El ex subjefe de la Policía Metropolitana Ricardo Raúl Pedace fue procesado este jueves por la represión en el hospital neurosiquiátrico Borda, el 26 de abril de 2013. Actualmente es director de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La medida judicial fue dictada por la Sala V de la Cámara Nacional Criminal y Correccional, por presunto abuso de autoridad en concurso con lesiones leves a 32 damnificados, entre ellos a pacientes, personal médico y de enfermería, legisladores, trabajadores y periodistas que cubrían operativo policial.
Por órdenes del Ministerio de Seguridad, la entonces Policía Meropolitana (PM), se desplazó esa mañana al neurosiquiátrico “para brindar seguridad en ocasión del desalojo y demolición del Taller Protegido 19”, donde se intentaba ubicar una obra impulsada por el Ministerio de Desarrollo Urbano del gobierno porteño.
Pedace fue sobreseído porque se consideró que el día del hecho se hallaba en el lugar cumpliendo funciones bajo el cargo de subjefe de la Metropolitana, debía sujetarse a lo que ordenara el entonces titular de la fuerza, Horacio Giménez, también implicado en la causa.
En esa línea la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional revocó los fallos de instancias inferiores que favorecieron a Pedace porque había declarado que “la situación era confusa”, que no advirtió la represión policial o que obedeció órdenes que no resultaban manifiestamente ilegales.
En la resolución dictada el martes 13 de agosto por la Sala V se concluyó que Pedace habría ejercido su cargo de un modo contrario a la norma que regula su desempeño, la Ley 2894 de Seguridad Pública de la CABA. La misma expresa en su articulo 5°.- “La seguridad pública es deber propio e irrenunciable del Estado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que debe arbitrar los medios para salvaguardar la libertad, la integridad y derechos de las personas, así como preservar el orden público, implementando políticas públicas tendientes a asegurar la convivencia y fortalecer la cohesión social, dentro del estado de derecho, posibilitando el goce y pleno ejercicio, por parte de las personas, de las libertades, derechos y garantías constitucionalmente consagrados.”
Al respecto los camaristas Ignacio Rodríguez Varela, Hernán López y Magdalena Laiño acotaron que Pedace habría omitido tomar las medidas a su alcance para evitar el “torpe y desproporcionado accionar policial”, y las consecuencias que el mismo provocó.
Además recordaron que, según el sumario, ese accionar “implicó arrojar gas pimienta directamente en el rostro de los ciudadanos, golpear hombres y mujeres con tonfas y escudos, propinarles puntapiés, incluso cuando se hallaban caídos en el piso, dispararles postas de goma a escasa distancia por encima de la cintura, a la cabeza e incluso por la espalda”.
Los camaristas concluyeron sobre la materialidad del hecho y la responsabilidad que le cupo a Pedace quien, “frente al conocimiento real y efectivo de que se estaba llevando a cabo un procedimiento irrazonable y excesiva de las fuerzas policiales”, como “alto funcionario policial a cargo”, debió evitar la conducta lesiva.
La madrugada del 26 de 2013 más de un centenar de policías de la Metropolitana y varias cuadrillas de operarios ingresaron maquinaria de demolición al Hospital Borda, tras cortar las cadenas de un portón trasero, sobre la calle Perdriel.
Los uniformados fueron, supuestamente, a constatar que se derrumbara un taller del hospital para construir el mentado centro cívico de la ciudad. Los médicos y pacientes protestaron, los uniformados reprimieron. Más tarde, ya con legisladores porteños, sindicalistas y periodistas presentes, las fuerzas de seguridad volvieron a embestir. La jornada culminó con al menos 20 civiles hospitalizados, 17 agentes heridos y ocho detenidos.
