A la crisis que sufre el sector de los pequeños y medianos productores de Córdoba, se le sumó la significativa suba que tuvo este año el Impuesto Inmobiliario Rural que cobra la provincia. El decreto 19, publicado en el Boletín Oficial, estableció subas con topes de hasta “172,5% respecto del monto de la liquidación efectuada para la anualidad 2024”. Bases Federadas (BF) señaló que, a pesar de la promesa de limitar el aumento según el Índice de Precios Mayoristas (IPIM), “en muchos casos superó el 200%, mientras hay una inflación proyectada para este año del 23%”.
Desde la organización agraria expresaron su preocupación por esta medida ya que “el sector agropecuario, y más precisamente los pequeños y medianos productores, venimos atravesando un año muy difícil”. Detallaron que entre las problemáticas que sufrió el sector se encuentra “la sequía, el incremento desmedido de los costos y servicios y la caída de los precios internacionales”. A esto se sumó “la importación de alimentos, la eliminación de programas del INTA y la falta de medidas por parte del Gobierno que atiendan la crisis”.
El pedido de los productores
En el comunicado, la organización –que integra la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA)– le solicitó al gobernador de la provincia, Martín Llaryora, que revea este “aumento desmesurado” del impuesto inmobiliario rural y que se determine qué programas se pueden generar desde la provincias para “mitigar el actual y mayor exterminio de pequeños y medianos productores”.
Por otra parte, las entidades asociadas a las patronales agroexportadoras también expresaron su malestar, pero desde otra perspectiva, argumentando que “la situación actual de la producción primaria no requiere más impuestos, ni siquiera igualarlos al año anterior”. A pesar de la buena relación entre los dirigentes de la Mesa de Enlace provincial y el gobierno de Llaryora, consideraron el argumento para subir el impuesto como “confuso, ilógico y rebuscado”. Luego de apoyar abiertamente la medida del gobierno nacional de bajar las retenciones, este sector de productores de la zona de Río Cuarto y Marcos Juárez consideró que “el verdadero problema no es el impuesto inmobiliario rural, sino las retenciones que están asfixiando la liquidez del productor”.
El ministro de Bioagroindustria de la provincia de Córdoba, Sergio Busso, justificó el aumento. Detalló que los recursos del impuesto inmobiliario rural no se destinan a rentas generales, sino que el 98% de lo recaudado “se asigna a un fondo agropecuario administrado por el Banco de la Provincia, junto con la Mesa de Enlace y el gobierno provincial” y que la recaudación de este tributo se destina “exclusivamente a la mejora de infraestructura productiva y no al pago de salarios, jubilaciones o programas sociales”. También argumentó que, de “la desproporcionada carga fiscal” que denuncia el sector agropecuario, “solo el 4% corresponde a impuestos provinciales y el 2% a tasas municipales”.
Para el gobierno provincial, el impuesto inmobiliario tiene una relevancia significativa: representa el 7,9% de los ingresos tributarios totales, según datos del tercer trimestre de 2024. Este porcentaje, que es el mismo que tiene la provincia de Entre Ríos, es uno de los más altos a nivel nacional. En promedio, el impuesto representa aproximadamente el 5% de los ingresos tributarios totales de las provincias. Mientras que en Buenos Aires alcanza el 7,6%, hay provincias como Chaco, Chubut, Salta y Santa Cruz que registran una menor participación de este tributo en sus ingresos.
El impuesto inmobiliario es recaudado por las provincias y, en algunos casos, por municipios. Este tributo se divide en dos categorías principales: inmobiliario urbano (edificado y baldío) e inmobiliario rural. Su cálculo se basa en la valuación fiscal del inmueble, que generalmente es inferior al valor de mercado, una base imponible y las alícuotas aplicables.
Mientras que la dirigencia del campo concentrado –que presionó por la quita de retenciones y especula con la devaluación– reclama por la baja en la rentabilidad proyectada, para los pequeños y medianos productores es la oportunidad de “discutir el modelo agrario actual”. Esta suba de impuestos para el sector se ve agravada por los pocos programas de asistencia, los insumos dolarizados, la importación indiscriminada de alimentos y la sequía, que van dejando un campo cada vez más desierto.
