El fiscal José María Campagnoli pidió la elevación a juicio oral de la primera parte de la causa por corrupción en la Policía de la Ciudad por la que están presos los exjefes José Pedro Potocar y Guillermo Néstor Calviño. Se trata de los presuntos implicados de menor jerarquía, el primer eslabón de una cadena de responsabilidades que trepó hasta la plana mayor de la nueva fuerza. Hasta ahora, el juez Ricardo Farías desplegó una estrategia cuidadosa en cada avance: detiene, procesa y espera que la Cámara del Crimen le confirme lo que hizo. Cuando ello ocurre y hasta ahora ocurrió siempre da el siguiente paso. Justamente esta semana se conoció el procesamiento de la (hasta ahora) última pieza del engranaje, el comisario Calviño.
En la resolución, el juez Farías delimitó temporalmente el origen de la organización delictiva y fijó la mirada en el convenio de transferencia de la Policía Federal a la Ciudad, un viejo proyecto del PRO que se concretó cuando Cambiemos ganó la Jefatura porteña y la Presidencia. «El 29 de enero de 2016, el Poder Ejecutivo porteño designó a Calviño, quien para ese entonces y desde hacía años se desempeñaba como jefe de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana, como el titular de la Jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de Policía Federal Argentina, del Ministerio de Justicia y Seguridad.»
De la causa se desprende que Calviño era el jefe de Potocar. Este último, incluso, lo describió como «uno de los integrantes de ‘la nueva conducción política’ que se conformó luego de que se dispusiera el traspaso de la Superintendencia de Seguridad Metropolitana a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires». El ejecutor de la maniobra de recaudación ilegal, según el dictamen, era el comisario Norberto Villarreal, quien insólitamente permanece prófugo desde hace varios meses. ¿Cuándo se decidió que Villarreal fuera el titular de la Comisaría 35? Responde la resolución del juez: en diciembre de 2015, tras la asunción del nuevo gobierno. ¿Podía la estructura jerárquica de una nueva fuerza policial montar, a poco de asumir, una organización delictiva de esta envergadura a espaldas y con el desconocimiento de las autoridades políticas?
Los denunciantes de la causa describieron que «desde el momento en que el comisario Villarreal comenzó a cumplir funciones como jefe de la seccional tomó medidas para que el personal a su cargo recaude dinero en forma ilegal por parte de los comerciantes y empresarios que se encuentran en la zona, y se lo hicieran llegar a él». Y además «señalaron a Susana Amalia Aveni, José Pedro Potocar y Guillermo Néstor Calviño como destinatarios finales de los beneficios económicos obtenidos por la empresa criminal montada».
¿Ese sistema de recaudación ilegal solo ocurría en la Comisaría 35? Entre fines de 2015 y principios de 2016 se renovaron la mayoría de las 54 comisarías porteñas.
Campagnoli pidió el juicio oral para el suboficial escribiente Marciano Alberto Quiroga, el sargento primero Adrián Paul Otero, el sargento Sergio Gabriel Ríos y el cabo Alejandro Daniel Malfetano, acusados todos por «asociación ilícita y exacciones ilegales». Por tratarse de policías, las penas podrían llegar hasta los 26 años de cárcel.
No está claro por qué fiscal y juez dividen la causa en lugar de mandar a todos a juicio. Allegados a la causa señalaron que «hay detenidos» y «la están pasando mal». Otros hablan de una «apuesta» a que alguno se quiebre en el juicio oral y cuente, de una buena vez, la verdad completa. «
