicios. Desde su canal de YouTube se puede acceder a las audiencias desde una computadora o un teléfono móvil. De hecho, fue a través de esta vía como la testigo Aixa Bona siguió la causa “Contraofensiva Montonera” e identificó a su secuestrador.