Defensores de empresarios y exfuncionarios entre 2003 y 2015 le plantearán a la jueza federal con competencia electoral María Servini que pida la “inhibitoria” del Tribunal Oral Federal número siete para la Causa Cuadernos. ¿Qué significa eso? A partir del fallo de la Cámara de Casación que dispuso que los hechos imputados al empresario Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri) pasen a la Justicia Electoral, la Causa Cuadernos quedó partida. Cuando se inició la ¿investigación?, todos los empresarios estaban acusados de pagar coimas al gobierno de Néstor y Cristina Kirchner para obtener contratos de obra pública. Pero el mismo Poder Judicial que durante cinco años rechazó que el dinero fuera para financiar irregularmente campañas electorales, ahora lo acepta con el objetivo de beneficiar a Calcaterra y, por propiedad transitiva, a Macri.

El fiscal ante la Casación Raúl Pleé se había opuesto a que el caso de Calcaterra y de su co-imputado Javier Sánchez Caballero (ambos de la empresa IECSA, fundada por Franco Macri) pasara al fuero electoral. Casación lo contradijo. ¿Podría el fiscal apelar ese fallo?  “No debería, porque la investigación sigue en el fuero federal y según tiene dicho la Corte Suprema eso no le causa agravio. La eventual apelación debería ser rechazada”, dijeron a Tiempo defensores de otros imputados.

La Cámara de Casación adoptó otra decisión trascendente en los últimos días: rechazó nuevamente un planteo de un grupo de empresarios –Benito Roggio, Carlos Wagner y Mario Ludovico Rovella, entre ellos- para que fueran descartadas sus declaraciones como “arrepentidos” porque –según argumentaron- les fueron arrancadas bajo la amenaza de quedar presos si no lo hacían. Es decir que la Casación mantiene la validez de los “arrepentimientos” (pese a que los propios arrepentidos se auto cuestionaron) porque, en caso contrario, no solo se desmoronaría toda la causa sino que se verían obligados a denunciar a funcionarios judiciales por un delito grave de acción pública.

Además, la Casación exhortó al Tribunal Oral Federal 7 a cumplir con todos los pasos pendientes para convocar prontamente al debate oral.  Parece haber una selectiva estrategia para beneficiar a algunos imputados y perjudicar a otros. Pero para ello se ha abierto la caja de Pandora y hoy lo único que queda en claro es que una vez abierta la hendija de la Justicia Electoral ya nada volverá a ser como antes, cuando el difunto Claudio Bonadio encarcelaba porque sí y el fiscal Carlos Stornelli llamaba “sortijas” al reparto discrecional de excarcelaciones.

¿El Tribunal Oral está en condiciones de apurar y realizar el juicio? Claramente no; sobre todo después del fallo que atomizó el expediente y lo direccionó parcialmente al fuero electoral.

Desde mañana comenzarán a llegar planteos de inhibitoria y reclamos de mismo trato ante situaciones similares. Ni más, ni menos, que igualdad ante la ley. Esas presentaciones deberán recorrer todo el espinel judicial: el juzgado de Servini, la Cámara Electoral, el Tribunal Oral, la Casación y, finalmente, la Corte Suprema. Con varios tramos de ida y de vuelta. Ese recorrido se traduce en tiempo, mucho tiempo.

En el entretanto, ¿algún otro empresario se vio beneficiado por el pase de su acusación a la Justicia Electoral? Sí. Armando Loson, el empresario que desnudó a partir de un peritaje de las copias de los cuadernos que habían sido adulterados con tachaduras, borratinas, enmiendas y sobre escrituras.   Loson denunció esa situación ante el Tribunal Oral Federal que debe realizar el juicio por la Causa Cuadernos, pero no le dieron bolilla. Entonces presentó una denuncia penal que tramita ante el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien mediante un peritaje oficial comprobó que los cuadernos fueron manipulados en su contra: donde decía “Marcelo” (el único empresario con ese primer nombre involucrado en la causa es Mindlin, uno de los más poderosos en el rubro energético y también cercano a Macri) fue sobrescrito “Armando”.

La fiscal de juicio, Fabiana León –una cruzada antikirchnerista- protestó porque Loson es imputado en la Causa Cuadernos pero es querellante en la que trata la falsedad de esos mismos cuadernos. Casación se sacó el problema de encima: mandó a Loson al fuero electoral, al igual que a Calcaterra. Loson, también, está a punto de zafar de todo. ¿Eso lo convencerá de dejar de incordiar con las irregularidades detectadas que podrían despedazar a los cuadernos como principal elemento de “prueba”?

La misma situación beneficia a Hugo Alberto Dragonetti, titular de Panedile -una empresa que también se dedica al rubro energético-, quien admitió haber entregado dinero al exviceministro de Infraestructura Roberto Baratta pero en calidad de “aportes voluntarios” para el financiamiento y el funcionamiento del Partido Justicialista, al que pertenece.

El artículo 146 del Código Electoral establece que “los jueces federales con competencia electoral conocerán en primera instancia de las faltas, delitos e infracciones previstos en este Código, en la Ley 26.215 de Financiamiento de los Partidos Políticos, en la ley 26.571 de Democratización de la Representación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral y de cualquier otra norma electoral que las sustituya. En segunda instancia intervendrá la Cámara Nacional Electoral”. Y en el párrafo siguiente aclara: “Las acciones que deriven de las infracciones previstas en el párrafo anterior prescriben a los dos años a contar de la fecha del hecho. En los delitos para los que prevea pena privativa de la libertad, se aplicará el régimen de prescripción dispuesto en el Código Penal de la Nación”. Cualquiera sea el parámetro que se tome, al pasar al fuero electoral las imputaciones por la Causa Cuadernos están prescriptas o muy cerca de prescribir.

¿Es casualidad que en los días previos a la aprobación de la Ley Bases, que –a través del RIGI- abrirá las puertas a una expoliación de recursos naturales energéticos el Poder Judicial “limpie” la Causa Cuadernos para empresarios de ese rubro?

Para los (pocos, hasta ahora) beneficiarios de este giro conceptual de los jueces se impondrá un clásico de la Justicia argentina cuando se le cae selectivamente la venda de sus ojos: “Señores, aquí no ha pasado nada”.