El presidente Piñera anunció que declaró el Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe en Chile por noventa días a partir de la medianoche del jueves. La medida le otorga poderes especiales al Ejecutivo, como establecer toques de queda, dictar cuarentenas, restringir libertad de locomoción y reunión, ordenar el acopio y almacenamiento de reservas de alimentos e insumos, entre otras. Las Fuerzas Armadas serán las encargadas de monitorear el cumplimiento efectivo de las medidas.

El decreto establece la designación de 16 Jefes de la Defensa Nacional por cada región en que está dividido el país “para velar por el orden público”. Piñera destacó que esta decisión “nos permitirá proteger los hospitales, proteger la cadena logística de traslado de insumos médicos, facilitar la evacuación de personas cuando sea necesario, garantizar la cadena de producción y distribución, y resguardar mejor nuestras fronteras», enumeró.

En un Chile que venía convulsionado por las protestas sociales, las necesarias medidas para morigerar el avance del Covid 19 impusieron un parate a las masivas movilizaciones. Hasta este miércoles llevan registrados 238 casos, pero ningún fallecimiento por esta causa, es decir 35 nuevos contagios, incluyendo el primer caso autóctono.

La crisis del coronavirus pone de relieve uno de los puntos más calientes de las protestas en Chile: el sistema de salud, aunque luego se extendió hasta el reclamo de una nueva constitución. Para el 26 de abril está previsto el plebiscito para decidir si se redactaba un nuevo texto constitucional y la composición del organismo que debe hacerlo. La fecha ha quedado dentro del estado de Excepción, y aún no se ha explicitado si se pospondrá.

El clima político enrarecido con una imagen positiva de Piñera cercana al 10% hizo que circularan todo tipo de rumores sobre posibles conspiraciones, hasta la prestigiosa presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, el lunes salió a aclarar que la pandemia “no es un complot político por parte del gobierno para desbaratar el plebiscito. Es un compromiso de todos”. Desde el inicio las protestas se han reportado 31 muertes por la represión incesante y miles de violaciones a los derecho humanos denunciadas por organismos nacionales e internacionales.