Se realizó la protesta de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) en 500 puntos distintos de todo el país. En esa línea, este diario dialogó con referentes populares del conurbano bonaerense y de la provincia de Jujuy, quienes contaron la situación de hambre y miseria que se viven en las barriadas tras la decisión que tomó la titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, de no entregar los alimentos a los comedores comunitarios.
El gobierno viene tomando decisiones «de manera irregular con respecto a la entrega de alimentos a los merenderos, ollas populares y comedores«, señaló Pablo Puebla, dirigente nacional de las Organizaciones Libres del Pueblo (OLP), que forma parte de la UTEP, en diálogo con Tiempo. Continuó apuntando que estos espacios están registrados legalmente en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (ReNaCoM) como pide el Estado, bueno la mayoría de ellos, porque también hay otros que fueron surgiendo por el aumento de la pobreza en los territorios de todo el país», agregó.
Nacer al calor del fuego del 2001
Son los espacios de contención “creados por la comunidad organizada, no son del gobierno nacional, provincial y municipal”, explicó Puebla. También recordó que las organizaciones sociales nacieron “al calor del fuego de la crisis del 2001 que culminó con un estallido social, hoy la gente está desesperada porque no tiene nada; no hay comida”.
Esto se ve agravado por las medidas “que toma el gobierno contra de la distribución de la riqueza en los barrios, ahora no nos dan ni las sobras, tampoco hay nada en los tachos de basura para quienes allí buscan algo para comer, el bolsillo del trabajador asalariado está vacío; absolutamente nada”, aseguró el referente nacional.
El gobierno anterior “con todos sus defectos entregaba comida, eso no faltaba, Milei quiere la muerte de nuestro pueblo”, denunció Puebla. Siguió relatando que es por eso “que salimos nuevamente a las calles, porque sabemos y estamos totalmente convencidos, que las grandes movilizaciones de las militancias han conquistado los derechos que hoy disfrutamos todos, es lo que quieren destruir atacando a las organizaciones sindicales”.
Por eso, este viernes realizaron “cortes de rutas, nosotros lo hicimos en distintos puntos del conurbano bonaerense y a lo largo y ancho de todo el país nuestros compañeros, pero dejamos libres los accesos a la Capital Federal, queremos que la ministra nos reciba y nos ayude a encontrar una solución a esta situación de hambre que aqueja a la población en su conjunto”, cerró el dirigente nacional.
La UTEP alerta sobre una situación desesperante
Se manifestaron en el marco de los 500 cortes que se realizaron en distintos puntos del país. “Nosotros lo hicimos en la rotonda de Ruta 8 y Avenida Márquez, también en Ruta 4, con el fin de visibilizar el conflicto, porque es muy grave, el último índice de pobreza que se conoció es del 60% y la situación es desesperante”, contó Zulma Monges, responsable de la UTEP-Evita del partido bonaerense de San Martín.
Ante esta situación “que nos toca vivir, el gobierno nacional ha tomado la decisión de no entregar mercadería a los comedores, desde que asumieron no nos reciben en sus despachos y no tenemos ningún tipo de diálogo con ellos”, reclamó Zulma. No tuvieron ninguna respuesta, “hay comedores que lamentablemente tuvieron que cerrar por no tener alimentos”, lamentó.
Están atravesando una situación de “crisis alimentaria en los barrios y necesitamos una respuesta del Ministerio de Capital Humano urgente”, reclamó la referente popular. También pidió que se destrabe “el congelamiento de Potenciar Trabajo, porque desde diciembre que nuestras compañeras y compañeros están cobrando solo 78 mil pesos y no les alcanza para nada, encima en marzo empiezan las clases”.
Dijo que la gente no tiene para comprar “los útiles escolares, tampoco llegan a pagar el alquiler, ni siquiera para comer tiene, esta situación no se aguanta más, el ajuste se siente todos los días en los barrios y por eso las organizaciones que somos parte de la UTEP resolvimos tomar esta medida que es parte de nuestro plan de lucha que recién comienza”, terminó Zulma.
Sobre la inflación
La inflación “supera el 20% y nos está golpeando muy fuerte los aumentos de los alimentos, transportes, alquileres, remedios y de muchas otras cosas, nuestro pueblo tiene muchas necesidades básicas insatisfechas” sostuvo Abigail Luque, referente de Las Organizaciones Libres del Pueblo (OLP) de San Martín. Además, explicó que Javier Milei y Sandra Pettovello “bloquearon la última posibilidad que tienen nuestros barrios, villas y asentamientos, que es la asistencia alimentaria”.
Es el último recurso “que tienen los vecinos y nosotros no se la estamos pudiendo brindar, es una situación que ni siquiera durante la pandemia la hemos vivido”, comparó Abigail. Porque en esos momentos “los comedores, centros educativos y curas villeros trabajamos en conjunto en los territorios, cumplimos con la asistencia de principio a fin del aislamiento social”, repasó.
Hay vecinos que “me golpean la puerta de mi casa y me piden un paquete de fideos”, aseguró muy angustiada. “Intentamos establecer un diálogo con la ministra, pero hasta el momento no nos brindó ninguna respuesta, por eso seguiremos con nuestro plan de lucha, porque son 44 mil comedores populares en todo el país que no tienen un kilo de alimento”, enumeró.
De todos modos “nosotras seguiremos poniendo el pecho en los barrios”, remarcó Abigail. Porque las organizaciones sociales “nos hicimos en las calles y ahí estaremos hasta que nos den una respuesta como corresponde”, concluyó.
Miles de familias sin comida
Realizaron la protesta junto a muchas organizaciones sociales y políticas “en el marco de esta jornada nacional de lucha contra el avasallamiento del gobierno nacional. Puntualmente, contra la decisión de la ministra de no entregar la mercadería a los comedores comunitarios en todo el país”, dijo Melisa Cáceres, referente de Libres del Sur en zona norte. La situación “es muy grave, porque en los últimos tres meses la pobreza aumentó en gran manera, de este modo están impidiendo que miles de familias accedan a un plato de comida”, subrayó.
El ajuste lo está pagando «el pueblo trabajador, no hay ninguna medida que pueda amortiguar el duro momento económico que estamos viviendo las mayorías populares”, denunció Melisa. Consideran que el discurso de Pettovello “sobre que quiere sacar a los intermediarios que recibimos los alimentos no tiene razón de ser, es solo una estrategia para desorganizar al pueblo”, agregó.
Fue la organización comunitaria “de las militancias, iglesias, clubes y escuelas que lograron establecer estas redes comunitarias, no se pueden romper y desarmar por decisión política en un momento tan difícil de nuestro país”, explicó la referente popular. Pero el gobierno sí les destinó “un porcentaje importante a las iglesias evangélicas, por medio de un convenio que se firmó durante las últimas semanas”, se quejó.
Todo esto muestra “la clara intención de desorganizar esta red comunitaria que hemos formado con mucho esfuerzo y que viene resistiendo hace muchos años, mientras tanto, en los comedores se van sumando familias enteras todas las semanas”, terminó Melisa.
La situación de hambre y miseria en Jujuy
Estuvieron en el Acceso Sur de la capital jujeña, San Salvador, “junto a cientos de compañeras y compañeros, somos decenas de organizaciones sociales, que llevamos adelante esta medida de fuerza que es el resultado de una situación de hambre y miseria extrema que está sufriendo nuestro pueblo”, contó Miguel Ramos, de la Asamblea Trabajo y Dignidad (ATD) que es parte de la UTEP y militante del Partido Político AJI20. “Es nuestra respuesta a las políticas que impone Milei, por eso estamos nuevamente en las calles”, agregó.
Con mucho esfuerzo, “sostenemos 60 comedores que hoy están sufriendo el desamparo, la violencia y la inhumanidad de un gobierno que está a favor de la casta y los privilegiados de siempre”, aseguró Ramos. De este modo atenta “contra la dignidad de nuestro pueblo, pero sabemos que la salida es la organización y la lucha”, alentó.
Jujuy es el laboratorio central “de todas estas políticas que hoy se están imponiendo en todo el país, somos 180 las y los militantes que estamos imputados en causas penales armadas y en muy poco tiempo iremos a juicio”, denunció el referente popular.
La injusticia que viven “tiene que ver con el levantamiento que hemos hecho el año pasado con la pueblada que se extendió durante meses y que llegó hasta la Ciudad de Buenos Aires, fue con el Molón de la Paz y la permanencia en el Congreso Nacional”, recordó Ramos.
Exigen que establezcan una Constitución “que responda a los intereses de los de abajo, trabajadores, campesinos, indígenas, aborígenes, mujeres y los jubilados, no una Constitución como la que se nos impuso, con balas y cárcel, hay personas que perdieron la vista por la cruel represión de la que fuimos víctimas”, denunció el referente popular.
También dijo que el gobierno nacional como el jujeño necesitan “imponer el miedo y el terror para seguir avanzando con el saqueo al pueblo, destruyendo derechos, hace muchos años venimos soportando a esto gobernantes del mal, siempre hemos puesto el pecho y lo seguiremos haciendo por nuestros vecinos”, enfatizó.
Hoy el colectivo en Jujuy “está 236 pesos y a fin de mes se va a 438, es casi el 100% de lo que es el boleto urbano, por lo que los trabajadores y estudiantes nos vemos totalmente afectados, es terrible todo el daño que ha generado Milei en tan solo tres meses de gobierno”, resumió.
Están pidiendo una respuesta “sobre la partida presupuestaria para los comedores y merenderos que hoy no tienen nada. Hay un abandono hacia todos los espacios comunitarios del país, también pedimos el cese de las bajas a los planes Potenciar Trabajo que es la única entrada que tiene la gente en estos momentos tan difíciles”, reclamó Ramos.
En Jujuy, han saqueado los territorios “para llevar adelante sus negocios, lo hicieron con desalojos violentos, echando a las familias de sus viviendas, con represión y cárcel; ese es el panorama que tenemos acá, de hambre y brutalidad policial”, denunció. Finalizó apuntando que “vivimos en una provincia en la que la Justicia es adicta al poder, donde no existe la división de poderes, tampoco hay garantías constitucionales, por todo esto es que acá nos cuesta mucho más ganar un derecho que en otro lado”.
