El tratamiento y aprobación del proyecto original de reforma laboral en el Congreso nacional quedarán como una cuenta pendiente del mandato presidencial de Cambiemos. A lo sumo, según reconocieron desde la cartera de Producción y Trabajo, aspiran a lograr consenso para un proyecto limitado que recoja los artículos vinculados con el blanqueo laboral y la posibilidad de habilitar un Fondo de Cese Laboral en algunos sectores que así lo acuerden. El propósito es el de ofrecer un gesto a las patronales industriales y de servicios en el sentido de que el tema sigue en agenda y será prioritario en un hipotético segundo mandato presidencial.
Es que las dificultades que se han generado en el terreno financiero y cambiario se han traducido en tasas de interés exorbitantes para garantizar un nuevo ciclo de bicicleta financiera para desestimular la fuga hacia el dólar. Esas tasas, sin embargo, se tornan imposibles para los sectores productivos que buscan compensar esa pérdida de competitividad avanzando sobre los costos laborales.
Esa «frazada corta» ha comenzado a expresarse en una fractura del bloque empresarial que oficia de base de sustentación política para el gobierno. Por eso el Ejecutivo se ha visto obligado a reabrir el curso de discusiones para reformar convenios sectoriales aunque, por el momento, sin éxito.
Mientras, y a los tumbos, las patronales han optado por avanzar en ese camino por la vía de los hechos. Para eso han recurrido al Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), un mecanismo contemplado por la ley pero al que apelan a fin de imponer nuevas condiciones de trabajo. Los PPC presentados ante la cartera labora en 2018 registraron un salto del 70% con relación a 2017, según datos de Trabajo a los que accedió Tiempo. Estos recursos, de ser aprobados, habilitan el pago de indemnizaciones por despido por el 50% del valor estipulado por la Ley de Contratos de Trabajo. La reducción de las indemnizaciones es uno de los puntos más controvertidos del proyecto de ley de reforma laboral original que no ha sido presentado al Congreso luego de las protestas contra la reforma previsional de diciembre de 2017 acalladas con una fuerte represión.
Pero, además, la práctica apunta a generar planteles con bajo costo y, sobre esa base, imponer una mayor carga de trabajo y hasta la polifuncionalidad a los empleados que continúan trabajando. Así, siempre bajo el amparo de la amenaza de cierre, las empresas avanzarían en la aplicación de otro de los artículos de la postergada reforma laboral, el denominado «ius variandi» que concede a las patronales el derecho de modificar las condiciones de trabajo.
En los últimos días, empresas con décadas de actividad en el país como la fábrica de neumáticos FATE, parte del grupo Madanes que gestiona ALUAR, entre otras firmas, presentó un PPC que, según denunció el sindicato SUTNA, apunta a imponer una reforma laboral en los hechos.
El mismo camino tomó Editorial Atlántida que, según denuncian los delegados de la comisión interna del SiPreBA, persigue el propósito de imponer despidos con indemnizaciones al 50% y modificar las condiciones laborales de los trabajadores que continúen en su labor.
Pero el fenómeno atraviesa todo el país y prácticamente a todos los gremios: alimentación, transporte, automotrices, metalúrgicas, textiles y un largo etcétera. Además, alcanza tanto a pymes como a grandes compañías.
León Piazek, miembro del Consejo Directivo de la Asociación de Abogados Laboralistas y uno de los asesores letrados del Sindicato de Prensa de Buenos Aires, observó: «El Procedimiento Preventivo de Crisis habilita a las partes a acordar un llamado ‘convenio de crisis’. Allí se pueden pactar una serie de medidas, como la reducción horaria, los cambios de turno o suspensiones, además de la ayuda del gobierno a través de Repro.» Piazek advirtió que «podrían ir más a fondo y reformar los convenios colectivos de trabajo provisoriamente, hasta que se resuelva la supuesta crisis».
El presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, por su parte, destacó que el crecimiento de este recurso «no tiene sólo que ver con la crisis económica, sino con el hecho de que hay un escenario muy favorable a los empresarios en el Ministerio de Producción y Trabajo, que los viene favoreciendo en cada procedimiento. La estrategia está al servicio de las empresas, no siempre habiendo demostrado que fuera necesaria o efectiva tal o cual medida», sentenció. «
La revolución de los aviones aterriza de emergencia
Hace apenas un año y cuatro meses que vuela por el país Avian Líneas Aéreas, ex Macair Jet del Grupo Socma, el de la familia del presidente Mauricio Macri.
Sin embargo y a contramano de la mentada «revolución de los aviones» anunciada por el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, la empresa ya dio inicio a un pedido de Procedimiento Preventivo de Crisis en el Ministerio de Producción y Trabajo, según confirmó a este medio Pablo Biró, titular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas. Biró, además, adelantó a Tiempo que «la empresa ya habla de despidos».
Según el portal especializado aviacionenargentina.com, «dicho procedimiento buscará, entre otros detalles, la caída de los convenios colectivos de trabajo homologados, acordar un salario de crisis en torno al 75% de los sueldos actuales para garantizar los puestos de trabajo en un marco de diálogo y paz social.»
El recurso de crisis se produce cuando todavía la justicia no concluyó su investigación acerca de los términos de transferencia de Macair en favor de Avianca y el otorgamiento de rutas aerocomerciales en detrimento de Aerolíneas Argentinas. En esa causa se señala al propio presidente, al jefe de Gabinete, Marcos Peña, y al ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, como presuntos responsables de promover una competencia desleal en favor de esa firma.
