Un proyecto de ley presentado en la Legislatura Porteña plantea implementar en la Ciudad de Buenos Aires un mecanismo que se debate en las principales capitales del mundo golpeadas por la pandemia del nuevo coronavirus: utilizar las propiedades en alquiler vacías para alojar a los trabajadores de la salud mientras dure la cuarentena, para evitar los riesgos de contagio en sus familias.

La iniciativa, a la que accedió Tiempo, fue presentada por el legislador del Frente de Todos, Matías Barroetaveña y plantea dos medidas fiscales para promoverlo. Por un lado propone financiar los gastos del programa con un impuesto extraordinario del 1% a las propiedades registradas en el barrio de Puerto Madero y para incentivar que los propietarios se inscriban en el sistema, plantea beneficios como la eximición del pago de ABL por dos años y la posibilidad de acceder a un crédito personal del Banco Ciudad a tasa fija preferencial de hasta un 2% del valor de mercado de la propiedad para financiar mejoras de la vivienda.

El sistema es presentado como «Programa Temporal de Alojamiento Transitorio» destinado al «personal del sistema de salud público, privado y comunitario que viva en hogares con personas en situación de riesgo». Sería administrado por el Instituto de la Vivienda de la Ciudad que pagaría el alquiler y las expensas de los propietarios que se inscriban en el programa.

De acuerdo a los fundamentos del texto, la capital cuenta en «138.328 usuarios o viviendas vacías y se estima que hay 13.656 viviendas completas destinadas a alquiler turístico ofertadas en las aplicaciones de alquiler temporario», una cifra que crece con otro componente clave: la cantidad de inmuebles desocupados de dominio privado que posee el Estado porteño. vEl universo de aplicación de la iniciativa empieza on las viviendas vacías, «a partir del análisis de consumo eléctrico anual inferior al mínimo indispensable considerado para su uso permanente». Continúa con las «viviendas de alquiler turístico temporario publicitadas para tal fin en plataformas electrónicas» y con los «inmuebles de dominio privado pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires integrantes del Registro Único de Bienes Inmuebles (RUBI) dependiente de la Dirección General de Administración de Bienes, Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno».

Pero también suma a los departamentos «de conjuntos urbanos pertenecientes al Instituto de Vivienda que se encuentren desocupados» y a los «inmuebles de dominio público pertenecientes al Dirección General de Concesiones factibles de ser acondicionadas para ser habitados por personal del sistema de salud» porteño.

La idea plantea que los propietarios que quieran sumarse al programa puedan hacerlo mediante una solicitud con su aceptación de alquilársela al Estado con «un contrato de alquiler por 3 meses que podrá ser renovable». Como contraparte el Gobierno se comprometerá al pago del alquiler, las tarifas de servicios públicos y las expensas. Las exenciones de ABL serán por el plazo de dos años luego de que finalice ese contrato temporario.

Barroetaveña justificó la iniciativa porque consideró que “la Ciudad debe proteger a los y las trabajadoras de la salud que convivan en hogares con población de riesgo y brindar un lugar de residencia transitorio seguro y próximo a su lugar de trabajo”. Con esta iniciativa se podrían «evitar contagios innecesarios en los y las profesionales; y a la vez, poner a resguardo su entorno familiar”.