El presidente, Alberto Fernández, presentó hoy el proyecto de Reforma Judicial que incluye la unificación del fuero federal porteño con el Penal Económico para crear el Fuero Penal Federal de la Capital Federal. Crea 23 nuevos juzgados e impulsa la investigación en manos de los fiscales.

En un sobrio acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, rodeado por dos representantes de la cabeza del Poder Judicial, la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, y el del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, entre otros funcionarios, el Jefe del Estado describió el proyecto que ingresará por el Senado en las próximas horas.

Fernández también puso en marcha el “Consejo Consultivo” que tendrá como misión “repensar el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público”. El presidente aclaró: “No existe en mi ánimo el deseo de condicionar la decisión de este consejo consultivo. No estarían acá si se sintieran limitados a expresarse libremente”.

El anuncio estuvo precedido de un derrotero histórico y una valoración política de los últimos años en el Poder Judicial.

Fernández recordó que fue la entonces legisladora Cristina Fernández de Kirchner quien impulsó la reducción del número de jueces de la Corte Suprema de nueve a cinco, que fue Néstor Kirchner quien se auto limitó en la elección de los jueces del máximos tribunal. Destacó la designación del difunto Esteban Righi como procurador general de la Nación y resaltó a aquella “corte lujosa” que integraron, entre otros, Carmen Argibay, Carlos Fayt, Enrique Petracchi y Raúl Zaffaroni, aunque sin nombrarlos.

En ese mismo sentido recordó que en los cuatro años de gobierno de Cambiemos “se afectaron las reglas de la imparcialidad” y, al mismo tiempo, se suspendió la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal que pone la investigación en manos de los fiscales. Así, los jueces se convirtieron poco menos que en emperadores de las causas y contaron para ello con la intervención espuria de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

La reforma, anunció el presidente, se propone terminar con la “manipulación de jueces que respondieran al poder de turno” y al mecanismo que consagró “la arbitrariedad procesal en desmedro del debido proceso”; la creación de la “doctrina Irurzun” por la que “el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados”. “Busco hacer la república que todos reclaman pero algunos humillaron”, desafió.

Las claves

El anuncio contiene el “Proyecto de ley de organización y competencia de la justicia federal” y la creación de la Justicia Federal Penal, que pasará a tener 46 juzgados: 23 actuales y 23 vacantes para los que deberán ser designados 23 nuevos magistrados.

Mientras se concursan esos 23 cargos, serán designados jueces subrogantes, con intervención de la Cámara Nacional de Casación (el máximo tribunal penal porteño), el Consejo de la Magistratura y el Senado de la Nación. ¿Qué significa eso? Que probablemente 23 jueces penales ordinarios de la CABA tengan en el horizonte la posibilidad de ser jueces federales en el futuro.

También habrá unificación de las Cámaras de apelaciones, creación de nuevos tribunales orales, fiscalías y defensorías.

Tal como lo anticipó Tiempo el domingo, el Presidente confirmó que la totalidad de las investigaciones y juicios en curso por presunta corrupción entre 2003 y 2015 no se modificarán y seguirán como hasta ahora.

El proyecto contempla también la transferencia de todas las competencias penales de los jueces que tienen sus despachos en el Palacio de Tribunales a la órbita del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, “completando el proceso de transferencia de competencias penales”, pendiente desde 1994.

Se unificarán los fueros Civil y Comercial Federal con Contencioso Administrativo Federal y habrá un plan de fortalecimiento de la justicia federal en el interior del país, que probablemente incluya la creación de nuevos juzgados, tal vez un centenar.

El proyecto concluye con la enumeración de una serie de “Reglas de Actuación”, cuyas bases principales serán “mantener un trato equivalente con las partes, evitar favoritismos, predisposición o prejuicio, garantizar trato digno e igualitario, ejercicio de la magistratura libre de interferencias y, si ocurren, la obligación de comunicar al Consejo de la Magistratura ese intento de influencia en las decisiones”.

Esa suerte de manual de recomendaciones hace hincapié en “evitar que el clamor público y el miedo a la crítica incidan en las decisiones judiciales”. Que los jueces eviten “valerse del cargo para defender o promover intereses privados”. El incumplimiento de esas pautas –anunció Fernández- “será causa grave de mal desempeño”.

“No es hora de imponer decisiones, es hora de construirlas en conjunto. Es hora de tener una justicia proba, en la que no influyan los poderes mediáticos, fácticos y políticos”, se esperanzó el Presidente.