Esta semana, Harbour Energy completó el proceso de compra de la firma alemana Wintershall Dea, por la que pagó unos U$S 11.000 millones.
Wintershall Dea es propiedad del conglomerado químico alemán Basf y posee activos petroleros en varios países. En la Argentina tiene concesiones en Vaca Muerta y en el mar frente a Tierra del Fuego.
El comprador es Harbour Energy, una firma con sede en Londres que estuvo a punto de ser sancionada por la Argentina en 2021 por sus actividades ilegales en Malvinas.
En enero de 2021, Harbour Energy concluyó el proceso de compra de Premier Oil, una petrolera que poseía el 40% del yacimiento offshore Sea Lion, ubicado a unos 250 kilómetros al norte de Puerto Argentino, capital de las islas Malvinas.
Premier Oil llegó en 2012 a Malvinas cuando se asoció a la petrolera Rockhopper Exploration, cuyo principal activo era Sea Lion, un yacimiento al que se le adjudican reservas de petróleo por unos 700 millones de barriles y que es el principal de todos los que rodean a las islas.
Premier invirtió más de U$S 500 millones en la exploración de Sea Lion. A pesar del esfuerzo financiero, nunca pudo superar la fase preliminar de prospección, lejos de la etapa de extracción.
Agotada por el peso de las deudas contraídas, que sumaban unos U$S 2700 millones, Premier encontró una salida con su venta a Harbour Energy, que en el paquete de activos adquiridos se encontró con el 40% de Sea Lion.
En abril de 2021, Harbour Energy firmó acuerdos para vender su participación en Sea Lion, además de otros activos menores en la zona, a la firma israelí Navitas Petroleum. La venta se concretó recién a fines de ese año.
En el ínterin, Harbour estuvo en la mira de las autoridades argentinas. La Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur pidió a la Secretaría de Energía el inicio de una investigación sobre las actividades de Harbour Energy y de Navitas en Malvinas. Cuando finalmente salió la sanción, en abril de 2022, Harbour ya se había retirado del proyecto, que quedó en manos de Navitas y Rockhopper.
Energía sancionó a Navitas con la prohibición de operar en territorio argentino durante 20 años por operar en forma «clandestina» en Malvinas al no haber requerido la autorización de la Argentina. Navitas cuenta con la habilitación ilegal de las autoridades coloniales británicas.
