El control de precios en los distritos sumó más tirantez a la relación entre el gobierno de Axel Kicillof y los intendentes de Juntos. Los opositores se negaron a fiscalizar los acuerdos por los alimentos, como ya lo habían hecho el año pasado, y pusieron el grito en el cielo por el proyecto de ley que presentó el FdT en la Legislatura para darles «poder de policía» en la guerra contra la inflación. «Son recetas que fracasaron», repitieron casi a coro.

Como parte de la batalla bonaerense contra la inflación, Kicillof dispuso que el Ministerio de la Producción junto a la Secretaría de Comercio Interior y la Defensoría del Pueblo salgan a fiscalizar que se cumplan los precios de las tres canastas de alimentos, frutas y verduras acordadas a nivel nacional. La única forma de que el control sea efectivo es sumando a los municipios que son los que cuentan con la logística para inspeccionar en sus distritos. El operativo arrancó esta semana en una docena de ellos, en su mayoría gobernados por el oficialismo.

En este marco, llegó el pedido del gobernador desde Mar del Plata, donde partcipó del Congreso Nacional de la Unión Obrera Metalúrgica. «Le diría a todos los intendentes de toda la provincia, para no personalizar, que den una mano, que le cuiden el bolsillo a la gente, basta de blablablá», dijo. El mensaje iba directo al intendente local, Guillermo Montenegro, quien había asegurado que la inflación era culpa del «Plan Platita», y a sus pares de Juntos.

Un día después, el FdT presentó un proyecto en el Senado bonaerense que reglamenta el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios y le da facultades a los municipios para aplicar multas, sanciones y hasta clausuras en caso de detectar abusos o incumplimiento de acuerdos. El texto, autoría de Francisco Durañona, generó el rechazo unánime de la oposición. «Vuelven sobre recetas que ya fracasaron», dijo Julio Garro (La Plata). «Quieren que castiguemos a los comerciantes por la impericia del gobierno», saltó Soledad Martínez (Vicente Lopez). «No vamos a perseguir comerciantes», lanzó Diego Valenzuela (Tres de Febrero).

La relación del gobierno provincial con los intendentes de Juntos acumula muchos capítulos de tensión. En la pandemia, la grieta fue por la vacunación, las actividades que se habilitaban o no en la cuarentena y por las clases virtuales. Luego fue por los recursos y las obras o por la ley de reelección, y en los últimos meses por el pase de la policía local o el uso optativo del barbijo.

Aunque todavía falta para 2023, los jefes comunales ya mueven sus fichas para posicionarse en la carrera electoral en la que Kicillof buscará la reelección. Julio Garro y Néstor Grindetti lanzaron este viernes su propio partido, «Hacemos», con el que buscan reclutar a peronistas distanciados del FdT y La Cámpora, imponer una agenda «intendentista» y darle pelea al diputado nacional y ganador de las legislativas 2021, Diego Santilli, al momento de definir el candidato. «