Tras la aprobación de la octava revisión del acuerdo vigente con el FMI, se publicó el reporte elaborado por el equipo técnico del organismo, donde se advierte que “la actual recesión económica podría prolongarse más y el proceso de desinflación podría resultar más difícil, provocando penurias prolongadas e intensificación de las tensiones sociales, incluso con el refuerzo del gasto social”.

Tras semejante frase se debería concluir que el actual modelo resulta nocivo, ya que no hay economía “buena” si las políticas no le mejoran la vida a la gente. Sin embargo, al FMI le preocupa la sostenibilidad de las actuales políticas, que incluso pide profundizar.

Para este año el organismo proyecta una caída del PBI de nuestro país del 3,5%, empeorando el anterior pronóstico (-2,75%), números que resultan casi idénticos a los que presentó una semana atrás el Banco Mundial.

Una de las estadísticas más preocupantes tiene que ver con la caída estimada del PBI no agrícola en 2024 (-5,7%), que debe ser vista como la verdadera magnitud de la recesión (provocada por las políticas). Hacia atrás, en 2023 el PBI cerró con una caída del 1,6%. Descontando el agro, que cayó fuertemente por la sequía, el PBI de las restantes actividades se redujo 0,8%, muy lejos del -5,7% proyectado para este año.

En línea con lo que intentan promocionar las autoridades argentinas, el FMI espera una recuperación de la actividad económica para el segundo semestre, una vez que “el viento en contra que enfrenta la consolidación fiscal disminuya, los salarios reales se empiecen a recuperar y la inversión repunte gradualmente en respuesta a los esfuerzos de reforma”. Cuesta pensar cómo los ingresos reales se recuperarán si se les pide a las autoridades que “continúen con la corrección de los precios relativos”, que ya ha generado en estos meses una brutal pérdida del poder de compra de los salarios y las jubilaciones. Ni pensar si se cumple con las exigencias del FMI reflejadas por varios medios: devaluación y un mayor aumento de tarifas.

Incluso, parece que la supuesta suba del salario de la que habla el gobierno no llegó a los supermercados y autoservicios mayoristas, cuyas ventas siguen en picada. En base a las estadísticas oficiales, en abril las ventas cayeron un 3,2% mensual real (sin estacionalidad) y un 18,2% interanual, ubicándose en el nivel más bajo desde que se computa la serie (2017).

En materia laboral, el Fondo proyecta un desempleo para todo el año 2024 de 8,2%, del 7,5% en 2025 (a pesar del crecimiento del PBI estimado con fuerte optimismo en 5% para dicho año) y llega al 2027 con un 7%, una tasa de desempleo que sigue siendo muy alta. Cabe recordar que en 2023 (según los mismos datos del FMI) el desempleo fue del 6,1%.

El Fondo sostiene que “los desbalances macroeconómicos y los cuellos de botella para el crecimiento son considerables y que un largo y dificultoso proceso de ajuste todavía queda por delante”. En el capítulo dedicado a la política fiscal se sostiene que “el intento de mantener un amplio balance fiscal más allá de 2024 (superávit primario de cerca de 2,5% del PIB) requerirá la reforma de los sistemas impositivos, de pensiones y de distribución de ingresos (en referencia a las transferencias a las provincias)”. Es la lógica del ajuste interminable, que pega fundamentalmente en los sectores medios y en los más vulnerables.

Es interesante cómo se trata de alivianar el rigor de los datos más crudos. Por ejemplo, se sostiene que cerca de las dos terceras partes del ajuste planeado de unos 5 puntos del PBI se logró hasta fines de abril, principalmente a través del impuesto PAIS, de menores subsidios y de recortes del gasto discrecional. En esta “discrecionalidad” no se explicita que las jubilaciones y las pensiones representan un tercio de los recortes en el gasto y otro tercio se explica entre la eliminación de la obra pública y el recorte de subsidios a las tarifas.

Números del ajuste fiscal

Por el lado de los ingresos fiscales, tomando enero-mayo y comparándolo con igual período de 2023 se registró una caída de 1 billón de pesos (descontando el efecto de la inflación). El grueso de la baja fue de Contribuciones a la Seguridad Social, aunque también cayeron el IVA, débitos y créditos y todos los tributos vinculados a la actividad interna. Por el lado de los que subieron aparecen el impuesto PAIS y las retenciones, explicados principalmente por la devaluación y por la suba de la alícuota del primero.

En cuanto a los gastos, la caída fue muchísimo mayor que la de los ingresos: 14,3 billones de pesos, con las proporciones que ya se explicaron. Queda claro que no hay ninguna magia en el superávit alcanzado, y mucho menos mérito.

Si se toma la gestión del presidente Javier Milei hasta mayo, en todos los meses una persona jubilada con la mínima cobró menos que en noviembre de 2023. ¿Cuánto menos? Un 18%, en total. La mínima con bonos pasó de representar el 112% de la Canasta de Pobreza en los cinco primeros meses de 2023, a hacerlo en un 84% en igual período de 2024, una pérdida que afecta a casi 4 millones de jubiladas/os. En este marco posee mayor relevancia aún la media sanción en Diputados de una nueva fórmula previsional, que entre sus varios puntos establece que el haber mínimo no podrá ser inferior al valor de una canasta bási-ca total de adulto (línea de pobreza), multiplicada por 1,09: insuficiente pero superadora de la actual situación. Resulta indispensable ahora que el Senado trate y convierta dicha iniciativa en ley.

Presiones que no cesan

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) dio su opinión sobre lo ocurrido en el Senado con la aprobación en general de la Ley de Bases y el paquete fiscal. En un comunicado se posicionaron contra la eliminación de los capítulos de Ganancias y de Bienes Personales. Respecto del primer punto, la crítica principal pasa porque “se recortan los recursos fiscales del Estado, tanto provinciales como nacionales, que son indispensables para alcanzar el objetivo del superávit fiscal”. Además, AmCham se preocupa porque la “actual legislación presenta múltiples inequidades”, y solicita a los diputados que insistan con el texto original con media sanción. En Bienes Personales sostiene que afecta a la clase media, ya que impone un “carácter casi confiscatorio”, cuando en verdad el proyecto beneficia mucho más a las grandes fortunas que a la clase media. Pero no parece preocuparle la baja recaudatoria que traería el proyecto original.

Acerca de las reformas, se pide por una mayor desregulación administrativa del Estado, y se señala que la redacción final de la reforma laboral de la Ley de Bases “aún no genera las condiciones mínimas necesarias para un aumento sustancial de la empleabilidad, ni para la reducción significativa de la informalidad”, lo cual expresa que demandan mayor flexibilización y menor protección para los trabajadores. Por el lado del RIGI, consideran que el “listado acotado de las industrias alcanzadas”, es “limitativo e innecesario”.

En síntesis: se cuestiona el accionar del Senado y se trata de incidir en el tratamiento del texto en Diputados: toda una presión a las instituciones republicanas.

En esta línea, en su discurso en Rosario el presidente Milei expresó su deseo de que “este año sea recordado como el punto de inflexión en donde volvimos a empezar a ser grandes”. Los datos de la realidad y la aplicación de los modelos de ajuste no abonan ese objetivo. «