Las veredas de la ciudad pasan por un momento crítico. A pesar de que el gobierno porteño destina millones para que empresas amigas se encarguen de cuidarlas y arreglarlas, su precario estado genera cada vez más lesiones en peatones, especialmente en adultos mayores. La Fundación Rumbos realizó un relevamiento en diferentes comunas, y halló que el 84% de los frentes presenta algún problema en sus aceras. Tomando como punto de partida que su estado actual «pone en peligro la integridad física de los peatones, cualquiera sea su condición», promueven un proyecto de ley en la Legislatura para declarar la «Emergencia del Estado de Conservación de Veredas y Vados».
La iniciativa Nº 2643, presentada por los legisladores Marcelo Ramal y Laura Marrone (FIT) y Adrián Camps (PSA), propone la implementación de un Plan Integral de Reparación y Mantenimiento, con el objetivo de «garantizar el tránsito y la accesibilidad para personas con movilidad reducida, especialmente personas con discapacidad y adultos mayores, en aceras y cruces peatonales».
Entre abril y junio de este año, Rumbos relevó el estado de veredas y vados en las comunas 5, 6 y 13. Concluyeron que el 84% de los frentes y siete de cada diez rampas representan un serio peligro para los peatones. «En el 30% de los casos es porque tienen desniveles. Un ejemplo es en la avenida Cabildo donde, a partir del Metrobus, construyeron rampas de hasta 7 centímetros, en contravención con el Código de Edificación que admite hasta un centímetro de desnivel. Quienes van en silla de ruedas o con el cochecito de bebé, se tropiezan. Funciona como un escalón», enfatiza María Rodríguez Moreno, de Rumbos, madre de un joven de 19 años que transita la ciudad a diario en silla de ruedas. El proyecto prohíbe la pendiente y contrapendiente, generalmente producidas por las capas de asfalto que elevan el nivel de la calzada, y establece que el área central del vado debe coincidir con el ancho de la senda del cruce peatonal.
La dificultad para circular por la vía pública con autonomía y seguridad, obliga a las personas con discapacidad, personas con movilidad reducida y adultos mayores a permanecer recluidos, con efectos perjudiciales a nivel emocional, psicológico y físico, dice el proyecto. Cerca del hospital Italiano vimos personas en sillas de ruedas por la bicisenda, porque creían que era más segura que la vereda, una locura, agrega Rodríguez Moreno.
Entre los «compromisos de gobierno», el PRO incluyó la meta de «100% esquinas accesibles» para 2018. Sin embargo, en más de la mitad de los frentes relevados «hay tapas hundidas, elevadas, rotas, flojas o faltantes». El proyecto ordena la presencia de organizaciones de personas con discapacidad en la elaboración de las pautas de diseño y control de las obras.
Según el Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la Ciudad, el 40% de las roturas de veredas se debe a trabajos realizados por empresas de servicios públicos. De los reclamos sobre este punto que llegan a la Defensoría del Pueblo, un 65% son obras de Edesur. Facundo Joel Roitman, director de Servicios Públicos de ese organismo, remarca que se trata del «segundo mayor reclamo de los porteños, con 45.027 casos».
En Rivadavia y Acoyte la vereda nueva realizada por el gobierno tiene 3 centímetros de desnivel por ambos lados. En el caso de Cabildo, por el Metrobús, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral (EMUI) nos reconoció en una reunión que no hicieron los controles suficientes porque había presión política para inaugurar la obra, acota Rodríguez Moreno.
El proyecto de ley dictamina que el gobierno porteño se haga cargo de las obras de mantenimiento y reparación de las veredas, con participación y control de las comunas. Hoy nada de eso ocurre: las tareas se tercerizan a empresas. «Las baldosas son muy costosas, se reemplazan veredas que están bien y uno se pregunta por qué. En los barrios pobres del sur ponen un alisado espantoso que se quiebra con el calor, que absorbe la basura y no tiene una forma de limpieza clara», asegura Marrone.
A mitad de junio, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta creó la Subsecretaría de Vías Peatonales, que por $ 22,4 millones tiene a su cargo «cuatro direcciones, diez gerencias y 17 subgerencias operativas para hacer algo que ya existía: el mantenimiento y la reparación de veredas», expresa Julieta Costa Díaz, comunera de la Comuna 13 por el FpV. «Lo llamativo es que no cuenta con una sola cuadrilla». Con ese dinero, cada comuna podría tener 16 trabajadores controlando el estado de las veredas.
En febrero de 2014, Mauricio Macri firmó el Decreto Nº 71 que estipuló la «Rehabilitación y Mantenimiento de Aceras de la Ciudad de Buenos Aires 2014/15», por más de $ 600 millones. Cartelizaron la Capital en 15 zonas, y las adjudicaron a firmas amigas. Directivos de varias de ellas (Bricons, Construmex, Marcalba, Naku, Conorvial e Ingevial) fueron aportantes de la campaña del PRO.
En ese mismo período de tiempo, desde la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana, a cargo del ahora Ministro de Ambiente y Espacio Público, Eduardo Macchiavelli, también se reparaban veredas a través de 38 contrataciones directas a dos empresas sin trabajadores, relata Costa Díaz. Derby Eland S.A. y EcomLat fueron las dos beneficiadas por $ 64 millones. Otro caso: Marcalba debía encargarse de las veredas de la avenida Corrientes, desde el Obelisco hacia el Bajo, junto a la firma Avinco. Pero otra empresa, Miavasa S.A., hizo la misma tarea tras haber en ganado en 2015 la obra Servicio de Mantenimiento Integral del Microcentro II, por $ 25.700.000.
En 2016, Larreta firmó el Decreto N° 606 renovando la licitación del decreto 71, esta vez por $ 1300 millones, casi el doble. Los nombres (las antes mencionadas y Altote, Cunumi, Miavasa) se repiten. Sólo en tres zonas (6, 12 y 15), el gobierno desistió de adjudicarlas por ofertas demasiado elevadas. A cambio, las asignó por contratación directa. ¿El monto que pagará Ciudad por las tres? 294.390.604 pesos. «
Peligro de tropiezos y caídas para adultos mayores
Un grupo de adolescentes del Centro Integral de Rehabilitación y Estimulación Neurológica (CIREN) relevó veredas y rampas alrededor del centro al que asisten, en Núñez. Los resultados son contundentes: de 34 frentes observados, 25 ponen en riesgo al peatón. Y las siete rampas de la zona tienen complicaciones que dificultan o imposibilitan su uso.
«Los peatones se encuentran en riesgo permanente de tropiezos y caídas en la vía pública, principalmente las personas con discapacidad y adultos mayores. Las caídas producen lesiones, muchas veces discapacitantes, desde la limitación física hasta el miedo a que se repita una caída, y como secuela pueden llevar al aislamiento e inclusive a la muerte», dice en sus fundamentos el proyecto de ley presentado en la Legislatura porteña. Si bien no hay estadísticas por parte del Ministerio de Salud, un estudio del Hospital Italiano, realizado por las doctoras Fabiana Giber y Eugenia Quintar, del Área Evaluación de Caídas en Adulto Mayor, entre septiembre de 2009 y febrero de 2017, ilustra los accidentes en las aceras porteñas. De 820 adultos mayores evaluados, 520 presentaron caídas. Más de la mitad se cayó exclusivamente en la vereda: siete de cada diez fueron por haber tropezado.
Rampas que en realidad son trampas
«Estamos ante una emergencia sanitaria, debido a la elevada cantidad de lesiones que ocurren en la vía pública». Quien lo afirma es Eduardo Joly, presidente de la Fundación Rumbos. Sabe de qué habla. En diciembre de 2013 iba a bordo de su silla de ruedas manual, por la vereda de la calle Yerbal, a un acto del jardín de su nieto, en el Club Italiano de Caballito. «Parecía perfectamente lisa y en buen estado, pero de repente la silla se trabó en una baldosa floja, salí volando y me fracturo tibia y peroné en las dos piernas», relata a Tiempo. En el Hospital Italiano le realizaron numerosas intervenciones y tuvo un largo proceso de rehabilitación. Pero las heridas no fueron sólo externas.
«Me agarró un terrible miedo de salir a las veredas. Dejé de ir al trabajo por un año, empecé a transitar con un ayudante, se me trastocó la vida». Joly decidió comprarse una silla motorizada, pero hace seis meses, en la esquina de Virrey del Pino y Luis María Campos, en Belgrano, volvió a volcar, «por una pendiente y contrapendiente que se había formado en la rampa, por agregar capas de asfalto». Por su primera caída aún está en juicio con el Gobierno de la Ciudad, por ser el responsable de conservar las veredas en óptimas condiciones. El Estado porteño apeló, y pidió incluir al frentista como culpable del hecho.
