El proyecto de la llamada Ley Bases está cada vez más cerca de su aprobación en la Cámara de Diputados, pero las empresas resisten el texto que aprobó el Senado y presionan por una versión más parecida al espíritu original de la iniciativa.

Esta semana se destacó el pronunciamiento de las empresas estadounidenses que operan en el país, que en la antesala de la discusión advirtieron sobre reformas integrales que consideran todavía “pendientes”, en referencia a la desregulación administrativa, a la reforma laboral que consideran demasiado leve para impactar en la empleabilidad, y a la aprobación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) al que también perciben como “acotado”.

El comunicado de la Cámara de Comercio Argentino Estadounidense (Amcham) criticó también el alcance de la reforma previsional y expuso sus diferencias con la propuesta sobre regalías mineras.

En una línea similar, la entidad además declaró su preocupación por aspectos del paquete fiscal,  también aprobado en el Senado, y advirtió sobre cambios en relación con el impuesto a los Bienes Personales y con el impuesto a las Ganancias.

Sobre el primero, pidieron a los legisladores que incluyan cambios en temas “como el pago anticipado a cinco años, la reducción progresiva de alícuotas, la actualización del mínimo no imponible y el valor de la casa habitación deducible, y la reducción de la alícuota para los contribuyentes cumplidores”.

También lamentaron la eliminación del artículo 111 del proyecto original que, según consideraron, habilitaba al gobierno a “incrementar los recursos públicos en hasta un 2% del PBI mediante la supresión o modificación de exenciones, gastos tributarios y beneficios impositivos”.

En forma simultánea, el gobierno nacional dejó trascender su deseo de que los Diputados aprueben la versión original, una voluntad que parecen respaldar los diputados del PRO, como aclaró en los últimos días María Eugenia Vidal, exgobernadora bonaerense y actual diputada por ese espacio; y la UCR, según el presidente de ese bloque, Rodrigo de Loredo, quien el viernes elogió los cambios del senado pero aclaró que “los diputados no estamos obligados a votar lo mismo que los senadores”.

Grandes industrias

El proyecto oficial ya tenía el respaldo de instituciones como la Unión Industrial Argentina (UIA), que abogó por el tejido de consensos para asegurar la aprobación en el Congreso.

Los intereses principales de esa entidad pasan por el RIGI, la reforma laboral y la moratoria fiscal, que su junta directiva destacó como “centrales para poner en valor las oportunidades que el país tiene por delante y amortiguar los efectos adversos de la coyuntura actual”.

La apelación al consenso fue más allá de un consejo: los grandes industriales pidieron expresamente que los senadores tomen en cuenta los comentarios y observaciones que hicieron al proyecto que se debatía por esos días en el Congreso.

A su vez, la UIA hizo votos por el tratamiento de una nueva ley pyme de su puño y letra que ya está en la comisión de pequeñas y medianas empresas de la Cámara de Diputados.

Otros sectores representativos del sector industrial pyme son críticos del apoyo de la UIA a la Ley Bases, como la asociación Industriales Pymes Argentinos (IPA), que impugna el RIGI como “un retroceso más para la industria nacional”.

Mientras la UIA aplaudía la aprobación de los senadores, IPA advertía que el proyecto legitimaba una desventaja desleal competitiva para las pequeñas y medianas empresas del sector en un contexto de recesión, inflación alta y aumento del desempleo.

En medio de ese debate, el presidente de IPA, Daniel Rosato, objetó que el texto condicione las compras a proveedores locales a la competitividad de las pymes argentinas: “No somos competitivos por precio porque tenemos costos muy altos. Con esto queda por entendido que la mayoría de las compras no se van a hacer a nivel local”, lamentó el dirigente.

La intención del gobierno es avanzar con una ley pyme generalizada, no solo para las industrias, desde el día después de la aprobación de la versión final de la Ley Bases en Diputados. Para elaborar el proyecto, al que informalmente se llama “mini RIGI”, el gobierno está convocando a todas las cámaras empresariales que tienen representatividad en el segmento pyme.

En ese sentido, esta semana IPA acercó sus propuestas al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al que pidió medidas puntuales para cortar el cierre de pymes que se viene produciendo desde el cambio de signo político en diciembre pasado. «