Mónica Mego era una mujer trans de 36 años que falleció en su casa, luego de haber estado detenida en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, con graves problemas de salud y sin recibir asistencia médica. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) se presentó como particular damnificada institucional en la causa. En las últimas semanas, fueron procesados un jefe y siete médicos penitenciarios.
La CPM realizó distintas presentaciones judiciales y pidió una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “denunciando la negación del sistema de salud que padece todo el colectivo trans en cárceles dependientes del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB)”. En este sentido, cabe destacar, todos los informes elaborados sobre instituciones de encierro indican que la primera causa de muerte es porque el acceso a la salud es esporádico; prácticamente nulo.
Orden de procesamiento por la muerte de la mujer trans
El titular de la Ayudantía Fiscal de Delitos Acaecidos en Unidades Carcelarias del Departamento Judicial de La Plata, Gonzalo Petit Bosnic, durante las últimas semanas decidió procesar a los ocho imputados. Se trata del jefe de asistencia y tratamiento Juan Manuel González y sus agentes Walter Raúl Piñón, Matías Pérez Núñez, Francisco Artola, Claudio Piccin, Elvira Tucto y María Guzmán.
Todos ellos deberán comparecer ante el magistrado entre el 27 de mayo y el 4 de junio para ser indagados por los terribles hechos acontecidos. La Investigación Penal Preparatoria (IPP) “persigue los delitos de abandono de persona agravado, vejaciones, severidades y lesiones culposas”, detalló Sandra Raggio, directora general de la CPM, a Tiempo.
Hasta el momento los investigadores han recogido elementos de prueba suficientes para acreditar una situación de abandono de persona. En la actual etapa del proceso, pudieron acreditar que entre el 16 de febrero y el 21 de marzo de 2019 en la UP 32, “uno de los jefes del área de asistencia y tratamiento del penal, de apellido González, abandonó a la víctima mientras se encontraba alojada en el pabellón 11 de diversidad del módulo C padeciendo falta de acceso a la salud”, denunció la directora general.
Desidia institucional
También señaló que la historia de Mónica en el encierro punitivo “es de desidia institucional, violencia y discriminación que ejerce un sistema carcelario que vulnera los derechos de las personas trans”, describió Raggio. La víctima durante seis meses “reclamó asistencia médica advirtiendo que sentía un fuerte dolor en la espalda, no recibió ayuda, su cuadro empeoró hasta el punto de no poder caminar sola, contrajo una parálisis”, reconstruyó.
Primero estuvo en la Alcaidía Pettinato y luego en la Unidad Penal 32 de Florencio Varela, “donde sólo recibió paracetamol e ibuprofeno”, apuntó la directora general. Siguió relatando, “cuando la derivaron al Hospital San Martín ya era tarde, su enfermedad había avanzado mucho”.
Causa de la parálisis
Raggio explicó que cuando llegó al nosocomio en estado pésimo, “fue operada de un ‘absceso epidural en la médula por tuberculosis’, eso había sido lo que le provocó la parálisis definitiva de sus miembros inferiores y la necesidad de usar una sonda urinaria, entre otros graves problemas que padecía”.
Por todo esto, el jefe del área de asistencia y tratamiento, “acaba de ser procesado por abandono de persona calificado y lesiones”, apuntó. También está acusado de haber cometido “severidades y vejaciones a las que sometió a la víctima cuando fue reingresada al penal luego de la intervención quirúrgica”, denunció la directora general.
Durante la investigación quedó al descubierto que el penitenciario González, “la trataba muy mal, pese a su grave situación de salud la encerró en un buzón de castigo, allí la víctima recibía tratos humillantes y degradantes por su condición de mujer trans”, subrayó Raggio.
También pudieron acreditar que los otros siete agentes procesados son parte del personal de sanidad del penal 32 y 23 del Complejo Carcelario de Florencio Varela y que actuaron siendo cómplices y agravando esta terrible situación. Se trata de los penitenciarios Walter Raúl Piñón, Matías Pérez Núñez, Francisco Artola, Claudio Piccin, Elvira Tucto y María Guzmán.
El traslado al hospital extramuros
La instrucción de la causa también revela que ninguno de los agentes imputados pidió su traslado al nosocomio zonal; “lo hizo la enfermera Vanesa Ramírez, tras los constantes reclamos de la víctima”, aseguró Raggio.
Siguió recordando que “nosotros entrevistamos a la víctima en 2019, cuando estaba internada en el Hospital San Martín de La Plata, desde ese momento, realizamos acciones en conjunto con su defensa e hicimos presentaciones ante la justicia y otras dependencias del Estado”.
Finalizando el 2021, “la detenida fue sobreseída, le aplicaron la doctrina y jurisprudencia de la pena natural, entendiendo que los padecimientos de salud que había sufrido la mujer permitían evitar la pena de prisión que se le pudiera imponer”, argumentó.
Sin embargo, al poco tiempo, el diez marzo de 2022, 2la mujer trans falleció y nosotros acompañamos a su familia -que es de Perú- y nos presentamos como particular damnificado institucional para lograr que los responsables de tan aberrante hecho cometido sean juzgados y condenados, por los tratos crueles e inhumanos que protagonizaron”, terminó la directora general.
