Después de que el gobierno reconociera que el decreto “no se respalda en ningún informe técnico ni dictamen jurídico”, la Coordinadora de Abogades de Interés Público (CAIP) y el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas reclaman a diputados y senadores “la obligación de rechazar” el DNU.
Días atrás y tal como contó Tiempo, estos espacios habían hecho un pedido de información pública que les permitió acceder a un documento oficial que confirma la inexistencia de informes y dictámenes para dictar el DNU que cosecha distintos frenos en la justicia.
“Es nulo, de nulidad absoluta e insalvable, por no respaldarse en ningún informe técnico”, sostiene CAIP en base a la respuesta que recibió de la Secretaría Legal y Técnica. “No contiene informes y/o dictámenes técnicos ni jurídicos previos al dictado del mismo«, dice el documento que lleva la firma de María Victoria Marcó.
A partir de esa información oficial, tanto la CAIP como el MNER elevaron cartas a cada uno de los integrantes de las cámaras del Congreso. “Tiene la obligación de rechazar el DNU 70/23. Caso contrario, serán responsables del irreparable saqueo que propone este plan de negocios y de la catástrofe social resultante”, reclaman desde ambos espacios.
Luego de conocerse la respuesta del Ejecutivo nacional, la exsecretaria Legal y Técnica (SLYT) Vilma Ibarra también cuestionó la «validez» del DNU 70/23 a través de un hilo en su cuenta X, ex Twitter. «Un DNU debe ser confeccionado, dictaminado y firmado por funcionarios públicos», aseguró.
“Cuando reconoce que el DNU 70/23 se dictó sin informes técnicos ni dictámenes jurídicos de los ministerios está admitiendo que se violó la ley de Procedimientos Administrativos 19.549 (art. 7)”, explica Ibarra y, además, se pregunta quiénes redactaron el escrito, otro punto clave a la hora de evaluar la legalidad del decreto.
En ese sentido, la CAIP recordó que la respuesta oficial del gobierno también confirmó “que no existe ninguna vinculación entre la Administración pública y Federico Sturzenegger, quien se jacta de ser autor del proyecto». Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también se sumaron al pedido de conocer quiénes escribieron los 366 artículos del DNU 70/23. «Es central para determinar si hubo participación de privados que tengan algún conflicto de interés. La falta de informes técnicos y dictámenes es otra irregularidad que podría derivar en la nulidad del decreto», señalaron en sus redes sociales.
