El escándalo de los alimentos no distribuidos entre los comedores populares y la corrupción que recorre al Ministerio de Capital Humano abrió una crisis dentro de la estructura del poder que sustenta al gobierno de Javier Milei.

Una manifestación de ello es la desorientación del periodismo que hasta ahora venía sosteniendo sin fisuras al gobierno. Mientras que algunos comunicadores afirmaron que el asunto está resuelto con la eyección del exsecretario De la Torre, otros pidieron la cabeza de la ministra Pettovello y hasta algún exégeta se animó a reclamarle a Milei que gestione, como si no lo estuviera haciendo.

Esta multiplicidad de voces, cuando antes había una sola, trasciende las fronteras de los medios y los propios periodistas así lo comentan, al señalar que los factores de poder –sus fuentes– siguen con atención la marcha de estos acontecimientos.

Todo el cuadro indica que volvió, redoblado, el debate sobre la sustentabilidad del gobierno de Milei que, aunque nunca dejó de existir, había perdido fuerza dentro de estos sectores.

Quizá la preocupación esté vinculada al hecho de se entendió cabalmente que la gestión mileísta incluyó la decisión de no distribuir los alimentos y dejar en la intemperie tanto a los comedores populares como a los damnificados por las catástrofes naturales. Es una determinación más, dentro de un plan de miseria planificada, como dice Gustavo Sarmiento en la página 6 de esta edición, que afecta al conjunto de los sectores populares.

Quizás el círculo rojo no tomó en serio esta política, o tal vez las abultadas ganancias que acumuló en el primer trimestre del año minimizaron las pocas advertencias que hubo en ese sentido. Como sea, los desaguisados de Capital Humano la pusieron en evidencia.

La alerta en segmentos del poder responde a los riesgos que trae aparejada esta decisión. No son momentos para impulsar la indignación popular. De un lado, los movimientos sociales no han sido desmantelados ni mucho menos, como aseguran los medios acólitos al gobierno, y siguen siendo el canal de organización de muchos sectores empobrecidos de la población.

Del otro, así no cumplan ese rol, la población encuentra canales alternativos de organización, como lo puso de relieve la protesta popular de Misiones. La perspectiva de nuevos tarifazos y la continuidad de la licuación de los ingresos incrementa esa presión.

Pero hay una preocupación mayor. El incremento de los despidos podría incentivar todavía más la confluencia de los dos movimientos, el social y de los obreros organizados, que en estos últimos seis meses se han encontrado constantemente en la calle. Se preparan así las condiciones de un debate donde la consigna del reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, que históricamente levantaron los movimientos sociales, puede prender entre los asalariados.

En el propio gobierno hay conciencia de los límites sociales de sus decisiones. Eso explica porqué –desde Milei hasta Adorni– apelaron a las mentiras con las que trataron de confundir a la ciudadanía respecto de la existencia de los alimentos y su destino.

En los sectores populares crece la indignación con lo hecho por el gobierno. El debate sobre qué hacer recorre los comedores y los barrios. Pronto se verá el resultado. «