La enorme concentración popular, otra vez en torno a la defensa de la universidad pública, volvió a convertirse en uno de los elementos gravitantes de la situación política nacional. El fenómeno de la movilización de masas contra Milei no es nuevo, enlaza con dinámicas precedentes.
En enero de este año, desde la columna de opinión de este diario, había pronosticado la aparición de una “calle antilibertaria”. Ya para ese entonces, se expresaban dos tendencias contradictorias. Por un lado, existía un flamante e inesperado gobierno, tras un precario, pero a la vez amplio, respaldo en las urnas. Luego del descalabro de la administración peronista, la continuidad de la crisis económica y el rechazo a la “casta”, Milei gozaba de una expectativa favorable por parte de una ciudadanía castigada y hastiada. Muchos depositaron una confianza en el experimento libertario sin sopesar demasiado en las implicancias prácticas de semejante proyecto. Por el otro, ya se hacía perceptible la progresiva articulación de un arco social y cultural en resistencia al programa derechista. Las primeras movilizaciones, que desafiaron el protocolo de Bullrich en diciembre y fueron seguidas por cacerolazos, asambleas barriales y encuentros en salvaguardia de la cultura, habían dado un salto significativo a fines de enero en una masiva concentración en la Plaza de los Dos Congresos convocada por las centrales obreras, las cuales optaron por no darle continuidad a dicho proceso. El enfrentamiento al DNU y la primera Ley Ómnibus quedó sobre todo en manos de un activismo de izquierda.
El gobierno de Milei supo que debía aprovechar en todo lo posible ese inicial capital político, necesariamente efímero. Aún con inconsistencias y torpezas, avanzó en esa dirección, con el diseño de un plan económico, social y político reaccionario. Como es sabido, sólo por insuficiente fortaleza debió priorizar mucho más la “licuadora” de gastos que una “motosierra” generadora de cientos de miles de despidos y cierre de organismos estatales. Su ajuste ultraortodoxo se orientó a una confiscación histórica del salario y una gran contracción del gasto público. Ámbitos esenciales para la reproducción de las condiciones de vida de la población, por ejemplo, en el campo de la salud y la educación, fueron afectados. La asfixia presupuestaria de las universidades parecía conducirlas al quebranto ya en marzo. Esto explica la impresionante movilización callejera de abril, que congregó a un millón de personas (algo menos de la mitad sólo en la marcha hacia Plaza de Mayo), y que obligó al gobierno a ceder algunos fondos.
La administración mileísta se consolidó relativamente a mediados de año, tras aprobar su Ley Bases, introducir algunas otras medidas y firmar el Pacto de Mayo, gracias al apoyo de la oposición dialoguista de la ex Juntos por el Cambio y la complicidad de las direcciones sindicales tradicionales. Y lo hizo mientras lograba niveles mínimos de estabilidad económica y bajaba algunos puntos la inflación, gracias al atraso cambiario y al derrumbe de la producción y el consumo. La movilización social nunca desapareció, pero mostró falta de eficacia para frenar otras provocaciones del elenco gubernamental, como ocurrió con las concentraciones reprimidas en Buenos Aires, que se habían realizado para aumentar las jubilaciones y en contra del veto presidencial.
En los inicios de octubre vuelve a confirmarse que, aun en un estado de gran heterogeneidad y huérfana de representación política unificada, hay una extendida franja de la sociedad en rechazo al gobierno de la extrema derecha. Y la bandera del apoyo a una universidad pública vapuleada por los libertarios, una causa ahora centrada en la defensa de los salarios docentes, se transforma en una instancia de canalización de una revitalizada insatisfacción con Milei. Ya las encuestas del último mes venían expresando ese estado de la opinión pública.
Sin embargo, desde el control del Ejecutivo, La Libertad Avanza quiere terminar de conformarse como un polo derechista, ahora estructurado como partido nacional y ambicionando una proyección de largo plazo. Lo hace en torno a los hermanos Milei, los Caputo, la familia Menem, Sturzenegger, Bullrich, Espert y otros tecnócratas del capital financiero y personeros de la política reaccionaria. Pero las sombras afloran por doquier. ¿Cuántas consecuencias institucionales y políticas puede traer el inocultable enfrentamiento con la vice Villarruel, agazapada en sus discursos patrióticos militaristas y antisubversivos, sus acuerdos bizarros y sus maniobras en el palacio legislativo? Además, si bien es cierto el dominio libertario en redes sociales y medios de comunicación (no poco de éste sostenido artificialmente por recursos financieros de clara intencionalidad), el mileismo ofrece una creciente debilidad de “masas” en otros términos. Si el año pasado podía congregar algunas decenas de miles de motivados asistentes a sus concentraciones, lo del Parque Lezama del sábado 28 fue penoso: menos de cinco mil concurrentes, muchos llevados con los conocidos métodos del aparato, para escuchar de los hermanos gobernantes una serie de deshilachadas consignas anticasta, cada vez menos creíbles y convocantes.
Hubo un contraste con lo ocurrido pocos días después en términos numéricos, pues fueron casi 300.000 las personas movilizadas, y otro tanto o más en la mayor parte de las ciudades del interior del país, bajo los estandartes de la universidad pública y/o aprovechando una circunstancia para manifestarse en contra del gobierno. Todos advierten este escenario y no quieren quedar en falsa escuadra. Cada uno hace su juego. No sólo los peronismos que encuentran una oportunidad para un baño de opinión pública y los radicalismos que no quieren renunciar a un tópico muy caro a sus tradiciones, sino incluso un macrismo “cansado de comer milanesas sin compensación alguna”. El líder del PRO se juega a reconstituir su liderazgo amenazado por Bullrich, poniendo en valor sus votos en el congreso, para recalcular sus arreglos con el gobierno y negociar en mejores condiciones su participación en las elecciones del próximo año.
Por todo esto, el ofuscado veto presidencial de la semana pasada, una ofrenda al mercado, corre peligro de sufrir una desautorización inédita en el Parlamento en los próximos días, lo cual se podría asemejar a una moción de censura hacia un gobierno en minoría legislativa. Ello conllevaría un golpe de ciertas proporciones para la administración Milei. Un punto de ruptura del equilibrio inestable que define a la situación política argentina de estos meses. «