La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) rechazó el «protocolo para el mantenimiento del orden público» con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes, anunciado ayer por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y adelantó que pedirá la «derogación por vía judicial». Para el organismo, el protocolo «es una remake recargada del que presentó al mes de asumir el mismo cargo en el gobierno de Mauricio Macri, y que nunca fue utilizado por ser manifiestamente ilegal».
Desde la APDH se analizó que «la norma contraría totalmente nuestro ordenamiento jurídico y abre las puertas a la comisión de delitos graves por parte de las fuerzas de seguridad federales encargadas de implementarlo reprimiendo a quienes participen de marchas y movilizaciones callejeras».
Este jueves, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó el denominado «protocolo para el mantenimiento del orden público» con el fin de asegurar la libre circulación ante la organización de piquetes o bloqueos, lo cual derivó en el repudio de agrupaciones sociales y dirigentes políticos que consideraron a la medida como «inconstitucional» y una «amenaza» ante una posible conflictividad social tras las medidas del Gobierno.
Contra el Protocolo de Bullrich
Desde APDH, se evaluó que «el Estado, en todos sus estamentos, debe garantizar el respeto a los derechos a disentir y a reclamar» y se apuntó que «la fuerza pública debe utilizarse para que no se impida el ejercicio de esos derechos, jamás para reprimirlo».
«La protesta social pacífica, en sus diferentes expresiones -movilizaciones, reuniones y también cortes de rutas y calles-, es parte de una expresión democrática porque la democracia, en sociedades diversas y desiguales como la nuestra, no reposa en los acuerdos sociales sino en los desacuerdos. La democracia es la posibilidad de convivir aún en el desacuerdo», se sostuvo.
Para la Asamblea, «la libertad de expresión y los derechos que de ella se derivan son los que están más cerca del nervio democrático de la Constitución Nacional, y por ende los que todo gobierno debe defender con mayor energía y compromiso».
En ese marco, se consideró que la nueva norma es «inconstitucional y rotundamente antidemocrático», y se aseguró que «la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos rechaza la deplorable decisión gubernamental, anuncia que postulará su derogación por vía judicial y reafirma su compromiso en defensa de las libertades y los derechos fundamentales que la norma pretende cercenar».
