Desde el barrio «La catanga» de San Martín hasta la ruta 8: alrededor de 300 personas se manifestaron exigiendo justicia por el crimen de Víctor González, un albañil acribillado por la policía bonaerense, según los vecinos. Acompañaron a los familiares de la víctima, el diputado nacional Leonardo Grosso, y los concejales Zulma Duette y Julián Ríos del Movimiento Evita.
El sábado pasado cerca de la medianoche, oficiales de la Bonaerense dispararon durante casi cuarenta minutos en los pasillos de La Catanga. Según la versión oficial, lo hicieron tras la persecución de supuestos delincuentes a bordo de un Fiat gris. Todos los vecinos que fueron testigos dicen que sólo los efectivos tiraban sin recibir respuesta. González fue alcanzado por al menos dos disparos. Según las mismas fuentes, las fuerzas de seguridad impidieron la entrada de ambulancias y el socorro de la gente a través de una brutal represión.
También participaron de la movilización familiares de Tomás Díaz y Pablo Podestá, quienes fueron asesinados la misma noche, en hechos que dejarían al descubierto la legitimación de la violencia institucional sobre las barriadas populares.
Leonardo Grosso, diputado y titular de la campaña contra la violencia institucional afirmó que «no hubieran hecho lo mismo en cualquier otro barrio. Está claro que la actuación de estos policías es una muestra de inoperancia y brutalidad, porque no entra en la cabeza de nadie entrar a los tiros en un barrio. Podrían haber salido heridos muchísimas más personas».
Carlos González, hermano de Víctor, acompañó a su madre durante la movilización y declaró que «en este barrio hay gente laburante y digna. Le pregunto al presidente ¿qué tiene para decir sobre estos casos de gatillo fácil? Queremos justicia por mi hermano, porque mi familia está destrozada. Pero también por la familia de Tomás y para que esto no se repita más. No pueden entrar y ametrallar a un barrio como si no valiéramos nada».
En los últimos cinco meses se registraron 30 casos de similares características en San Martín y Pilar, todos ellos en barrios obreros. Según las actuaciones judiciales, fueron balas legales y los efectivos de las fuerzas, solo cometieron un exceso de la legítima defensa.
