Juan Carlos Abel Guerrero, de 26 años, era operario en una fábrica y habría sido asesinado por el oficial de la Policía Federal, Mario Ariel Maidana. El funcionario disparó al menos nueve veces contra la camioneta Chevrolet Meriva en la que iban la víctima y un acompañante que resultó ileso.Guerrero murió adentro del vehículo en forma instantánea.

El hecho sucedió el 14 de febrero de 2012. Cuando la víctima fue a comprar un regalo para su novia al Jumbo de Lugano. Cuando volvían del lugar, en la Meriva de vidrios negros, eran cerca de las diez de la noche. En la esquina de Escalada y Ricchieri fueron interceptados por una otra camioneta (una Iveco) desde la que les indicaron que parasen. Pero no se detuvieron: el vehículo no era un móvil de la Federal. Adentro, estaba el oficial Maidana, quien comenzó a disparar de forma desenfrenada. Uno de los proyectiles alcanzó a la víctima, padre de dos niñas.

Sin embargo, el fiscal del juicio que se desarrolla en el Tribunal Nº 27 , Ariel Alejandro Yapur, en su alegato pidió la absolución del policía imputado. Pero no pudo explicar los impactos que recibió en la luneta derecha el vehículo atacado. Tampoco tomó en cuenta que Maidana excedió los límites impuestos por la ley y violó el protocolo de procedimiento de la Federal. La justicia intenta ejecutar otra vez a la víctima

Juan Guerrero, padre de la víctima, sigue luchando por justicia. Hace siete meses le cortaron la pierna derecha por una diabetes. Durante el juicio fue internado porque suele descompensarse. Pero el hombre no para. “Mi hijo era una persona de bien, un obrero, no un delincuente. Me dejó dos nietas hermosas. La policía cometió un terrible error y el fiscal intenta justificarlo. El acusado fue separado de su cargo y sin goce de sueldo, pero nunca sufrió cárcel”, explica con su dolor a cuestas.

El 31 de agosto, en una de las audiencias, el abogado del acusado sostuvo “como el fiscal no acusó y su alegato fue debidamente fundado, el tribunal no puede condenar”. Luego hizo unas pocas consideraciones del hecho. Pero resulta ser que el Tribunal si lo puede hacer: porque existe el fallo «Santillán» de 1998, donde la Corte Suprema estableció que alcanza con que la querella acuse. También porque los jueces tienen libre convicción. El alegato del fiscal Yapur fue contrario a derecho: “Si pedimos la nulidad es porque no nos perjudica en términos legales, no causa agravio, solo hubo u exceso en la legítima defensa”.

El fiscal no pudo explicar cómo un proyectil disparado por Maidana había penetrado por el guardabarro delantero derecho para alojarse dentro del capot, lo que muestra una grave irregularidad. Tampoco el secuestro de algunas vainas servidas de 9×19 que corresponden a una pistola semiautomática como la que usa la Federal. La última palabra, por ahora, la tienen los jueces: deben resolver el veredicto.