“La Memoria está en emergencia”, señalaron los organismos de derechos humanos esta semana ante el “desguace y desfinanciamiento” de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación por parte del Gobierno Nacional.
Como ocurre desde la llegada del gobierno de Javier Milei, en los últimos días se produjeron nuevos despidos en áreas sensibles de la Secretaría a cargo del ex juez Alberto Baños y ya son casi 100 los trabajadores y trabajadoras echados o cuyos contratos no fueron renovados.
“El Gobierno avanza sobre el vaciamiento de áreas del Estado, el despido masivo de trabajadores y trabajadoras, y el desmantelamiento de políticas de Estado”, cuestionaron en un comunicado Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, Familiares, H.I.J.O.S. Capital, la APDH, el CELS, entre otros, quienes advirtieron que van a “defender el derecho al trabajo, como también la continuidad de políticas de Estado que fueron logradas con luchas de nuestra sociedad y son parte fundamental de los consensos de nuestra democracia”.
En esas políticas de Estado, la Secretaría fue clave durante los gobierno de Néstor Kirchner, Cristina Fernández y el reciente de Alberto Fernández, impulsando los juicios por crímenes de lesa humanidad, medidas reparatorias a las víctimas y en la búsqueda de los niños robados durante la dictadura, entre muchas otras tareas que, incluso durante el macrismo, se lograron sostener.
La última tanda de despidos abarcó casi a 20 personas, todos con más de 10 años de experiencia, según informaron desde ATE, y afectó particularmente a la Dirección de Sitios y Espacios de Memoria, el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti y el Centro de Atención a Víctimas de Derechos Humanos Fernando Ulloa. Otros sectores afectados fueron anteriormente fueron el Archivo Nacional por la Memoria, Leyes Reparatorias, Prensa y comunicación y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI).
Los despidos se dan en el contexto en el que Mariano Cúneo Libarona avanza con su idea de desarmar completamente el Ministro de Justicia y la Secretaría de DDHH que la integra al pretender eliminar miles de contratos realizados a través de entes cooperadores como la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). De esta manera, el funcionario echaría a más de la mitad de quienes trabajan en la cartera a su cargo y quienes no sean despedidos pasarán a una contratación temporaria con reducción salarial y pérdida de antigüedad y de derechos laborales.
“Más allá de los tecnicismos respecto de las modalidades de contratación que tiene el Ministerio de Justicia, es claro que este es un ataque sin precedentes a la planta de trabajadorxs, sus salarios y las políticas que de ellos dependen. Estamos hablando de medidas que alcanzan directamente a más de 5000 trabajadorxs de todo el Ministerio y a más de 600 de esta Secretaría”, informaron desde la Junta Interna de ATE en un comunicado.
El violento desguace que realiza Cúneo Libarona no sólo implica una parálisis de las políticas públicas que se llevaban adelante sino que genera angustia y desesperación en los miles de trabajadores y trabajadoras del ministerio y ya provocó la muerte de un trabajador del Ministerio, quien sufrió un infarto y no pudo ser asistido con un desfibrilador porque no funcionaban los equipos del edificio.
