No se trata de una estrategia para lograr el equilibrio fiscal. O por lo menos, no se trata únicamente de una política de ajuste. El ataque del gobierno de Javier Milei a la ciencia y a la tecnología tiene razones mucho más profundas. A pesar de que desde la recuperación democrática Argentina ha vivido atravesado políticas pendulares respecto de la inversión en ciencia y tecnología (CyT), nos encontramos frente a una situación inédita. Hasta ahora, el presupuesto dedicado a la función CyT nunca había sido reducido con esta magnitud.
Después de haber crecido el 43% en términos reales en el período 2020-2023, la función CyT del Presupuesto de la Administración Pública Nacional, que agrupa la mayor porción de la inversión pública en el sector, ha descendido un 30,4% a valores constantes respecto de 2023. Para situarlo en la secuencia histórica: en los últimos seis meses, la inversión ha disminuido más que en los cuatro años del gobierno del PRO.
Además, la caída del 95% del presupuesto del ex MinCyT es particularmente grave. Al haber paralizado completamente las obras de construcción de laboratorios y de polos tecnológicos y la compra de equipamientos, se ha afectado a todo el Sistema Científico y Tecnológico (SCT), especialmente a las políticas de federalización de la ciencia.
Muy importante también ha sido el ajuste aplicado sobre los salarios y las becas de los investigadores. En los últimos siete meses, quienes pertenecen al Conicet y quienes investigan en las Universidades han perdido cerca del 26% del poder adquisitivo de sus sueldos. Esta situación se ha visto agravada por las restricciones que ha sufrido el número de ingresantes a las carreras de investigación científica y a las becas de doctorado y postdoctorado y la falta de pago de los aportes de la Agencia I+D+i a los proyectos de investigación. El éxodo de científicos ha adquirido características dramáticas.
El ataque a la ciencia
Volviendo a la afirmación inicial, sostenemos que el objetivo principal de este ataque a la CyT no es únicamente ahorrar recursos. La inversión pública en el sector nunca superó el 0,36% del PBI. Cualquier reducción de este presupuesto no representa un monto significativo para el presupuesto nacional. ¿Por qué entonces una restricción tan importante?
En primer lugar, porque las concepciones que abrevan en la escuela económica austríaca plantean que no debiera existir ningún tipo de políticas públicas hacia este sector. En su libro Ciencia, tecnología y gobierno, uno de sus principales referentes, Murray Rothbard, ha propuesto sobre la CyT: “es solamente función de la economía de libre mercado. Cualquier gobierno que se entrometa en esa función no puede sino distorsionar y obstaculizar la economía, perjudicar al funcionamiento eficiente y al desarrollo de la ciencia y la tecnología y sustituir la libertad individual por una coacción que nadie necesita…”. Entonces, no se trata de definir cuánto y en qué áreas se debe invertir. De ninguna manera el Estado debe “entrometerse” en este sector.
En segundo lugar, el modelo de Argentina que propone Milei no incluye una perspectiva de desarrollo industrial pujante y soberano. Para los libertarios, el objetivo es la construcción de un país basado principalmente en la producción primaria, la exportación de bienes sin agregado de valor, la concentración del capital y la especulación financiera. Una Argentina de estas características puede prescindir tanto de una educación pública de calidad, como de un sistema científico tecnológico sofisticado, capaz de articularse con el aparato productivo y de aportar a la resolución de los grandes problemas nacionales.
Es evidente que el mercado no puede hacerse cargo de la investigación y la innovación tecnológica. Las grandes empresas multinacionales desarrollan la I+D en sus casas matrices y las pymes no están en condiciones de hacerlo sin el apoyo del Estado, de los organismos de CyT y las Universidades. Como bien señala Mariana Mazzucatto: “sin un papel clave del sector público no se puede garantizar un crecimiento basado en la innovación… Es imprescindible una fuerte articulación público-privada”. Sin esta alianza a nivel local, no tendremos soluciones tecnológicas propias y no podremos resolver aquellas problemáticas que, por ser regionales, necesitan de la producción de conocimiento nacional.
El objetivo de desmantelar el SCT quedó en evidencia en el texto original del primer Proyecto de Ley Ómnibus. De acuerdo al mismo, todos los organismos de CyT, incluido el CONICET, podían ser sometidos a la disolución o a la modificación de sus objetivos por parte del gobierno sin pasar por el Parlamento. También se proponía la privatización de un conjunto de empresas públicas estratégicas de base tecnológica. La resistencia y el trabajo de la comunidad científica sobre los representantes parlamentarios permitieron que muchas de estas propuestas queden fuera del proyecto de ley finalmente aprobado. Pero, como ya lo ha señalado Sturzenegger, volverán a la carga.
El presidente Milei suele enunciar que su objetivo es que Argentina sea como Irlanda, Corea, Japón, Alemania o Israel. Lo propone lograr en una difusa cantidad de años que varía según su estado de ánimo y la audiencia. Pues bien, para ser como esos países hay que hacer lo que hicieron ellos. Invertir fuerte y sostenidamente en educación, en las universidades y en ciencia y tecnología. Es la principal estrategia para lograr el desarrollo económico y social y la mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos/as al mismo tiempo. El mundo no conoce otra forma de hacerlo. «
