La caída continuada del consumo masivo, registrada por las más variadas consultoras, tiene dos componentes cuya evolución y combinación viene arrojando ese resultado. De un lado, la dinámica de los precios que, tras una desaceleración en 2024, no exenta de matices, volvió a tomar impulso en el primer trimestre de 2025 y a la que la devaluación del lunes pasado pegará a lo largo de abril, mayo y junio, al menos. (ver Tras la devaluación…)

Del otro lado se encuentra la dinámica de ingresos. Los últimos informes que analizan ese recorrido muestran que el deterioro salarial continúa. Según un informe del Indec sobre la distribución del ingreso entre sectores sociales, distribuido días atrás, la parte que los asalariados reciben de la riqueza creada está estancada. En el cuarto trimestre de 2024 (último informe “Cuenta de generación del ingreso e insumo de mano de obra” del Indec), esa participación alcanzaba al 44,1% del total, proporción similar a la de los de los últimos trimestres, cuando en el primer trimestre de 2016 supo ser del 54,6%.

En ese contexto, la marcha de las negociaciones salariales de los últimos meses ratifica ese estancamiento o directamente el descenso de los salarios respecto de la inflación. Más cuando la política del gobierno es justamente esa, según lo manifestaron diferentes integrantes del gabinete.

Según un informe del Instituto de Estudios y Formación (IEF), de la CTA Autónoma, existe una nueva dinámica salarial desde diciembre, cuando la administración de Javier Milei dijo que no homologaría aumentos salariales que estuvieran por encima de una línea descendente de inflación, según las previsiones del Ministerio de Economía.

El objetivo era, en el mejor de los casos, congelar el salario real en los niveles de fines de 2024. Para el sector privado registrado ello hubiera implicado en promedio volver a los niveles de noviembre de 2023, mientras que para el sector público se trataba de establecer una nueva normalidad salarial aceptando un recorte en torno al 15% en términos reales.

Considerando un período más extenso, el nuevo equilibrio salarial hubiera implicado, de ser exitosa esta política oficial, una caída salarial del 20% en el sector privado y del 35% en el sector público en comparación con finales de 2017.

La inflación de febrero, levemente superior a la de enero (2,4% contra 2,2%) puso en duda que el gobierno fuera a conseguir este objetivo. “El 3,7% de marzo mostró el fracaso de la política oficial en este punto y volvió a poner presión sobre el salario real y sobre las paritarias. Frente a un escenario de precios acelerándose, el congelamiento de las paritarias necesariamente tiene como consecuencia una caída del salario real”, dijo el informe del IEF.

Agregó que el impacto de este proceso en el primer trimestre del año fue muy heterogéneo. “Mientras algunas actividades pudieron sostener el valor real del salario de convenio, principalmente aquellas que tenían cuotas pendientes pactadas en negociaciones efectuadas en los últimos meses de 2024, otras tuvieron retrocesos muy significativos”, subrayó.

El IEF indicó que “La situación seguramente se agravará en abril. Difícilmente la inflación de este mes se ubique por debajo de la de marzo, mientras que son muchas las actividades que tienen aumentos ya pactados inferiores al 2% (alimentación, carga y descarga, entidades civiles y deportivas, SINEP, gastronómicos, camioneros, textiles, sanidad, entre otros)”.

El organismo de estudios de la CTA-A observó que “a menos que se produzca una reapertura generalizada de las paritarias, no solo aquellas que deberían negociar sus salarios para el mes de abril sino también de las que ya pactaron acuerdos que incluyen este mes, el escenario más factible es un nuevo retroceso de los salarios de convenio en términos reales”.

Sin embargo, tanto el ministro de Economía, Luis Caputo, como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, aseguraron que el salario privado se encuentra en su «máximo nivel» desde agosto de 2018 y que en la actualidad supera la inflación.

Pero un informe del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo (Cetyd), de la Universidad Nacional de San Martín, explicó que el incremento de los salarios verificado en febrero, del 7%, se explicó por el incremento de las horas extras trabajadas, que calculó en el 5% en la comparación entre febrero de 2024 y el mismo mes de 2025. «Esto puede deberse a que, en el actual contexto de inestabilidad, las empresas están optando por aumentar las horas extra antes que por contratar más trabajadores a sus plantillas», dijo el informe.