La política neoliberal del gobierno de Javier Milei debutó con un ataque al bolsillo de las y los trabajadores y de quienes, después de toda una vida de trabajo, lograron jubilarse. Eso fue lo que demostró este gobierno con la devaluación y liberación de precios que aplicó ni bien asumió. Fue un ajuste y licuación de salarios que se apoyó en la falsa esperanza de que después de atravesar un desierto podríamos llegar a una tierra prometida. Pero lo único que hicieron fue una escandalosa transferencia de ingresos de los bolsillos de los asalariados al de los empresarios.
Después pusieron en marcha un Protocolo Antipiquetes para evitar que nadie se queje si no llega a fin de mes. Lo usaron para reprimir a los jubilados, para militarizar las plantas aceiteras donde hicimos huelga para reclamar por despidos o para exigir el pago de salarios adeudados. También empujaron una reforma laboral para recortar los derechos laborales: nunca piensan en cómo crear más trabajo, cómo redistribuir la riqueza, cómo hacer crecer la economía. Sólo piensan en mayor rentabilidad para las empresas y mayor sumisión para los trabajadores y trabajadoras.
Las reformas laborales de los gobiernos neoliberales siempre son en contra de los que trabajamos. Lo hizo Carlos Menem en los 90 y lo hizo Fernando de la Rúa en los 2000. Los promotores de esas reformas deberían estudiar un poco los materiales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): en 2015 hicieron un informe para analizar los efectos de las reformas realizadas en 63 países y descubrieron que en ningún caso una reforma laboral regresiva creó empleo ni mejoró los indicadores sociales ni económicos. Todo lo contrario, empeoraron la vida de quienes trabajamos.
No contentos con eso, abrieron la importación de productos que se fabrican en el país y consiguieron que cerraran empresas nacionales como el caso de Petroquímica Río Tercero, que producía un insumo para colchones que no se fabrica en ningún otro país de Sudamérica. Los dueños prefirieron cerrar y dedicarse a importar. Lo mismo pasa con cerámica Cerro Negro, que es parte del holding Sociedad Comercial del Plata, que tiene ganancias millonarias, pero despide trabajadores para importar revestimientos. O el caso de la industria siderúrgica que suspende trabajadores porque es más barato importar acero de China. Otros empresarios eligieron poner la plata en el sector financiero, en lugar de producir. Es lo que promueve el presidente desde sus redes sociales, donde invita a invertir en monedas virtuales que no son otra cosa que una estafa.
Las patronales ven eso y festejan. Por eso, es que están demorando las negociaciones paritarias y apuestan a profundizar la caída del salario real: el conjunto de los trabajadores perdió 31 billones de pesos que fueron embolsados por los patrones, según analizaron los economistas del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE).
Toda esa política empeoró la vida de la mayoría de la población en las últimas semanas porque el resto de los países del mundo están aplicando políticas proteccionistas para cuidar su producción y sus empleos. Pero el gobierno de Milei hace exactamente lo contrario y nos está metiendo en una crisis gravísima, cuyas consecuencias caerán sobre las espaldas de la clase trabajadora.
El movimiento obrero puede aportar algo para la salida de esta crisis. Siempre tuvimos un programa pensado por y en beneficio de las y los trabajadores, como el de La Falda y Huerta Grande, a finales de los años 60, o los 26 puntos de la CGT en los 80.
Un programa en favor de las mayorías debería incluir:
- Un verdadero Salario Mínimo Vital y Móvil que pueda cubrir las necesidades de alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión que prevé la Constitución nacional y la Ley de Contrato de Trabajo.
- Derogación de la reforma laboral regresiva de Milei y la implementación de una reforma laboral en favor del empleo con reducción de la jornada laboral.
- El fin de la tercerización laboral que heredamos de la última dictadura y el cumplimiento pleno de los Convenios Colectivos de Trabajo por rama.
- La prohibición de los despidos sin causa y la protección de la industria local mediante la aplicación de aranceles para evitar la destrucción de empleo, que sólo afecta a quienes trabajamos.
- Terminar con el empleo no registrado.
Este paro nacional, que finalmente llegó, nos da a los sindicatos la posibilidad de construir un camino para frenar esta política que ataca directamente a la mayoría de la población, que está integrada por quienes trabajamos y por quienes se jubilaron después de toda una vida de trabajo. Tenemos la oportunidad de iniciar un plan de lucha que -con huelgas y diferentes medidas de fuerza- posibilite luchar por salarios dignos y permita implementar políticas en beneficio de las mayorías. Es responsabilidad de los sindicatos, sus centrales obreras y del conjunto de la clase trabajadora llevarlo adelante.
