El Gobierno nacional inició su mandato con la suspensión casi total de la obra pública en busca del “déficit cero” y ya lleva 15 meses sin cambiar esa postura. El abandono en el mantenimiento y reparación de las rutas nacionales provocó el aumento de la peligrosidad del transporte de personas y bienes en sus trazas, con acumulación de víctimas fatales, costos de logística y pérdidas económicas.

Entidades rurales, organizaciones sociales, grupos de productores, cámaras empresarias y asociaciones industriales de todo el país reiteraron sus reclamos sobre el estado de la infraestructura vial, pero Nación se desentiende y traslada la responsabilidad sobre este tema a las provincias, los municipios y la iniciativa privada.

Según el relevamiento de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina (FADA), el 65% de los caminos rurales tienen inconvenientes o están en mal estado, por eso el sector agropecuario enfrenta enormes pérdidas: solo en la actividad ganadera se estiman más de $300 millones en el último año. En la agricultura, por su extensión y volúmenes, el impacto es mucho más oneroso.

Desde la Asociación Argentina de Carreteras calculan una pérdida promedio de 20 centavos de dólar por kilómetro de más recorrido por los camiones con las cosechas, que fueron de 150 millones de toneladas; según la distancia a los puertos, ese sobrecosto podría rondar los US$900 millones en el año.

Con la coparticipación liberada a cuentagotas y sin los Aportes del Tesoro Nacional, gobernadores e intendentes dependen de sus propias arcas para encarar los trabajos más urgentes en sus rutas provinciales y caminos rurales, pero sin los aportes de la Nación las grandes obras troncales que demandan cuantiosas inversiones quedan aplazadas o directamente descartadas.

La Argentina es el octavo país más grande del mundo por su superficie continental de casi 2,8 millones de km² y su extensión norte-sur roza los 3.700 kilómetros lineales, por eso la logística es un sector estratégico y el flete un componente clave en los costos. La inflación de los alimentos, por caso, no es sólo especulativa, también tiene una alta incidencia el costo del transporte.

En este escenario, el relevamiento del estado de la infraestructura vial, la reparación y mantenimiento de rutas, caminos y puentes, y la realización de nuevas obras son vitales para la interconexión de la población, el transporte de materiales y la distribución de los productos.

Giro a la derecha en las señales de tránsito

En esta materia, el rol del Estado nacional es clave con la asistencia de Vialidad y la inversión pública a lo largo y a lo ancho del país, aunque el presidente Javier Milei cuestionó esta función desde el primer día. 

Por eso realizó un recorte de casi el 78% del presupuesto destinado a gasto de capital en su primer año; en lo que va de 2025, lleva una subejecución del 40% de los fondos para obras viales, según el sindicato de trabajadores del organismo (STVyARA), que además enfrenta despidos masivos y jubilaciones anticipadas en su personal.

El titular de Vialidad anunció la reducción del 30% de la plantilla de 5.200 trabajadores y la Federación del Personal teme que se materialice la amenaza del Gobierno de derogar el Decreto 505/58, que establece el marco legal del organismo.

El presupuesto asignado para Vialidad Nacional ascendió a $604.700 millones, pero solo se remitieron $254.500 millones, mientras que la diferencia fue retenida por el Ministerio de Economía, por lo que ese 42% no remitido afectó en forma directa al funcionamiento del organismo. El gobierno busca privatizar los tramos rentables y, como ya se está viendo, dar de baja a las anteriores concesiones y generar nuevas, remarcan desde el sindicato.

Sin la hoja de ruta que implica un Presupuesto Nacional aprobado por el Congreso, y con la prórroga del anterior sin ajuste por la inflación, el Gobierno llevó a cabo el mayor ajuste del gasto de la historia, con la suspensión de toda la obra pública heredada en proceso, sujeta a sospechas y auditorías, y la paralización de proyectos desde la administración central, aún los licitados y preadjudicados. 

Ahora, nuevamente sin presupuesto de consenso, con la discrecionalidad en el gasto y el ahogo financiero a las provincias, el segundo año avanza sin planes de inversión pública a nivel nacional.

La idea del presidente es la misma: que los gobernadores y el sector privado se hagan cargo de las obras públicas en sus jurisdicciones, sin intervención de fondos de Nación ni, como están desmantelando los organismos centralizados, asistencia técnica coordinada. Los trabajadores de Vialidad Nacional han manifestado que por el estado de deterioro de la red hoy está en juego la vida de la gente.

Más de la mitad de las rutas nacionales en mal estado

El secretario gremial del sindicato de Vialidad, Fabián Catanzaro, denunció que “más de la mitad de las rutas del país están en mal estado, generando un riesgo inminente para los millones de argentinos que transitan estos caminos”. 

Sobre una red de 40.000 kilómetros, tener más de 20.000 con deterioro en la calzada es un motivo de preocupación.

También la Mesa de Enlace hizo referencia al tema en la última reunión con el ministro Luis Caputo. En el documento presentado afirmaron que la falta de infraestructura adecuada ha sido un obstáculo significativo que limita el potencial de crecimiento y la competitividad del sector en el ámbito nacional e internacional. 

La Hidrovía, puentes, trenes y rutas fueron parte de la discusión, justo en el momento en que el Gobierno suspendió la licitación del corredor fluvial e inició la privatización total del Belgrano Cargas.